Superar los desafíos no democráticos a su legitimidad era una de las posibles pruebas que un gobierno de centroderecha en Chile debería enfrentar. Es claro que siguen existiendo sectores convencidos de la superioridad de sus ideales hasta el punto de no respetar las reglas si no les favorecen. Tolerar o directamente usar la violencia es una de sus armas, por estimar que al ser útil a su visión de la sociedad la convierte automáticamente en violencia aceptable. En ocasiones, el Gobierno ha decidido enfrentar ese desafío explorando el camino de "comprar paz social". Se trata de llevar adelante medidas que no están en su ideario ni programa, aun convencido de que afectan el progreso, con el fin de disminuir el tono opositor. Saltarse los procedimientos institucionales y rechazar el proyecto de Barrancones para evitar una oposición vociferante; llamar gesta hermosa al movimiento estudiantil, a pesar de su propuesta ideologizada y a su hermandad con la violencia, son algunos ejemplos de esta estrategia. Mirado en perspectiva, ello no ha rendido frutos. Por el contrario, parece haber intensificado la presión con la esperanza de ser beneficiados. Tampoco se ha logrado un accionar más ponderado de la oposición ni menos un realineamiento de fuerzas políticas para conformar una nueva mayoría. Los costos, sin embargo, han sido significativos. A pesar de haber tomado una actitud más definida en otros proyectos, la incertidumbre aumentó y nuestro balance energético pende de un hilo. Con una posición más clara en la discusión presupuestaria se evitó un descalabro mayor en la educación, pero la confusión sigue. Es una ironía que en nombre de la calidad en educación muchos serán promovidos sin aprender nada, ni siquiera que el ocio y la indisciplina tienen un costo. Los actores que han sido determinantes en mejorar la cobertura y calidad en los distintos niveles de educación están inmersos hoy en la incertidumbre y ello es un mal síntoma para el avance futuro. La nueva propuesta para comprar paz social es subir impuestos. Se plantea como indispensable para la igualdad. Se desconocen las desgraciadas experiencias del pasado, que en nombre de ese mismo fin sólo generaron estancamiento y miseria. El programa de gobierno aborda estos desafíos y plantea que lo indispensable es una transición al desarrollo. Establece la necesidad de asegurar las bases para un crecimiento sostenido futuro. En el largo plazo, la educación nos empareja, y ello ya se ve en las generaciones nuevas. En el corto plazo es el empleo el clave. Entre el 10% más afortunado y el menos favorecido hay una diferencia de 4 a 1 en empleos per cápita. Es fácil ver lo que una economía más dinámica podría significar en igualdad si logra reducir esa brecha. La inversión es hoy sólo 23% y debiera superar el 28%; el ahorro nacional de 22% no es suficiente, y la inadecuada evolución de la productividad no permite asegurar el crecimiento acelerado. Para superar esas y otras barreras que dificultan nuestro avance, el citado programa no sólo no consideraba alzas de impuestos, sino por el contrario, cambios para favorecer la inversión y el progreso. Hoy en día ese énfasis es más importante que nunca, dado que la incertidumbre mundial actual afecta mayoritariamente al sector privado, mientras el fisco se beneficia de un mayor precio del cobre. Para argumentar a favor de la propuesta se intenta minimizar sus aspectos negativos y se usan cifras internacionales que serían desfavorables a la situación actual. Pero todo ello fue debidamente ponderado y estimado inadecuado para concluir finalmente en el Programa de Gobierno. Por ejemplo, las cifras del FUT (Fondo de Utilidades Tributables) que se dan como muestra de impuestos no pagados en las empresas son precisamente lo inverso -reflejan impuestos adelantados-, incluso a cuenta de ciudadanos que nunca debieran pagarlos, muchos de ellos en las AFP. Las tasas de recaudación sobre el PIB de las corporaciones es la cuarta más alta según datos OCDE, y no especialmente baja como se insinúa al comparar tasas nominales. De prosperar la nueva propuesta, el crecimiento y el empleo no se beneficiarían, y con ello, los pobres y la igualdad sufrirán. A su vez, es dudoso que la paz social mejore. Al validar la idea incorrecta que alzar los impuestos ayuda a los pobres y a la igualdad, podría potenciarse el descontento y generarse demandas aún más ambiciosas.