Envalentonados por la fuerza de las masas y enfrentados a un Gobierno que perciben débil, hay quienes parecen dispuestos a todo para lograr en la calle lo que no consiguieron en las urnas. No son los estudiantes, que marchan por causas justas: aranceles razonables, financiamiento, becas para los más pobres, calidad de las universidades. Son los ideólogos, los satanizadores del lucro, que han introducido en los 12 puntos que piden los estudiantes, 8 que no tienen que ver con las demandas de la mayoría, sino con sus propias obsesiones, cuando no sus intereses. Porque, ¿servirá a la calidad de la educación la exigencia de "mayor estabilidad laboral de los docentes mejorando su situación contractual", como dice textualmente el petitorio, o estamos frente a simple contrabando del Colegio de Profesores? Porque cuando se pide el término del financiamiento compartido, que "ha generado una segregación intolerable para una sociedad que aspira a un desarrollo igualitario" y se exige "prohibir el lucro en todo el sistema de educación chilena" se oculta que esa demanda, de ser aceptada, generará mucho más segregación y una inaceptable pérdida de diversidad en nuestra educación escolar. Es que sus mentores no les han dicho a los estudiantes que eso significa que en Chile podría haber sólo tres tipos de colegios: públicos gratuitos, de iglesias o fundaciones gratuitos y particulares pagados. Estos últimos reciben hoy al 7% de los alumnos, los que pueden pagar las altas colegiaturas que cobran. Todos los demás niños, el 93%, tendrían que optar entre un colegio público o uno de alguna congregación religiosa u otra entidad que acepte trabajar sin fines de lucro. O sea, ya no estamos hablando de segregación, sino de un verdadero apartheid educacional: colegios para los ricos, y otros para la mayoría de los chilenos. ¿Por qué impedirles a los padres de los niños que elijan colegios particulares subvencionados con fines de lucro, opción que voluntariamente ha tomado más de un tercio de los chilenos? ¿Por qué, adicionalmente, terminar con el financiamiento compartido, cuando los padres están dispuestos a poner $15.000 o $20.000 mensuales para mejorar la calidad de la educación de sus hijos, complementando la subvención del Estado? Eso es valiosísimo: que las familias chilenas estén dispuestas a aportar dinero para mejorar el futuro de sus hijos. Cortar esa posibilidad es un atentado a la clase media chilena y a sus deseos de superación. Lo que están pidiendo atenta contra la diversidad en la educación. Deja fuera de toda posibilidad a muchas alternativas de enseñanza laica que entregan emprendedores, la mayoría de los cuales son profesores. Es pura ideología socialista. Todos los niños tienen que ser iguales, excepto los ricos, por cierto, donde la elite, los empresarios, los políticos, los profesores universitarios matricularán a sus hijos. Una limitación inaceptable a la libertad de enseñanza que el gobierno no puede tolerar. Tampoco debiera aceptarse "limitar" el lucro para esos colegios como alguien ha sugerido. ¿Por qué a ellos, y no a otras actividades? No puedo creer que el Presidente Piñera acepte algo como eso, es un precedente nefasto que atenta directamente contra la libertad de emprender, supuestamente el eje de su programa de gobierno. Distinto es que a los colegios subvencionados con fines de lucro se les hagan exigencias para asegurarse que están cumpliendo su rol, tales como no seleccionar a sus alumnos, lo que se puede fiscalizar con la nueva Superintendencia de Educación. Pero lo que no tiene nombre es el daño que hacen los parlamentarios de la Alianza que apoyan estas propuestas de la Concertación. Hemos llegado al límite. Esto está apuntando al corazón de las ideas de la centroderecha, y alguien tiene que ponerle fin. El Presidente Piñera debe ejercer su liderazgo para impedir esta aberración. Porque, en definitiva, la derrota de la libertad no se debe a la fuerza de sus enemigos, sino que a la debilidad de sus defensores.