La experiencia de las reformas del transporte público en Santiago y del posnatal, el reajuste del salario mínimo y la presión por reformar la política educacional dejan al descubierto una gran debilidad que tiene el país en su capacidad para diseñar y consensuar políticas públicas eficientes que fomenten el crecimiento y la equidad. Aunque en algunos casos el poder ejecutivo ha convocado comisiones ad hoc para estudiar propuestas de reformas en áreas específicas como la previsión, el trabajo y la equidad, la educación, la política energética, etc., es probable que haya llegado el momento de institucionalizar estos procesos para que se tomen decisiones informadas en el bien del país. Al igual que la institucionalidad del Banco Central autónomo y de la regla de balance estructural, que han contribuido en forma muy importante a lograr y mantener la estabilidad y crear las condiciones macroeconómicas para un crecimiento sostenido, hoy es necesaria la creación de una institución dedicada a la evaluación de propuestas de políticas públicas y a la discusión de ellas en la sociedad que permita el entendimiento de los problemas y sus posibles soluciones, de modo que facilite el proceso político de formulación de propuestas por parte del ejecutivo y la formulación de leyes en el proceso legislativo, llegando incluso a poder proponer soluciones antes de que se generen situaciones críticas y/o explosivas. Como lo ha señalado recientemente la OCDE: "Cuando se discuten reformas en las cuales hay visiones distintas, la experiencia sugiere que un liderazgo exitoso frecuentemente requiere ganar el consentimiento en vez de asegurar el acatamiento. Esto aumenta la importancia de una comunicación efectiva respaldada por una investigación sólida" (traducción libre de OCDE, 2010, Making Reform Happen. Lessons from OCDE countries). En esto podemos aprender mucho de la experiencia de Australia. Durante las décadas de los ochenta y noventa, este país ganó reputación internacional por su proceso de reformas y elaboración de políticas públicas que incluyen el análisis basado en evidencia empírica y la transparencia en la consideración de todas las opciones. En sus etapas iniciales, las reformas abarcaron las áreas macroeconómicas, el sector financiero y la apertura externa, al igual que en Chile. El proceso de reformas estuvo apoyado por la Comisión de Industria, la Oficina de Economía Industrial y la Comisión Asesora de Planificación Económica. La exitosa experiencia en esta área y la necesidad de abordar reformas en áreas más difíciles como la educación, la salud, las políticas sociales y el medio ambiente llevó a la creación por decreto del Parlamento en 1998 de la Comisión de Productividad, que reemplazó a las tres organizaciones mencionadas más arriba. La Comisión de Productividad es un órgano independiente de investigación sobre asuntos económicos, sociales y medioambientales que afectan el bienestar de la población, cuyo objetivo es ayudar en la elaboración de las mejores políticas públicas para los intereses de largo plazo de sus ciudadanos. Sus principales características son: independencia, de modo que las conclusiones de los estudios y las recomendaciones que realizan están basadas en sus propios análisis y juicios; el proceso de debate y decisión es completamente transparente, así la asesoría otorgada y la información de base están abiertas al escrutinio público, y la adopción de una perspectiva amplia en favor de los intereses de toda la comunidad. La comisión es liderada por un presidente y un grupo de comisionados. El presidente y los comisionados tienen una independencia similar a la que tienen los consejeros y el presidente del Banco Central chileno, lo que les facilita poder cumplir con su mandato de analizar las opciones de políticas en las áreas solicitadas por el poder ejecutivo. El proceso consultivo incluye un extensivo debate público a través de audiencias, talleres y foros donde se publican y actualizan los informes y resultados preliminares, dando la oportunidad de que los diferentes puntos de vista sean escuchados y donde todas las partes afectadas puedan participar. El trabajo de la comisión concluye con la publicación de su recomendación final; el Gobierno no está obligado a aceptarla, aunque en la práctica la mayoría de los consejos son aceptados y el proceso legislativo se enriquece con los estudios preparados por la comisión, pero ésta no participa en el debate de los proyectos de leyes presentados por el Ejecutivo. El éxito obtenido por la Comisión de Productividad de Australia ha llevado a que en abril recién pasado Nueva Zelandia replicara esta institucionalidad creando también su Comisión de Productividad. Las primeras investigaciones que le ha solicitado el Ejecutivo se refieren al acceso a la vivienda y a servicios de transportes internacionales de mercancías. Dado el cariz y la dinámica que ha tomado el proceso de reformas de políticas públicas, es tal vez un buen momento para reflexionar que, una vez pasado el temporal, debemos generar una institucionalidad que garantice un proceso transparente en el análisis, evaluación y formulación de las políticas públicas que requieran un debate amplio. Una comisión de este estilo nos entrega justamente eso: una manera de discutir y generar ideas, sin quitarle a los gobiernos el poder de decidir, pero planteando soluciones antes de que se produzca la ebullición social, alejadas de los problemas que suelen abundar en medio de situaciones de crisis.