Que ante los anuncios presidenciales sobre educación unos niños manejados por el Partido Comunista repitan que el problema de la educación superior chilena es el lucro, pase; pero que lo hagan personas que tienen más entendimiento sobre el tema es ya harina de otro costal. Es una cuestión de honestidad intelectual. ¿Cuáles son los límites del disenso político? ¿Hasta dónde es válido correr la línea de nuestras opiniones públicas buscando un objetivo partidista? ¿Podemos decir un día que transparentar el lucro en instituciones de educación superior dándole un tratamiento distinto al de las universidades sin fines de lucro es una solución razonable y una semana después desdeñar la propuesta presidencial porque no descarta la existencia de universidades con fines de lucro? Son límites difíciles de definir. Porque el fetiche del lucro ha dado para mucho. Desde ya para atacar al Ministro Joaquín Lavín por haber participado en la fundación de la Universidad del Desarrollo, llegando algunos políticos a decir que se intenta blanquear su actuación en esa universidad en lugar de celebrar el aporte que él y otras personas hacen al país al fundar universidades de calidad. Cuando se abandona el terreno de los argumentos y las razones para pasar a los ataques personales es que se teme enfrentar la discusión de fondo. Y la discusión de fondo es que el lucro, obtener ganancia o beneficio por algo según la real academia, está presente en todas las actividades humanas y es positivo para la sociedad porque permite, entre otras cosas, allegar recursos para invertir en un sector. Una cosa distinta es si ese beneficio es excesivo o no, si es abusivo, o simplemente está retribuyendo legítimamente un esfuerzo. Hay diferentes formas de obtener lucro de una actividad. En el caso de las universidades, que por ley son sin fines de lucro, sería posible extraer excedentes por la vía de contratos con empresas relacionadas realizados a precios distintos de los de mercado (por ejemplo arriendos caros pagados a una inmobiliaria) y que además se modifican constantemente. Pero hay una segunda forma de obtener lucro de una universidad. Se puede pagar a quienes están gestionándola sueldos por sobre el mercado, más allá de lo que, por ejemplo, el Rector ganaría en cualquier otro empleo. De esa manera también los controladores de una universidad pueden extraerle los excedentes de operación. Y hay una tercera forma de lucrar, incluso en una universidad estatal. Si se conceden favores a grupos de profesores o empleados contratando personal innecesario, o se paga a sociedades relacionadas a los académicos, para asegurarse su apoyo y así permanecer en el poder, también se están sacando recursos desde la universidad para el provecho de particulares. Tres formas de extraer recursos desde una universidad. ¿Son ellas legítimas o ilegítimas? En el primer caso, si un contrato de arriendo es desproporcionadamente alto y éste se modifica constantemente para extraer cada vez los excedentes, estamos ante una situación que podría cuestionarse. Si no es así, sólo se está remunerando el capital; es simplemente una forma de financiar inversiones cuantiosas que son necesarias para que funcione la universidad. No se puede pretender que los inversionistas regalen los edificios. Serían entonces instituciones con fines de pérdida. En el segundo caso, si las remuneraciones a los directivos son desproporcionadamente altas, también es cuestionable pues así se estarían sacando los excedentes de la universidad. Si en cambio el pago es razonable, simplemente se está remunerando el trabajo. En el tercer caso, si las dotaciones de profesores o administrativos son excesivas comparadas con las de otras universidades, es reprobable. Si no, se trata de una actividad remunerada como todas. En definitiva, a nadie podemos exigirle que participe en iniciativas con fines de pérdida. Se pide transparencia. Conforme. Hagamos transparentes entonces las tres situaciones. Arriendos, remuneraciones, dotaciones. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.