Hay quienes han intentado comparar el caso Kodama -que costó la salida de la ministra de Vivienda- con el MOP-Gate. Pretenden con ello equiparar ambas situaciones con el propósito de "empatar" en materia de corrupción. Durante la Concertación hubo casos de corrupción; sí, pero también en el gobierno de Piñera; si no, miren el caso Kodama, afirman. Por eso veremos en los próximos días mucho ruido en torno a este caso. La Concertación ha decidido emplear todos sus medios. Intentarán otra vez crear una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados, que falló en primera instancia por falta de quórum. También habrá expectación periodística por los interrogatorios a funcionarios y ex funcionarios del Ministerio de Vivienda. Tal como sucedió en el MOP-Gate. Pero son casos completamente distintos, en sus alcances y consecuencias MOP-Gate fue parte de una política generalizada durante los gobiernos de la Concertación para triangular dineros que fueron a parar a las manos de numerosos altos funcionarios de gobierno, incluyendo a todos los ministros de Estado. Por eso, además hubo MOP-Prograf, MOP-Idecon, MOP-Cycsa, MOP-Délano, MOP-Gesys, entre otros. Kodama se refiere a un contrato entre el Estado y una empresa para la construcción de una obra. Es un caso particular, que involucra a algunos funcionarios de un solo ministerio. Y esta diferencia es fundamental, pues nos lleva a otra: ¿quiénes estaban enterados de lo que sucedía en uno y otro caso?, ¿cuáles son las responsabilidades políticas envueltas en un caso y otro? Los sobresueldos durante los gobiernos de la Concertación eran, según se supo durante el proceso judicial, una práctica habitual y conocida por las más altas autoridades del país, que incluso las justificaron por los insuficientes sueldos del sector público. Los encontraban "reguleques" no más, así es que decidieron suplementarlos. En el caso Kodama, cuya trama completa aún no conocemos, hemos sabido que las únicas autoridades políticas que tuvieron conocimiento del caso, ministra y subsecretario de Vivienda, no sólo no lo justificaron sino que detuvieron los pagos antes de que se concretara un daño al fisco. La ministra de Vivienda consideró que haber firmado el decreto que ordenaba pagar 17.000 millones a la empresa fue un error, que pese a que fue rectificado por ella misma al ordenar que se detuviera el pago, ameritaba su renuncia. El subsecretario, por su parte, apenas se enteró de la cifra que se pretendía pagar a la empresa expresó su oposición. Y hasta ahí llega el conocimiento que autoridades políticas del gobierno de Sebastián Piñera tenían del caso. Ellos no estaban en sus cargos cuando se licitó la obra, que correspondía a un corredor del Transantiago, ni cuando se adjudicó a la empresa Kodama, ni cuando se ejecutó con múltiples problemas que retrasaron su entrega y dieron origen a las reclamaciones de la empresa. Bien distinto a MOP-Gate, en que el generalizado conocimiento y responsabilidad política del gobierno era tal, que se llegó a especular, por parte de periodistas no precisamente identificados con los partidos de centroderecha, que el Presidente Lagos podía no terminar su mandato. La crisis institucional que este caso desató llevó al gobierno y a la oposición de la época a acordar importantes reformas políticas, como la introducción de la Alta Dirección Pública. El caso Kodama es un caso de deficiente gestión en el sector público, con la posible presencia de irregularidades e intentos de defraudar al fisco llevándolo a pagar más de lo que correspondía. El viaje de un funcionario del Serviu financiado por la empresa es simplemente impresentable y sugiere irregularidades. Ello nos habla de la precariedad del sector público. Como al final aquí paga Moya, siempre hay que redoblar los esfuerzos y controles para que no termine pagando más de la cuenta. El caso Kodama no será el primero en que ello suceda, ni el último, pero nada tiene que ver con una política de gobierno destinada a extraer ilegítimamente dineros del fisco como fue el MOP-Gate.