Desde que se consolidó el nuevo modelo de crecimiento en el país -a mediados de los 80- hasta ahora, el progreso de las regiones muestra una alta dispersión: mientras algunas se han expandido rápidamente, por encima del promedio nacional, otras se han rezagado. Comprender las razones que hay detrás de este fenómeno es importante no sólo para cada territorio, sino también para identificar los factores que detienen el aumento en la productividad a nivel nacional. Una evaluación reciente de la OCDE sostenía que el funcionamiento de las regiones podría ser mejorado para apoyar más efectivamente la inversión productiva, lo cual requiere considerar más los contextos regionales (económicos y sociales) en el diseño de las políticas públicas. Una rápida mirada a las trayectorias de crecimiento de las regiones describe este fenómeno. El Norte Grande (con excepción de Arica) y el Norte Verde se han favorecido con el enorme crecimiento de la minería. De una forma similar, Los Lagos y Aysén presentan un gran crecimiento impulsado por la acuicultura. En un ritmo intermedio está el crecimiento de las regiones agro-industriales y forestales, desde O'Higgins hasta Los Ríos. Una situación diferente se encuentra en las regiones que tuvieron un pasado industrial, como Valparaíso y Biobío, que han perdido gradualmente la competitividad de sus actividades tradicionales, sin que aparezcan otros rubros que tengan un dinamismo equivalente. En este grupo también se ubican Arica y Magallanes, que han retrocedido en su posición relativa por la pérdida de las condiciones especiales que tenía la primera y por la decadencia del petróleo, la segunda. Estas tendencias evidencian que el crecimiento regional responde excesivamente a estímulos externos, como el precio de las exportaciones o los grandes proyectos de inversión, y muy poco al ambiente de gobernabilidad generado internamente. La consecuencia de este hecho es la creación de un entorno que traba la generación de nuevas capacidades competitivas y las mejoras en productividad de las empresas albergadas en cada territorio. Los análisis que comparan las regiones de Chile con las de países desarrollados confirman esta realidad. Las regiones rezagadas quedan así expuestas a que su población migre hacia el resto del país o que sus recursos queden retenidos en actividades de bajo crecimiento y con empleos de menor productividad. Por ejemplo, la población en Arica y Magallanes crece en menos de la mitad que la de sus regiones vecinas y la productividad laboral en el Biobío se expande a un ritmo 40% menor que en el resto del país. La principal razón de este fenómeno es que la institucionalidad de las regiones es joven y la generación de estas capacidades toma tiempo. Sin embargo, también es cierto que los avances que estamos realizando son muy lentos y en varias ocasiones están acompañados de retrocesos. Las afirmaciones generales sobre la descentralización que han hecho todos los gobiernos son insuficientes sin una estrategia que fortalezca la gobernabilidad de los territorios, que genere espacios de interacción efectiva entre los actores relevantes y que admita que una negociación bien dirigida es el único camino para dar certidumbre a los inversionistas y lograr que los actores sociales se muevan tras una visión compartida. El gobierno actual está desaprovechando la oportunidad de avanzar en esta dirección porque considera a las regiones como espacios en los que se deben ejecutar las prioridades nacionales, más que como territorios con capacidad para generar su propia agenda de desarrollo. Se ha abandonado la idea de construcción participativa de proyectos regionales, lo cual posterga la expresión ciudadana y amenaza la gobernabilidad de los territorios, como ha sido demostrado en más de un caso en el último tiempo. Tampoco hay avances en el nivel político respecto de las elecciones de los consejeros regionales. La descentralización de algunas atribuciones específicas responde más a criterios de eficiencia del gobierno central que al fortalecimiento de la gobernabilidad regional. En síntesis, para crear un ambiente que dé garantías a los inversionistas es fundamental una buena gobernabilidad en el nivel regional. Este sigue siendo uno de los desafíos que tiene el país en su anhelo de dar el salto al desarrollo en el transcurso de la presente década.