La forma en que distintas autoridades de Gobierno se han planteado frente al proyecto de ley que ampliará el beneficio del posnatal es muy representativa del proceso de toma de decisiones que prevalece hoy día en la administración del Presidente Piñera. Ese proceso es responsable, a mi juicio, de los modestos niveles de aprobación que ostenta hoy día el Gobierno pese a que hay datos objetivos -el fuerte crecimiento económico y la diligente reconstrucción luego del terremoto, entre otros- que ameritarían una evaluación mejor de los chilenos. La extensión del período posnatal tiene beneficios desde el punto de vista de la maternidad. Sin embargo, estos beneficios deben ponderarse con los efectos que esa legislación tendrá sobre dos cuestiones muy importantes: la empleabilidad de las mujeres y la tasa de natalidad. Llevar el posnatal a 6 meses, sin preocuparse de estos aspectos, impone una carga desmedida a quienes contratan mujeres. Finalmente, el beneficio se vuelve contra ellas porque o bien la contratación se sesga mucho a favor de los hombres, o bien son las mismas mujeres las que dejan de tener hijos para evitar ser excluidas del mercado laboral. La evidencia en este sentido es abrumadora. Chile tiene una participación laboral de la mujer que está entre las más bajas del mundo (41% el 2009 frente a 53% de América latina y 65% de los países de la OCDE), justamente porque ya nuestro posnatal es muy generoso, por las 12 semanas que comprende y porque cubre el 100% de la remuneración. Este problema afecta principalmente a las mujeres de bajos ingresos; sólo el 25% de las mujeres del decil más pobre en condiciones de hacerlo trabaja, mientras que las mujeres del 10% más rico tienen una tasa de participación del 62%. Consciente de este problema, el Gobierno del Presidente Piñera formó una comisión sobre Mujer, Trabajo y Maternidad. Dicha comisión se hizo cargo de la complejidad del tema e hizo proposiciones que se preocupaban, justamente, de equilibrar los distintos valores en juego en esta discusión. En particular, planteó que el beneficio fuera flexible. Propuso que su extensión se materializara en un permiso parental que pudiera ser tomado por la madre o el padre alternativamente y en jornadas completas o parciales. Adicionalmente, el permiso debía poder tomarse de manera voluntaria, esto es, los padres serían libres para decidir si querían o no utilizarlo y por cuánto tiempo. Fue una propuesta inteligente y equilibrada, que conciliaba el beneficio de la maternidad con el de la empleabilidad de las mujeres. Pero tenía un problema: chocaba con el concepto socialista acerca de los beneficios de carácter laboral, éstos son irrenunciables. Y entonces el Gobierno, sin tomar en cuenta que este no es estrictamente un derecho laboral, ni reparar por cierto en que un beneficio irrenunciable es una contradicción en los términos, decidió que el posnatal extendido sería obligatorio para todas las mujeres de los cuatro primeros quintiles de ingreso. Para materializar esto, propondría extender de manera obligatoria el posnatal de 3 a 6 meses para las mujeres que ganan menos de UF 30, mientras las de mayor sueldo podrían renunciar a parte del posnatal adicional. Si la flexibilidad es buena, es buena para todas las mujeres. Si el temor es que las mujeres de menor ingreso pudieran ser objeto de abuso, podrían buscarse fórmulas para resolverlo; pero no, simplemente se optó por tomar las banderas de la Concertación. La discusión ahora será si ese tope debe ser 30, 40 o UF 50. Como decíamos al principio, la falta de convicciones y de un ideario le está pasando la cuenta a este gobierno. Siempre termina rindiéndole cuentas a la Concertación y allí no tiene cómo ganar. Hay quienes defienden la decisión, diciendo que esto pasará a la historia como la Ley Piñera. Pobre destino para las pretensiones de nuestro Presidente. Si ya está claro que no pasará a la historia como uno de los gobernantes más queridos, no frustremos tan temprano su ilusión de ser considerado uno de los mejores.