Hace poco menos de un año la ciudad de Concepción estaba asolada por hordas de maleantes que recorrían sus calles saqueando tiendas, amenazando viviendas particulares y sembrando el miedo tras el terremoto. El panorama hoy es distinto: Jacqueline van Rysselberghe fue nombrada intendenta del Biobío y encabeza, con eficiencia, las labores de reconstrucción. Fue alcaldesa de Concepción, zona de tradicional hegemonía de la izquierda y parte de la única circunscripción en que no hay un senador de la centroderecha. Hace unos días, en una reunión con pobladoras, ella se atribuyó gestiones para lograr que a ese grupo se le entregaran viviendas, pese a no cumplir con el requisito primario: contar con un 80% de damnificados por el terremoto. Con su influencia lograría que se hiciera uso de atribuciones que permitían se les asignaran casas que, sin mediar esa intervención, difícilmente obtendrían. Lo que hizo la intendenta es ni más ni menos que lo que todos los políticos hacen a diario: convencer a los electores que es por su intervención, la del político, que el ciudadano está obteniendo beneficios. Ni por virtud de los programas de gobierno, ni por los impuestos que pagan los chilenos, ni por los propios méritos del postulante: esa es la actividad principal de senadores, diputados, alcaldes y concejales. ¿Por qué tanto escándalo entonces? Hay un factor nuevo: las palabras de la intendenta fueron grabadas por pobladoras espías que había enquistado en ese grupo el senador Alejandro Navarro, quien sería el principal afectado por una futura candidatura de Van Rysselberghe al Senado. Hasta aquí esto no habría pasado a mayores. Una típica pelea entre adversarios políticos, ninguna irregularidad, pues las denuncias que hizo Navarro respecto a las postulaciones a subsidios resultaron falsas. Pero el episodio adquirió una importancia inusitada a partir de las críticas que desde el interior de la Alianza empezaron a formularse a la intendenta, ayudando a instalar la idea de que había mentido. ¿Cuál es la mentira, exagerar su papel en la obtención de beneficios? Es lo que hacen todos los días los políticos. ¿Cómo explicarse una conducta tan autodestructiva de la Alianza? ¿Por qué perjudicar las posibilidades de la única candidata del sector que puede ser senadora? ¿Por qué poner en problemas al Gobierno? Aparentemente hay aquí una pasada de cuentas, en la cual la intendenta no sería completamente inocente. Pero, además, reaparece el espíritu de fronda de la vieja derecha. RN o la UDI, conservadores o liberales, el clan de los fulanos contra los amigos de zutano. Estupideces, como las que enfrentan a veraneantes de conspicuos balnearios o transforman la política en una disputa de clanes; donde desprestigiar al vecino, o vengarse de él, pasa a ser más importante que vencer a los de la vereda contraria. Es que la política, para muchos en la derecha, no es una cuestión seria. Son pocos allí los que se juegan el futuro. A muchos de ellos les fue bien con los gobiernos de la Concertación, y ahora, viéndose cerca del poder, o creyéndolo así, se aproximan a la política con un espíritu de fronda; pretenden estar en todas las decisiones, quieren imponer sus particulares puntos de vista, instalar a “gente conocida” en los cargos de Gobierno. El Gobierno, al demorar su decisión en este caso, agravó el problema. Su defensa es que ante una acusación debía investigar, como ha sido su norma invariable. Al menos con su resolución notificó a la fronda que la política es más importante que sus pequeñas rencillas. Falta que los partidos de la Alianza comiencen a trabajar en beneficio del éxito del sector y parece inevitable que el Gobierno de Sebastián Piñera use el garrote y la zanahoria para lograrlo. La Concertación, por su parte, miró un metro más allá de su nariz. Ellos resaltan la importancia de la ética en política, mientras hacen acusaciones sin fundamento que dañan la honra y desprestigian la política y en eso están juntos los Navarro y los Orrego; ello explica que tengan apenas el 20% de aprobación ciudadana.