Andrés Bello escribió en 1855 en el Código Civil "la ley protege la vida del que está por nacer". Esta frase, recogida por la Constitución de 1980, ha sido la base del fallo del Tribunal Constitucional que declaró que las Normas Nacionales Sobre Regulación de la Fertilidad emitidas por el Ministerio de Salud son contrarias a la carta fundamental. Esas normas indicaban que la llamada píldora del día después debía repartirse gratuitamente en los centros públicos de salud a cualquier mujer mayor de 14 años que la solicitara, sin necesidad de autorización de sus padres. La Contraloría acaba de ratificar que el fallo del tribunal impide la repartición de la píldora en los consultorios. El tema ha sido controvertido, y hay en su discusión altos principios involucrados. Por una parte, quienes defienden el fallo del tribunal argumentan que, habiendo antecedentes que señalan que la píldora es abortiva y otros que contradicen esa tesis, de optar por un argumento el tribunal debía hacerlo por aquel que le da lógica a la protección de la vida que la Constitución le ordena. Por otro lado, quienes impugnan el fallo, se amparan en que no habiendo claridad sobre el punto, no se puede imponer un criterio que está basado en consideraciones de tipo valórico a gente que no suscribe esas creencias. Pero también ha habido hipocresía en el debate. El Gobierno ha puesto el grito en el cielo por estos dictámenes de instituciones de nuestro ordenamiento jurídico que impiden que ejecute su voluntad. Como decíamos, el argumento más utilizado por quienes son partidarios de la repartición de la píldora -el Gobierno entre ellos- es que las creencias de un grupo de la población chilena, en este caso muy identificado con la Iglesia Católica, no podrían imponerse a toda la sociedad. Sin embargo, eso es precisamente lo que trató de hacer el Gobierno cuando dictó esas normas a través de una instrucción del Ministerio de Salud que recogió la agenda "progresista" de quienes dirigen esa repartición, saltándose los conductos legales. A eso ha venido a poner coto el Tribunal Constitucional con su fallo. Ante el fracaso de su estrategia, el Gobierno decidió enviar al Congreso un proyecto de ley sobre la materia. Ahora, el tema deberá discutirse en las instancias que corresponden. Si se sostiene que éstos son asuntos que debe dilucidar nuestra institucionalidad democrática, deben respetarse todas las instituciones que la conforman; entre ellas, por cierto, el Tribunal Constitucional. ¿Por qué el proyecto fue ingresado con trámite de urgencia? Estando en juego cuestiones tan importantes como el derecho a la vida y la libre expresión de la voluntad, apurar la discusión de la ley podría interpretarse como un afán de obtener dividendos electorales. Con mayor razón si es que se introducen en el proyecto derechos cuyo alcance hasta ahora no se han explicado. Si ha de haber discusión democrática de este asunto, que sea una discusión en forma. No teniendo competencia para discernir entre los estudios que sostienen que la píldora es abortiva y aquellos que afirman lo contrario, ni tampoco para hacer prescripciones de tipo moral, como las que sí le reconozco a la Iglesia Católica, me atrevo a abordar otro aspecto de este asunto, esta vez desde la óptica de las políticas públicas. ¿Por qué el Estado tiene que meterse de esta manera en la regulación de la actividad sexual? ¿Qué efectos provoca el Estado cuando lo hace, considerando que sus políticas tienen efectos en el comportamiento de las personas? La instrucción del Gobierno que ordenó repartir la píldora a cualquier niña mayor de 14 años que la solicite, aún sin autorización de sus padres, tiene, a mi juicio, importantes consecuencias sobre el tipo de sociedad que estamos construyendo. Si me perdonan la vulgaridad de la expresión, la señal que el Estado está dando a nuestros jóvenes es que tiren como conejos, porque no habrá consecuencias no deseadas, como un embarazo. Se ha dicho que hay una cuestión de equidad involucrada, porque la píldora ya se vende en farmacias. ¿Qué significa la equidad, en este caso? ¿Que debe conjugarse en todas sus formas el verbo copular? ¿Por qué el Gobierno tiene que promover esa conducta, una suerte de paraíso de la irresponsabilidad entre nuestros jóvenes? ¿Cuál es el paso siguiente, volteaderos públicos financiados con nuestros impuestos? Ésa es una dimensión del tema que no ha sido suficientemente tratada: debiera repugnar a un espíritu auténticamente liberal que el Estado esté induciendo comportamientos de sus ciudadanos, especialmente los más jóvenes, a partir de los dictados de la agenda "progresista" de quienes nos gobiernan.