Perder el trabajo es una de las principales preocupaciones de la mayoría de los chilenos en tiempos como éstos. Pero hay algunos que no tienen ese temor; los dirigentes políticos de la Concertación saben que, cualquiera sea su rendimiento o actuación, serán mantenidos por el Estado mientras esa coalición permanezca en el poder. Hay casos muy visibles, como el de un director de Gendarmería, que luego de dejar el cargo porque se le escaparon los presos más peligrosos fue premiado con una embajada. El procedimiento habitual, no obstante, es más sigiloso y tiene diversas variantes, veamos: Un alto funcionario público que por cualquier razón debe dejar el cargo puede ser contratado a honorarios por la misma repartición o Ministerio en que estaba antes, o también por otro servicio o empresa pública (hay más de 30 mil personas en la administración pública con ese régimen y no sabemos cuántos de ellos realizan de verdad funciones útiles y cuántos están allí solo para cobrar un cheque). No hay limitación de tema o especialidad; por ejemplo, un filósofo puede ser contratado por Codelco para hacer un estudio sobre "Minería en Europa" (el caso ocurrió en un gobierno anterior). Ahora, también está la posibilidad de contratar a un pariente cercano, o crear una entidad como la Corporación de Estudios Estratégicos, que preside el ex ministro de Defensa Patricio Rojas y recibe contratos por cerca de 100 millones de pesos pagados por la misma cartera que él dejó. Los estudios que debe entregar para justificar el pago son "mula" (mis lectores ya debieran estar familiarizados con el término), tanto que pueden contener párrafos textuales sacados de internet o repetir, años después, partes de un informe anterior. Hay en estos casos mucho de simulación, engaño y abuso para extraer recursos del Estado, recursos que están allí, pagados por los contribuyentes (sí, con los impuestos que usted tendrá que enterar la próxima semana) teóricamente para financiar bienes públicos o las necesidades básicas de los más pobres. Otra modalidad es abandonar el Gobierno e irse a trabajar a una ONG o centro de estudios ligado a la Concertación, que recibe dinero público por diversos conceptos. Una información de prensa consigna 243 millones de pesos pagados a centros ligados a la DC y el PS desde el año 2004, con el agravante, en algunos de ellos, que quienes trabajan en esas entidades reciben también honorarios de los mismos ministerios y servicios que contratan. La propia Presidencia de la República hace abundante uso de estos mecanismos para financiar a organizaciones con carácter político. Así sólo el año 2008 hay más de mil millones de pesos pagados a instituciones como la Fundación Salvador Allende (322 millones); Justicia y Democracia (120 millones y ligada a Patricio Aylwin); Fundación Clodomiro Almeyda (86 millones); Instituto de la Igualdad (que por lo menos debiera cambiarse de nombre o devolver los 89 millones); Fundación Frei (70 millones). Conocer esto ha sido posible por la dictación de la Ley de Acceso a la Información Pública (o Ley de Transparencia), una iniciativa de los senadores Hernán Larrain y Jaime Gazmuri, pero queda aún mucho por saber. Un informe de tres institutos sobre la aplicación de esta ley en la primera semana dado a conocer ayer constata, por ejemplo, que un 26% de la información requerida sobre contrataciones directas no está disponible, lo mismo que la estructura societaria de quienes contratan con el Estado. En materia de transparencia entonces hay todavía mucho paño que cortar. Caben dos reflexiones a partir de estos hechos. La primera es que estamos ante una subversión de la labor del Estado. Éste ha sido distorsionado por la Concertación, que ha alterado sus fines para transformarlo en un mecanismo de manutención de sus dirigentes. Ello le resta legitimidad a su acción y también eficiencia, pues es evidente que cuando los nombramientos públicos obedecen siempre a motivos políticos, como lo ha dicho, no sabemos si con candor o cinismo, el ministro Francisco Vidal; no puede esperarse que los ciudadanos, llamados a beneficiarse de la acción del Estado, reciban de éste los mejores servicios. Lo segundo es que si ya se ha pervertido de esta manera la función del Estado, capturándolo para fines propios, no cuesta mucho imaginarse que frente a una elección presidencial no se escatimarán medios para mantenerse en el poder. Un proyecto de ley, aunque deje a muchos chilenos cesantes; la actuación de un organismo fiscalizador, pese a no respetar las normas mínimas de ecuanimidad; para todo eso hay que estar preparados.