Las medidas de Sebastián Piñera se parecen a los borradores de trabajo que ha tenido a la vista el ministro de Hacienda en los últimos meses. Incluso podrían considerarse una ampliación del programa económico que aplica el Gobierno, y que está recibiendo una creciente valoración por parte de la ciudadanía. De este modo, los estrategas de la Alianza parecen convencidos de que, para dar gobernabilidad al país, deben levantar propuestas que se asemejen más a las banderas de la Concertación que a lo que ellos mismos han sostenido en los últimos años. La mayor parte de las iniciativas propuestas por Piñera -con un costo fiscal cercano a los US$ 2 mil millones- son variaciones en torno a lo que ya está aplicando el Gobierno: ampliar el Chile Solidario, otro bono por carga familiar, volver a reducir los pagos provisionales mensuales (PPM), aplicar nuevos alivios tributarios del mismo tipo que los planteados por el ministro Velasco en enero, ampliar aún más las líneas de crédito de Corfo, más microcréditos, extender los beneficiarios para el subsidio de desempleo a otros grupos vulnerables, y reflotar la depreciación acelerada (que la propia oposición ayudó a enterrar en su momento). Por su parte, las medidas orientadas al crecimiento de largo plazo no son una excepción: una reforma educacional en línea con el acuerdo político de 2008, aumentar el gasto público en educación al mismo ritmo que lo ha hecho la Concertación, incrementar los recursos en ciencia y tecnología usando las modalidades actuales, fomentar el capital de riesgo (lo que ya se hizo en la reforma de 2007), simplificar regulaciones para instalar y cerrar negocios (la mayor parte de estas materias está contenida en el proyecto enviado al Congreso en enero de 2008), modernizar y fortalecer las capacidades del Estado (con avances aún insuficientes) y crear una agencia de calidad de las políticas públicas (propuesta formulada inicialmente por Michelle Bachelet). La proximidad de este plan con las políticas del gobierno no es coherente con las ácidas críticas del candidato a la conducción económica del país: lo uno o lo otro. Aún más, estas propuestas refuerzan la orientación que la Concertación le ha dado a las políticas para el desarrollo del país. Este cambio no se explica por el año electoral que vivimos, sino por un asunto más serio: la Alianza está abandonando su diagnóstico sobre el desarrollo del país, que se apoyaba en una gran confianza en el funcionamiento de los mercados, por lo que sus recetas preferidas eran reducir impuestos, eliminar todo tipo de rigideces laborales, continuar las privatizaciones y prescindir de la tenaza de las regulaciones. El mismo día en que Piñera lanzó su plan en Chile, Aznar hizo sus propuestas para enfrentar la crisis en España: austeridad fiscal y recorte del gasto público, una rebaja de impuestos, nuevas liberalizaciones en los mercados, una nueva ola de privatizaciones y una reforma laboral. El contraste refleja el acelerado desgaste de los puntos de vista tradicionales de la Alianza en Chile, que le produce un distanciamiento con sus propias propuestas emblemáticas, lo que ocultan a través de recursos efectistas, como son los pronósticos sombríos ("el desempleo que seguirá aumentando", "la recesión que llegó", "el agotamiento del país", "las oportunidades perdidas") o las afirmaciones evidentes: "Chile ha crecido la mitad de lo que lograba antes", como si fuesen demostraciones de hipótesis que, sin haber sido formuladas, aspiraran a alguna validez científica. El foco de las propuestas en el brevísimo plazo es un buen recurso para ocultar esta pérdida de enfoque, porque a la hora de enfrentar la crisis internacional todos los economistas se han vuelto keynesianos. El acercamiento de la Alianza a los planteamientos de la Concertación hay que verla como una oportunidad para hacer una indagación seria sobre los verdaderos obstáculos en nuestro crecimiento, que no se refieren tanto al rumbo de la estrategia de desarrollo, sino que están concentrados en el ritmo al cual logramos avanzar. Como se desprende de la explicación institucional del crecimiento, los sistemas de incentivos que influyen en la manera de hacer las cosas van más allá del discutido balance entre el mercado y el Estado. Los factores que están recibiendo creciente atención incluyen otros aspectos de la vida económica, como la confianza, el orden jurídico, el sistema político, la gobernabilidad, las normas sociales, la meritocracia y las relaciones en el mundo del trabajo. Estos factores moldean el sistema de incentivos que puede facilitar o retardar el crecimiento, por lo que sería de enorme beneficio lograr acuerdos concretos para avanzar en estas materias. Esta indagación crítica también compromete a la Concertación, que necesita renovar sus planteamientos porque a pesar de contar con un enfoque adecuado sobre las grandes orientaciones del desarrollo del país, en la práctica no logra generar el impulso para avanzar al ritmo necesario. Atender los obstáculos institucionales genera amenazas para las élites que están poco dispuestas a arriesgar sus posiciones de poder, por lo que se siguen dilatando las reformas que corresponde hacer en nuestro nivel de desarrollo, lo que sólo conduce a un rezago paulatino -que ya es perceptible- en la posición relativa de Chile en las comparaciones internacionales del ingreso por habitante. En las últimas décadas hemos visto el enorme progreso que el país ha logrado a partir de un conjunto de reformas que cambiaron el rumbo de nuestro modelo de desarrollo. Al definir una agenda de futuro es indispensable adoptar un enfoque más amplio, que mantenga la orientación pero permita avanzar a un nuevo ritmo. Este es el principal desafío para este año electoral y de crisis internacional.