En un debate sobre la Gran Depresión, el influyente Keynes habría respondido a la pregunta de un sagaz reportero: "Cuando las circunstancias cambian, yo cambio de opinión. ¿Qué hace usted, señor?". Precisamente, los hechos que hemos observado desde que detonó la crisis internacional nos muestran la brecha que puede llegar a existir entre el interés social y el de tomadores privados de decisiones cuando las reglas del juego están mal diseñadas. Estas fallas son más frecuentes de lo que se piensa y las podríamos encontrar con distinta dimensión en diversos ámbitos en nuestro país. Las consecuencias directas en cada caso serán diferentes, pero siempre en la dirección de quitar fuerza al progreso, lo que plantea el desafío de analizar estas circunstancias y sacar las lecciones que nos permitan promover nuestro crecimiento. Desde hace tiempo nos hemos preguntado las razones de la lenta pero perceptible declinación en la posición relativa del ingreso por cada habitante de Chile a nivel internacional. Dos hipótesis que tratan de explicar este hecho son, por una parte, la ausencia de reformas en la dirección de dar más espacio a los mercados y, por la otra, la insuficiencia institucional en el sistema de incentivos por fallas en los mercados, en el Estado o en las normas sociales. La primera hipótesis responde a un enfoque que confía en la eficiencia de los mercados. En palabras de un columnista de esta sección, el principal obstáculo que enfrenta el país está en la ausencia de una estrategia que "nos permitiría liberar al sector productivo de la tenaza innecesaria de regulaciones, rigideces laborales y cargas tributarias a que ha sido sometido cada vez con más intensidad y que en las condiciones actuales puede ser el peso final que le impide salir adelante". En este enfoque, que ha dominado nuestra estrategia de desarrollo, los mercados son sabios y las políticas públicas entorpecen su funcionamiento, conceptos similares a los que se están revisando en los países desarrollados. El enfoque institucional, que está ganando creciente influencia, sostiene que los sistemas de incentivos que sustentan las decisiones van más allá del funcionamiento de los mercados y del Estado, que también hay que considerar otros aspectos de la vida económica como la confianza, el orden jurídico, la gobernabilidad, la meritocracia y las relaciones en el mundo del trabajo. Estos factores tienen influencia en moldear un sistema de incentivos que puede facilitar o retardar el crecimiento. Las nuevas circunstancias reflejan fallas de los mercados, que permiten con demasiada facilidad una ganancia fácil que normalmente se obtiene a costa del interés social. Por esta razón, una estrategia de desarrollo que tiene como eje principal extender el funcionamiento de los mercados, sin prestar atención a las debilidades subyacentes en el sistema de incentivos de nuestra economía, tiene puntos ciegos que la hacen claramente insuficiente. Es posible que en muchos ámbitos lo que corresponde hacer es que los mercados funcionen mejor, lo que requiere regulaciones eficientes. Sin embargo, si no se adopta la amplitud de una perspectiva institucional, la estrategia resultante no logrará nunca fortalecer los verdaderos pilares del crecimiento. En el momento de definir sus conductas, las personas toman en cuenta todas las consecuencias esperadas de sus decisiones. Si perciben que el mayor beneficio lo obtienen buscando redistribuir la riqueza disponible, sin crear valor, ése será el camino que seguirán con mayor frecuencia. Los incentivos que determinan las conductas están presentes en todas las instituciones de la sociedad, formales e informales, de orden económico y político. En las últimas décadas hemos aplicado un conjunto de reformas que han significado enorme provecho para el desarrollo del país. Este es el caso de la apertura comercial y financiera, la estabilización macroeconómica y las políticas de mercado. Sin embargo, a la hora de definir una agenda de futuro es indispensable adoptar un enfoque más amplio que perfeccione nuestra base institucional. Primero, asegurar un funcionamiento razonable del sistema político, en el que existen muchas decisiones que obedecen a intereses especiales, distanciando la política del interés común. Una condición indispensable es abordar las exigencias de una efectiva competencia. Segundo, una administración del Estado capaz de aportar un marco de reglas de juego que sea eficiente y socialmente legítimo. Un entorno económico y social estable y que incorpore a todos los miembros de la sociedad requiere de una transformación del Estado, desde un actor que enmascara una neutralidad obsoleta a otro que genera sistemas de incentivos coherentes y alineados con el bien común. Tercero, efectiva competencia en los mercados. Deficiencias como las barreras a la entrada, las estructuras poco competitivas, las fallas en los mercados de capitales, las trabas en el ámbito del trabajo y las deficiencias en el acceso al conocimiento tecnológico hacen que el esfuerzo de las personas y de las empresas no sea recompensado como corresponde. Cuarto, promover las normas y valores sociales que vinculen el resultado con el esfuerzo. Esto significa una sociedad más abierta y horizontal en las relaciones sociales, que refuerza la meritocracia, evita las relaciones interpersonales autoritarias y el paternalismo estatal. La excesiva desventaja por el origen socioeconómico de los hogares es una manifestación empírica de un sistema de incentivos defectuoso. Esta es la agenda que necesita el país para dar un nuevo impulso al crecimiento con equidad social. Las nuevas circunstancias de la economía debieran producir un giro desde el fundamentalismo de mercado a un enfoque institucional.