La efectividad de las medidas para hacer frente a la crisis depende principalmente de su impacto en la confianza, porque estamos en un período cargado de incertidumbre. Las cifras recientes muestran un palpable freno en la actividad, atribuible a los efectos directos de la crisis internacional, amplificados por los temores que se transmiten de un sector a otro. Las autoridades han actuado coordinadamente con una fuerte baja en la tasa de política monetaria y un significativo paquete fiscal. El mercado ha reaccionado favorablemente, coherente con el incremento en la valoración positiva de la población a la conducción económica que, según la encuesta Adimark, ha pasado de 32% a 48% en sólo tres meses, reflejando que las autoridades están orientando bien sus decisiones. De paso, este episodio aporta otro ejemplo a la paradoja de que los chilenos somos mejores administrando crisis que bonanzas. En períodos normales, el efecto de las políticas es directamente proporcional a la cuantía de las acciones adoptadas. Ahora, en cambio, el resultado económico depende de la interacción entre la magnitud de la política y su efecto en las expectativas de los mercados. Por ejemplo, una de las medidas mejor perfilada es el bono por asignación familiar que recibirán los hogares de los primeros quintiles, que totaliza una transferencia de US$ 250 millones. Sin embargo, si consideramos que la deuda de estos grupos sólo con las casas comerciales es varias veces superior a esta transferencia, hay que plantearse la eventualidad de que estos recursos vayan a aliviar su endeudamiento y no a aumentar el consumo, lo que anularía el efecto económico esperado. De hecho, esto es lo que ocurrió en EE.UU. con los cheques de las rebajas tributarias que recibieron los contribuyentes en el tercer trimestre de 2008, que se utilizaron principalmente en aumentar el ahorro en vez de incrementar el gasto. La tarea de los gobiernos es generar un ambiente de confianza, indispensable para el buen funcionamiento de la economía. Para lograr este objetivo es necesario que el diseño de sus acciones esté bien conectado con la realidad, lo que se alcanza con un diagnóstico acertado que se debe transmitir a la opinión pública; además, las autoridades deben mostrar un sentido de responsabilidad, que se manifiesta en la disposición a adoptar todas las medidas que estén a su alcance para cumplir con la tarea que la sociedad les ha encomendado; y, por último, las decisiones que adoptan deben tener claridad de propósito para que puedan unir a la sociedad en los períodos difíciles. Sin embargo, generar confianza en medio de una crisis internacional como la que estamos viviendo es también una responsabilidad que comparten otros actores sociales, como líderes políticos, autoridades gremiales, dirigentes sindicales y directivos de las empresas. Basta recordar la negativa reacción de los mercados en Estados Unidos a fines de septiembre pasado cuando el Congreso le dio la espalda al rescate de Bush. En cambio, el respaldo que recibió la mayoría de los anuncios de nuestras autoridades es coherente con la positiva reacción de los mercados financieros y anticipa un mayor impacto económico. Dado que el ambiente de incertidumbre tiene su epicentro en los mercados financieros, la efectividad de la política monetaria es menor que en períodos normales. De hecho, las bajas de tasas en Estados Unidos comenzaron a fines de 2007 y han tenido escaso efecto, haciendo evidente que se requiere una política fiscal más activa, aunque los temores de los hogares también pueden diluir su impacto. Sólo un seguimiento cercano de los efectos de las medidas, haciendo los ajustes necesarios, puede conducirnos con éxito por el espinoso 2009. Sin embargo, no hay que olvidar que la salida de las recesiones internacionales ha sido históricamente rápida y no hay razones para pensar que ésta será una excepción cuando se disipe la incertidumbre. En el seguimiento de las medidas hay tres aspectos a tomar en cuenta. Primero, es importante reafirmar el carácter transitorio del impulso fiscal adicional. Esto significa separar las agendas de largo plazo, que buscan introducir cambios permanentes en la carga tributaria, en el nivel del gasto o en la regla fiscal, de la necesidad transitoria de actuar sobre el consumo y la inversión. Estos dos objetivos son muy diferentes y la discusión de los proyectos en el Congreso se facilitará si se mantienen bien separados, del mismo modo como las enseñanzas de Keynes sirven para enfrentar el ciclo de corto plazo, pero no el crecimiento de tendencia. Segundo, las medidas anunciadas necesitan ser bien gestionadas para que aporten todo su potencial, tanto en la reactivación como en el desarrollo de largo plazo. En algunos casos hay que preparar y tramitar iniciativas de ley; o gestionar inversiones públicas, asignar fondos municipales o implementar programas de empleo o de capacitación. Esta es una tarea que necesita tener plazos públicamente definidos, transparencia en los avances y una evaluación independiente de lo realizado. Tercero, las medidas de la semana pasada no son las últimas que se aplicarán en el contexto de la actual crisis internacional. Esto significa que el Banco Central y las autoridades fiscales deben mantener una disposición a actuar nuevamente si las circunstancias lo ameritan y también a coordinarse como lo han hecho hasta ahora. El ahorro que realizó el país por varios años nos permite tener los recursos para actuar en estas circunstancias adversas y la reacción de la población respalda este enfoque. Si las acciones de corto plazo son efectivas, veremos que la confianza retornará a los mercados, la actividad económica se encaminará hacia su nivel de tendencia y enfrentaremos nuevamente el desafío de convertirnos en un país que administra bien no sólo las crisis, sino también las bonanzas.