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Incierto destino legal del denunciante anónimo en el contexto de la propuesta constitucional actual

"...En nuestra sociedad se ha instalado la idea de que los 'acuerdos' y 'salidas alternativas' (o los acuerdos extrajudiciales) no son más que trampas que evitan que los 'verdaderos responsables' paguen por sus ilegalidades. Y de la mano con esta idea está otra —utópica, por cierto— de que el Estado puede y debe tener la capacidad de descubrir por sí solo todos y cada uno de los delitos..."

Lunes, 20 de junio de 2022 a las 13:10
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Ignacio Ried
En los últimos dos años se han presentado proyectos de ley para incorporar la figura del “denunciante anónimo” en la administración pública. En la misma línea, se reformó el año pasado la ley que regula a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), creando justamente esta figura para las conductas que fiscalice esa comisión.

El “denunciante anónimo”, al igual que la “delación compensada” y el “agente encubierto”, son figuras todas controvertidas. Se trata, ni más ni menos, del “whistleblower”, que delata a otras personas —y a veces a sí mismos— ante la autoridad cuando toma conocimiento o participa de conductas reñidas con la ley. En nuestra cultura se nos enseña desde niños a despreciar al “acusete” del curso: nadie quiere ser su amigo y todos desconfiamos de él, aun cuando —en rigor— el “acusete” esté haciendo una loable labor: denunciar conductas indebidas o, incluso, ilegales.

Además, hay una predisposición casi inconsciente en contra de este tipo de figuras, pues en nuestra sociedad se ha instalado la idea de que los “acuerdos” y “salidas alternativas” (o los acuerdos extrajudiciales) no son más que trampas que evitan que los “verdaderos responsables” paguen por sus ilegalidades.

Y de la mano con esta idea está otra —utópica, por cierto— de que el Estado puede y debe tener la capacidad de descubrir por sí solo todos y cada uno de los delitos e infracciones que se cometen en nuestra sociedad. Superfiscales y superdetectives en cada casa y oficina, prestos a detectar toda desviación de los ciudadanos.

El borrador de Constitución que se plebiscitará en septiembre de este año recoge esta forma de pensar. Así se consagró constitucionalmente que el Ministerio Público podrá perseguir de oficio cualquier clase de delito, haya o no denuncia o querella de la respectiva repartición pública, como se exige hoy, por ejemplo, en materia tributaria o de libre competencia (en que debe accionar el SII o la FNE para iniciar el procedimiento).

No hay que ser particularmente sagaz para ver en este tipo de normas un portazo para cualquier contribuyente o participante en colusiones que quiera delatarse o denunciarse, previo acuerdo con la administración. Si el Ministerio Público igualmente podrá perseguir de oficio a quien se denuncie ante la administración, es obvio que nadie querrá delatarse (es mejor esperar a que lo descubran, si es que algún día ocurre).

El fiscal nacional económico advirtió lo inconveniente de esta norma, pero es muy posible que sus advertencias reboten contra las murallas y, finalmente, entre en vigencia.

Como marco, es importante señalar cuál es el panorama actual en nuestra legislación respecto de los incentivos para los delatores, sea de conductas ajenas o propias.

En la legislación penal se diseñaron una serie de “salidas alternativas” que permiten terminar anticipadamente los procesos penales —muchas veces sin condena y sin cárcel— a cambio del reconocimiento de responsabilidad y/o del aporte de información. Lamentablemente, nunca se dotó de exigibilidad a los acuerdos a los que llegaran —a puertas cerradas, pero legalmente— imputados y fiscales. Además, en la práctica, la figura de los querellantes (particulares e institucionales) ha complotado contra la verdadera efectividad de estos acuerdos.

Un ejemplo muy recordado fue aquel al que llegaron los controladores del Grupo Penta con la fiscalía, en que colaboraron a cambio de que no se solicitara su prisión preventiva; acuerdo que fue incumplido a último minuto. ¿Qué abogado aconsejaría hoy a un cliente-imputado colaborar con la justicia, con este precedente?

Asimismo, en la regulación de la CMF se establecieron ciertas exenciones de responsabilidad o rebajas en las sanciones administrativas para quienes se autodenuncien o colaboren. Sin embargo, al no existir una norma espejo en materia penal —que en muchos casos investigará exactamente los mismos hechos que indaga el fiscal de la CMF— el efecto que se produce es que no hay incentivo alguno para colaborar. Y la razón es muy sencilla: quien colabore con la CMF, aun cuando se libere de la sanción administrativa, igualmente puede ser inculpado penalmente.

En materia de libre competencia recordaremos el conocido fallo de la Corte Suprema que terminó por sancionar igualmente a la CMPC, aun cuando fue esta quien se autodenunció en el escándalo de la “colusión del papel”.

Por otra parte, la opinión pública se ha encargado de cuestionar duramente todos estos acuerdos, que no solo son tremendamente beneficiosos, sino que imprescindibles para lograr descubrir hechos graves y que comprometen enormemente los mercados o la fe pública. Se les ha tildado de ser nada más que “arreglines” a espaldas de la justicia que, finalmente, solo pretenden dejar libre de polvo y paja a “delincuentes de cuello y corbata”.

Otro ejemplo reciente son los testimonios anónimos que muchas personas dieron a la Comisión Valech, referidos a violaciones de derechos humanos en dictadura. Cada cierto tiempo se pone en entredicho esta protección del anonimato y se amenaza con develar su identidad.

Los denunciantes anónimos, y figuras afines de los proyectos de ley recientes, van en la dirección correcta, pero llegan en un momento en que estas instituciones tienen poca o ninguna legitimidad social. Esto acarrea que fiscales y jueces terminen cediendo frente a interpretaciones alejadas de su espíritu o, derechamente, ilegales. No olvidemos que “la verdad” es una cuestión sumamente difícil de alcanzar, si no es con la ayuda de los propios involucrados.

* Ignacio Ried Undurraga es socio de QRF abogados y máster en Derecho Penal y Ciencias Penales.

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