Aunque no se suelen reseñar esta clase de libros, nos parece útil destacar el trabajo del profesor Alfredo Ferrante, actualmente profesor en la Universidad de Pavía (Italia) y que estuvo varios años en Chile haciendo clases principalmente en la Universidad Alberto Hurtado. Sin duda, es un acierto de Tirant lo Blanch —que sigue poniendo como lugar de edición la ciudad española de Valencia, aunque se trate de una obra chilena— editar en un formato pequeño y manejable esta obra de indispensable consulta sobre la Ley Nº 19.496. Lamentamos sí que el libro se haya encuadernado de una manera que impide consultarlo y abrirlo más fácilmente.

El minucioso trabajo de Ferrante resulta especialmente provechoso. A la edición de la Ley Nº 19.496, con la reciente reforma de la Ley Nº 21.398, de 2021, cuyas adiciones se destacan mediante un texto en azul, agrega dos leyes importantes: la Ley Nº 20.009, de 2005, que establece un régimen de limitación de responsabilidad para titulares o usuarios de tarjetas de pago y transacciones electrónicas en caso de extravío, hurto, robo y fraude, y la Ley Nº 21.236, de 2020, que regula la portabilidad financiera, así como su reglamento.

El libro se divide en una nota preliminar, en que el autor explica el propósito de la edición, una primera parte en la que se plasma el texto de la Ley Nº 19.496, con concordancias internas (a artículos de la misma ley) y externas a otras normas legales y reglamentarias, así como la constancia de sus modificaciones; una segunda parte donde se incluyen las dos leyes ya mencionadas y el reglamento de la última, y, finalmente, una tercera parte, donde se incluyen dos cuadros sinópticos, uno relativo a las infracciones y multas y otro para los topes y variaciones porcentuales de las infracciones y multas, un listado de leyes citadas por la Ley Nº 19.496, una correlación entre disposiciones de la Ley Nº 19.496 con reglamentos, un listado de las leyes modificatorias de la misma ley, la primera ley de protección al consumidor: Ley Nº 18.223, de 1974 (cuyos arts. 5 y 13 siguen vigentes), y el texto original de la Ley Nº 19.946.

Quizás el cuadro de abreviaturas del comienzo debió haberse limitado, ya que aparecen todas las leyes, circulares, decretos, decretos con fuerza de ley, decretos leyes, reglamentos y resoluciones que se citan, sin que en realidad sean verdaderas abreviaturas, sino que más bien es una identificación de las normas con sus fechas de emisión, promulgación o publicación en el Diario Oficial, y que ocupa excesivas páginas.

No podemos sino coincidir con el redactor —de hecho, ese fue nuestro primer comentario cuando se publicó la Ley Nº 19.496— en que estamos ante una ley “poli semántica, descuidada y caótica” (p. 37). Pero este juicio sobre el texto original, como bien señala Ferrante, se ha agravado con las múltiples y disímiles modificaciones de que la ley ha sido objeto, a las que hay añadir una sentencia del Tribunal Constitucional que incurrió en serios errores que solo se subsanaron después de largo tiempo. Todo esto ha ocasionado que la ley sea especialmente difícil de comprender incluso para los profesionales del Derecho. Lo del diferente estilo de inserción de nuevos artículos: algunos con la fórmula A, B, C, D y otros con la fórmula bis, ter, quater, contribuye a este caos normativo en el que se ha transformado este cuerpo legal.

La verdad, no parece que podamos esperar que el Congreso, tal como se encuentra conformado, pueda pedir a una comisión de abogados o académicos expertos que elabore un Código de Consumo, que no solo ordene y sistematice mejor la normativa y aborde otros aspectos no incluidos en la ley, como parece propiciar el redactor de esta obra.

Pensamos que lo que cabe auspiciar es que no se sigan dictando leyes modificatorias que continúen fragmentando e introduciendo nuevos preceptos casuísticos y poco operativos, para que así se dé oportunidad a que tanto el Sernac como los jueces puedan producir una jurisprudencia que sea coherente y sólida. Esto, por cierto, va en contra del exacerbado legalismo que se ve en la cultura jurídica chilena.

En todo caso, el esfuerzo de Alfredo Ferrante por brindar a los lectores una edición de la Ley Nº 19.496, con todos estos apéndices y anotaciones, es relevante y valioso justamente para que la ley pueda usarse e interpretarse de la mejor manera por abogados, jueces y demás interesados en el Derecho del Consumo.

* Hernán Corral Talciani es profesor de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes.