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Concesiones mineras: límites a la hoja en blanco

"...No hay dudas de que las demandas políticas, históricas y sociales de los pueblos indígenas deben ser atendidas con sentido de urgencia. Sin embargo, este desafío trasciende la gestión de la Convención y es un asunto de largo aliento. Desde el punto de vista jurídico, lo que está claro es que la política constitucional actual tiene límites y conviene que la Convención los respete..."

Viernes, 03 de diciembre de 2021 a las 20:50
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Felipe Allende e Ignacio Urbina
¿Podría la nueva Constitución decretar el término de las concesiones mineras válidamente constituidas? Recientemente algunos abogados han planteado que en Chile las concesiones mineras son otorgadas por sentencia judicial y que el texto de nueva Constitución debe respetar las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas, por lo que la Convención no puede aprobar un texto que ponga término a las concesiones mineras válidamente constituidas. Aunque esto tiene lógica, conviene profundizar en sus fundamentos.

Está claro que la “hoja en blanco” tiene límites: el artículo 135 de la Constitución vigente establece que el texto que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de República, el régimen democrático, los tratados internacionales y las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas.

Dicho límite tiene su origen en el trabajo de la Mesa Técnica Constituyente, formada luego del Acuerdo por la Paz e integrada por 14 expertos que acordaron un marco de civilización que daría tranquilidad, certeza, confianza y adhesión al proceso constitucional. En el caso de las sentencias firmes y ejecutoriadas, se trataría de hacer extensiva a la Convención una prohibición, consagrada en la Constitución actual, de hacer revivir procesos fenecidos (artículo 76 de la Constitución). Es decir, se trata de una cuestión estructural que permitiría mantener la continuidad del Estado de Derecho entre dos textos constitucionales.

Aclarado el límite de la “hoja en blanco” y, por ende, el marco mínimo de civilización acordado transversalmente para la Convención, revisemos el estatuto de las concesiones mineras.

En Chile, las concesiones mineras, tanto de exploración como de explotación, se constituyen mediante un procedimiento judicial no contencioso, basado en un juicio objetivo en el cual, de confirmarse el cumplimiento de ciertos requisitos, debe dictarse sentencia constitutiva de la concesión minera. Así, dentro del marco de dicho procedimiento judicial, el juez dicta una resolución que tiene por objeto pronunciarse acerca de la constitución de la concesión minera.

Luego, la referida resolución por la cual se constituye el otorgamiento de una concesión minera tiene el carácter de sentencia definitiva, por aplicación de las normas pertinentes del Código de Procedimiento Civil, especialmente aquellas referidas a procedimientos judiciales no contenciosos, como lo es el procedimiento para constituir concesiones mineras.

Así, la sentencia constitutiva de la concesión minera, como su nombre lo indica, crea una concesión que antes no existía, en beneficio del concesionario minero que la ha solicitado, en virtud de una sentencia judicial firme y ejecutoriada, dictada por juez competente con arreglo al procedimiento establecido en el Código de Minería.

¿Qué implicancias prácticas tiene esto? Bastantes. La Comisión de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad de la Convención, en la propuesta preliminar del documento que sería sometido a consulta indígena en el actual proceso, propone un artículo que señala: “Decrétese el fin a las concesiones mineras”, precisando luego que una “comisión especial” debería establecer condiciones para la continuidad de ciertas concesiones. Desde nuestro punto de vista, esto no estaría permitido por las reglas del proceso constitucional, ya que implica revivir un proceso judicial que ya está finalizado por sentencia firme y ejecutoriada.

Entonces, ¿esto significa que nunca podría ser revisado el sistema de concesiones mineras? Ciertamente, no, solo implica que la discusión constitucional actual debe respetar la existencia de las concesiones otorgadas por sentencias firmes y ejecutoriadas. Al igual que con los tratados internacionales, que podrían ser revisados en forma posterior a la promulgación de la nueva Constitución, el sistema de concesiones podría ser analizado a futuro, conforme a las reglas constitucionales y legales que procedan. Pero, por ahora, no.

No hay dudas de que las demandas políticas, históricas y sociales de los pueblos indígenas deben ser atendidas con sentido de urgencia. Sin embargo, este desafío trasciende la gestión de la Convención y es un asunto de largo aliento. Desde el punto de vista jurídico, lo que está claro es que la política constitucional actual tiene límites y conviene que la Convención los respete.

* Felipe Allende Destuet es socio de Barros & Errázuriz Abogados e Ignacio Urbina Molfino es asociado senior de la misma firma.

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