EL MERCURIO. COM
Versión para imprimir El Mercurio.com

Santiago de Chile. Mié 01/12/2021

0:17
Atención a suscriptores

Santiago:   Mín. 5°C   |   Máx. 20°C   |   Actual 13°C

La creación del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos

"...Constituye un enorme avance para promover y garantizar el cumplimiento y pago de los alimentos devengados a los alimentarios (...), contribuyendo a regularizar una situación de injusticia para ellos que, además de sufrir la falta de la figura paterna o materna en su caso, deben soportar la falta del apoyo económico para la satisfacción de sus diferentes necesidades personales..."

Martes, 19 de octubre de 2021 a las 9:46
  • Facebook
  • Twitter
Enviar
Imprimir
agrandar letra
achicar letra
Manuel Barría
Uno de los efectos que produjo el retiro del 10% de los fondos previsionales de las AFP fue la disposición legal por la cual se estableció la posibilidad de solicitar la retención de dichos fondos a los tribunales de Familia por los alimentarios para el pago de alimentos devengados y atrasados. Según fuentes del Ministerio de Justicia, los tribunales de Familia habían autorizado el pago de 476.269 liquidaciones por pensiones de alimentos, provenientes de los tres retiros de fondos de las AFP. Ello, en gran medida, demostró la alta cantidad de pensiones de alimentos impagas en nuestro país, lo que en todo caso ya se había denunciado por la profesora Carmen Domínguez Hidalgo, quien había indicado que “en tiempos en que en nuestro país se debaten distintos aspectos de la vida social que se sostiene deben ser reformados, sorprende que haya uno del que nadie habla: la grave situación que aqueja a un sinnúmero de niños en Chile que no reciben siquiera lo necesario para sobrevivir por parte de sus padres”1.

En base a ello, el 5 de octubre pasado el Congreso Nacional despachó el proyecto de ley que modifica la Ley N° 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, pero que además crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos (Boletín N° 14.077-18) y que debiera prontamente ser promulgada por el Presidente de la República. Se ha basado en un trabajo conjunto y mancomunado en que han participado los tres poderes del Estado, así como la academia, pues han existido un diagnóstico y propuestas, entre otras, de la mesa técnica que estudió el actual marco jurídico para el pago de pensiones de alimentos y que estuvo conformado por representantes de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de la Mujer y la Equidad de Género, de la Subsecretaría de la Niñez así como juezas de Familia, académicos y académicas de diversas universidades, como también representantes del Congreso Nacional.

Dicho proyecto de ley hace dos grandes modificaciones. Por una parte, modifica la Ley N° 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, que entre otras modificaciones establece que la resolución que fija o aprueba la pensión de alimentos deberá expresar su monto en unidades tributarias mensuales (UTM), con lo que se introduce una medida de reajuste de la pensión. Se establece además que en la resolución que provea la demanda de alimentos, el tribunal, de oficio o a petición del demandante, podrá ordenar a diferentes instituciones u organismos públicos o privados que aporten antecedentes útiles que permitan determinar los ingresos y la capacidad económica del demandado. Se incorpora además una especie de “acción pauliana” a favor del alimentario, para que pueda solicitar que se rescindan los actos o contratos celebrados por el alimentante con la finalidad de reducir su patrimonio, en perjuicio del alimentario. Por otra parte (y quizás lo más relevante del proyecto), crea el denominado “Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos”, el cual estará a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación. En este registro se incorporarán los alimentantes que reúnan dos requisitos: a) que estén obligadas al pago de una pensión de alimentos, provisorios o definitivos, fijados o aprobados por resolución judicial que causa ejecutoria; b) que adeuden, total o parcialmente, al menos tres mensualidades consecutivas de alimentos provisorios o definitivos, o cinco descontinuas.

La inscripción del alimentante deudor en el registro abrirá una serie de mecanismos que permitan cobrar las pensiones de alimentos adeudadas. Así, por ejemplo, si una persona natural pide un préstamo en una entidad financiera por más de 50 UF, dicho proveedor de servicios está obligado a consultar en el registro y, si ahí figura el solicitante, la entidad financiera está obligada a retener el equivalente al 50% del crédito o lo suficiente para el pago de los alimentos adeudados.

De la misma manera, para el procedimiento de devolución de impuestos, Tesorería puede retener parte de ello para el pago de alimentos. Por otra parte, el alimentante inscrito en el registro no podrá obtener pasaporte o licencia de conducir, a menos que acredite ante los tribunales la necesidad de obtener tales documentos. Y, además, se amplía la posibilidad de retención de parte de los ingresos del alimentario inscrito en el registro, y que tenga por pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, así como de indemnizaciones por años de servicio, entre otras cargas y limitaciones de diversa naturaleza.

Para ingresar a la administración del Estado, del Poder Judicial, el Congreso Nacional u otro organismo público, o bien, para ascensos o promociones en estas instituciones, la persona inscrita en este registro deberá autorizar a dicho organismo para que proceda a retener y pagar directamente al alimentario el monto de las futuras pensiones de alimentos.

En el caso de los directores y gerentes generales de sociedades anónimas abiertas con transacción bursátil y que estén inscritos en el registro en el carácter de deudor de alimentos, la sociedad respectiva deberá retener del sueldo el equivalente al 50% de su sueldo o monto total de los alimentos adeudados en su caso.

La permanencia de estas personas en el registro no es definitiva, pues dicha inscripción se puede cancelar por orden del tribunal y comunicada al servicio, una vez que se acredite por el alimentante que ha pagado íntegramente los alimentos adeudados, o se adopte un acuerdo de pago, serio y suficiente, aprobado por el tribunal a través de una resolución judicial.

Estas y otras medidas permiten ir avanzando en busca de mayor dignidad y protección de los derechos de los alimentarios. Hace unos días se ha presentado un proyecto de reforma constitucional por un grupo de senadoras y senadores de diferentes tendencias políticas (Boletín N° 14.629-07) que busca establecer como requisito para ser candidato a Presidente de la República, senador o diputado el no haber sido condenado por delito de violencia intrafamiliar ni estar incorporado en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

En consecuencia, la creación de este registro constituye un enorme avance para promover y garantizar el cumplimiento y pago de los alimentos devengados a los alimentarios, especialmente para niños, niñas y adolescentes, contribuyendo a regularizar una situación de injusticia para ellos que, además de sufrir la falta de la figura paterna o materna en su caso, deben soportar la falta del apoyo económico para la satisfacción de sus diferentes necesidades personales.

* Manuel Barría Paredes es profesor de Derecho Civil de la Universidad de Concepción.


1 Domínguez Hidalgo, Carmen, “Incumplimiento de las pensiones alimenticias. Uno de los dramas morales más graves de Chile”, Revista del Abogado, N° 77, 2019, p. 21.

EL MERCURIO.COM
Términos y condiciones de la Información © 2002 El Mercurio Online
El Mercurio

"...El caso Leufu Pilaiquen es la síntesis de una larga jurisprudencia de la Corte sobre la relación entre consulta indígena y procedimiento administrativo que comenzó hace más de una década, pero que en esta ocasión ha delimitado de modo permanente al definir la consulta como el único medio de participación de las comunidades indígenas ante los organismos de la Administración del Estado, sin que estos puedan utilizar mecanismos alternativos..."

El Mercurio

"...Ya sabemos cómo continúa esta historia. Uno de los dos candidatos obtiene entre 50-55% de los votos. Ello le dará una interpretación subjetiva distorsionada de su mandato (...) En el fondo, somos testigos en tiempo real de cómo se incuba un sistema político bloqueado, que podrá desembocar en una crisis política mayor y, para la cual, el modelo no tiene salidas institucionales no traumáticas..."

El Mercurio

"...Modestos permisionarios de espacios públicos quedan así entregados a la desnuda discrecionalidad de los alcaldes, quienes (dada la desorientación de la jurisprudencia) gozan actualmente de una efectiva ausencia de control jurisdiccional, pues sus reclamos ante los tribunales no tienen por resultado un efectivo control jurídico como el que se espera en un Estado de Derecho..."

El Mercurio

"...Este caso deja en evidencia la necesidad de contar con reglas claras en materia de normas técnicas, especialmente por el mayor protagonismo que han adquirido en el ámbito del derecho administrativo. Así, a modo de ejemplo, buena parte de la regulación en materia de transformación digital de la Administración del Estado será regulado en normas técnicas..."

El Mercurio

"...Si bien las propuestas en materia de justicia difícilmente inclinarán la balanza a favor de una u otra candidatura, especialmente en un contexto polarizado, la existencia de ciertas coincidencias dan pie para exigir su puesta en marcha independientemente de quien resulte victorioso..."

Ver más

Comentarios Recientes

Más Comentados

Ranking de Comentadores