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“Una discusión seria sobre el jurado debería reconocer que la institución tiene una connotación simbólica que excede, con mucho, su importancia práctica”

En una columna enviada a El Mercurio Legal, el académico de Derecho Procesal Penal de la Universidad de Chile responde al análisis del profesor Mauricio Duce y asegura, entre otras cosas, que proponer este mecanismo para validar el sistema de administración de justicia revela “un error de diagnóstico acerca de las verdaderas causas de los problemas de legitimidad (...) y conlleva, por tanto, una generación de expectativas falsas”.

Martes, 29 de junio de 2021 a las 16:30
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Julián López
Hace algunos días, en una carta al director de “El Mercurio, manifesté mi sorpresa por el hecho de que dos candidatos presidenciales de signo opuesto hayan considerado instaurar el juicio por jurados como parte de sus programas de gobierno para los próximos cuatro años. Lo hice mencionando algunos de los innumerables problemas institucionales y operativos que aquejan a nuestro sistema de administración de justicia, en general, y a la persecución penal, en particular.

El profesor Mauricio Duce, en su columna “Juicio por jurados: algunos antecedentes para alimentar el debate”, afirma que las necesidades de priorización de otras políticas públicas no deberían clausurar un debate sobre la institución del jurado, lo que le parece “incorrecto e inadecuado”, y reflejaría una “pobre comprensión de cómo avanzan en la dinámica social los cambios en una sociedad como la nuestra”.

Considerando la forma en que el profesor Duce suele abordar las discusiones sobre temas de interés público, es llamativo que sea precisamente él quien reste relevancia a consideraciones sobre la racionalidad de las políticas públicas en una cuestión tan trascendente como esta. Pero, sobre todo, es contradictorio que quien manifiesta comprensión y reconoce legitimidad a distintas posturas pretenda alimentar un debate atribuyendo intenciones y descalificando, de entrada, a quienes sostengan una idea contraria.

En primer lugar, y para completar la idea, debo aclarar que mi referencia a los problemas actuales del sistema de administración de justicia no tenía solo por objeto apuntar a la cuestión de las prioridades de las políticas públicas, sino también (i) enumerar algunas de las causas por las cuales la capacidad de nuestro sistema para responder a las demandas de justicia de la ciudadanía está actualmente en entredicho y (ii) afirmar que el juicio por jurados no es una institución idónea para hacerse cargo de esas causas.

Esto es así porque los jurados no pueden reemplazar a los fiscales ni a las policías en sus roles investigativos, ni suplir la ausencia de prueba que impide hoy a los jueces adoptar mejores decisiones, ni imponer sanciones más acordes con la gravedad de los delitos que se imputan. La única función que podrían cumplir los jurados es la de reemplazar a los jueces profesionales que integran los tribunales de juicio oral en la determinación de los hechos probados y en la decisión de si un acusado debe o no ser declarado culpable. Y el problema es que, en la correcta ejecución de esa función por nuestros jueces, nadie parece estar haciendo sonar las alarmas.

Proponer la institución del jurado con el propósito de “legitimar” el sistema de administración de justicia revela, a mi modo de ver, un error de diagnóstico acerca de las verdaderas causas de los problemas de legitimidad del sistema y conlleva, por tanto, una generación de expectativas falsas.

Con todo, el profesor Duce invita a abrir un debate sobre nuestras preferencias acerca de cómo organizar nuestro sistema de justicia penal y qué rol podrían jugar en él los jurados. Pero se trata de una invitación limitada a discutir “la variada gama de alternativas que ofrece el jurado”, ya que “hacer juicios sobre la viabilidad sin tener un modelo claro en la cabeza” sería “imposible”. Estas restricciones al debate no pueden ser aceptadas porque implicarían renunciar a discutir si tiene algún sentido considerar la institución en absoluto, lo que debería ser, naturalmente, el punto de partida.

Propongo, entonces, debatir sobre el problema de una manera menos ideologizada, permitiendo que tengan cabida tanto las luces como las sombras de esta institución y, sobre todo, comenzando por responder por qué y para qué necesitaríamos al jurado. Teniendo en consideración, además, que se trata de una institución tan profundamente estudiada desde la psicología, la sociología, la ciencia política, las comunicaciones y el derecho, es de esperar que, a lo menos, sus partidarios se hagan cargo de la evidencia empírica disponible y no impulsen un discurso apoyado solo en argumentos de autoridad o, lo que es peor, en una retórica vacía que parece detenida en la frases laudatorias que hace ya demasiados años pronunciaran Alexis de Tocqueville o Lord Devlin.

Por ejemplo, una discusión seria sobre el jurado debería reconocer que la institución tiene una connotación simbólica que excede, con mucho, su importancia práctica. Actualmente, los promotores del jurado parecen conformarse con que la institución no se aplique a causas civiles ni a la mayoría de las causas penales, con excepción de unos pocos casos por delitos muy graves. Esta excepcionalidad revela que el jurado opera como un ícono del vínculo que sus partidarios han querido ver entre el juicio por jurado y los valores de la democracia, más que como un instrumento para mejorar la calidad de las decisiones judiciales. En relación con esto —y dicho sea de paso—, el propio valor simbólico de la institución como expresión de los valores democráticos debe enfrentar con honestidad que, para muchos, el jurado ha sido históricamente un símbolo de opresión racial y que muchas democracias consolidadas no han necesitado instaurarlos.

El profesor Duce solo aporta al debate, por ahora, la nómina de los países de Europa y las Américas que cuentan con alguna forma de participación ciudadana en la administración de justicia. Ese recurso se ha vuelto una constante entre los partidarios del jurado, quienes suelen presentarlo como una institución vigorosa que marcha triunfante por el mundo. Para apoyar ese discurso citan, a menudo, el ejemplo de países que en las últimas décadas han generado formas de participación ciudadana en la justicia, tales como Rusia, España, Japón, Corea del Sur y varias provincias argentinas. La enumeración parece insinuar que instaurar jurados sería, entonces, ponerse “del lado correcto de la historia”.

La realidad, sin embargo, es que mientras en algunos países se han instaurado, efectivamente, ciertas modalidades de juicio por jurados, en los países de mayor tradición se trata, actualmente, de una institución en crisis. Con escasas excepciones, el jurado ha sido ampliamente abandonado para los juicios civiles, su uso en casos criminales ha declinado severamente y varios países que experimentaron con el jurado tiempo atrás posteriormente lo abolieron (Vidmar, 2000). En su lugar de origen, Inglaterra, los juicios por jurados representan solo entre el 1 y 2% de los casos en materia criminal; en Estados Unidos, el porcentaje de casos criminales federales resueltos por jurados disminuyó de 8,2% en 1962 a 3,6% en 2013 y el porcentaje de causas civiles de 5,5% en 1962 a 0,8% en 2013 (Diamond & Salerno, 2020).

Durante las últimas décadas, la literatura especializada que se manifiesta a favor del jurado, lejos de narrar en forma épica la expansión de una institución vigorosa se encuentra a la defensiva, tratando de responder ciertas críticas que considera infundadas, pero, también, de proponer reformas para resolver los numerosos problemas que la institución probadamente plantea. Algunos autores, recurriendo a las definiciones de la ley norteamericana sobre preservación de especies, niegan que el jurado sea una “especie en peligro de extinción”, pero admiten, a lo menos, que se encuentra en condición de especie “amenazada”, esto es, que “probablemente llegará a ser una especie en peligro de extinción en un futuro previsible en toda o una porción significativa de su rango de alcance” (Bornstein & Grenee, 2017).

Las razones para la decadencia del juicio por jurados en esos países son múltiples, pero entre ellas no puede dejar de considerarse lo que ya sabemos acerca de la forma en que la institución funciona. Muchas de las reformas que se han impulsado están relacionadas con críticas bien fundadas a los jurados, tales como (i) que su comprensión de las instrucciones y del testimonio experto es pobre; (ii) que la prueba no siempre importa en la decisión todo lo que debería; (iii) que factores no probatorios, como las características de los litigantes, importan algunas veces más de lo que deberían, y (iv) que variables procedimentales, tales como la selección del jurado, su tamaño y la regla de decisión, pueden afectar el resultado del juicio (Bornstein & Grenee, 2017). De todas esas cuestiones existe evidencia empírica que, en un debate serio, no debería ser ignorada.

La pretendida contribución del jurado a las demandas de mayor justicia debe considerar, también, el impacto que la institución produce en el funcionamiento general del sistema. El juicio por jurados es percibido —incluso por quienes lo prefieren— como más impredecible, lento e ineficiente que el juicio por jueces profesionales (Diamond & Salerno, 2020). Esto genera un incentivo para escapar de él a través de fórmulas de solución negociada que erosionan el derecho al juicio previo y generan el riesgo de incrementar severamente la condena de inocentes. En Estados Unidos, la coexistencia de un juicio por jurados, que es percibido de esta manera, y un sistema de determinación de penas, que contempla enormes diferencias entre las sanciones aplicables en uno y otro escenario, ha convertido el “derecho al juicio por jurados” en lo que más propiamente podría denominarse una “amenaza al juicio por jurados”, provocando que aproximadamente el 97% de las condenas federales y el 94% de las estatales sean resultado de declaraciones de culpabilidad y no de debates orales, públicos y contradictorios, como los que supone un verdadero juicio (Diamond & Salerno, 2020).

Aceptemos, entonces, la invitación a debatir, pero debatamos en serio. Una condición necesaria para ese debate sería que los partidarios del jurado dejaran de atribuir “sesgos” y “prejuicios” a todo aquel que manifieste una posición contraria, como si las únicas explicaciones posibles para negarse a trasplantar el jurado a Chile fueran la obstinación y la ignorancia.

* Julián López Masle es profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad de Chile.

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