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Algunas consideraciones sobre el Acta N° 87-2014 de la Corte Suprema y el contexto sanitario

"...Ha traído más de algún problema para aquellos expropiados de avanzada edad en un contexto de pandemia (y no solo bajo este supuesto, sino que en algunos que tienen movilidad reducida), en que se ha exigido que estos comparezcan personalmente sin posibilidad de representación. Similar inconveniente se ha presentado en casos en que el bien expropiado pertenece a una comunidad..."

Lunes, 07 de junio de 2021 a las 9:26
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Diego Valdés
Con ocasión de la pandemia que nos afecta se dictó la Ley N° 21.226, que estableció un régimen jurídico de excepción para los procedimientos judiciales. En el mismo sentido, nuestra Corte Suprema, mediante el Acta N° 53-2020, regló el funcionamiento del Poder Judicial durante la emergencia sanitaria. Dichas normas, entre otras medidas, adoptan una serie de resguardos para proteger la salud y vida, tanto de los funcionarios del Poder Judicial como de sus usuarios. Sin embargo, respecto de estos últimos al parecer no todos se ven amparados por dicha protección.

Me explico. Los procedimientos judiciales derivados del acto expropiatorio son hoy en día de gran aplicación en nuestro país. Estos están regulados principalmente por el DL N° 2.186 y el Acta N° 87-2014 de la Corte Suprema. Esta última norma imparte instrucciones en materia de giros de cheques en procedimientos de expropiación y, entre otras estrictas normas que impone para que los expropiados retiren los fondos que legítimamente les corresponden (art. 19 N° 24 CPR), exige expresamente la presencia física, personal y obligatoria del expropiado, junto a su abogado, para poder percibir dichos fondos, o al menos así lo han entendido algunos juzgados de Letras, sin admitir la posibilidad de que el expropiado designe un mandatario (incluso mediante escritura pública) a fin de que concurra conjuntamente con su abogado patrocinante a la gestión de retiro de cheque.

Sin perjuicio de los cuestionamientos que se pueden realizar respecto de una posible afectación al ejercicio de la profesión por parte del Acta N° 87-2014, y en particular a la facultad de percibir establecida en el inciso 2° del art. 7° del CPC, lo cierto es que hoy carece casi totalmente de justificación.

Ha perdido justificación de cara a la Ley N° 19.799, sobre documentos electrónicos, en los casos en que el expropiado acompaña al procedimiento copia de su inscripción de dominio vigente autorizada con firma electrónica avanzada, dado que esta otorga suficiente garantía de la integridad y autenticidad de los documentos acompañados. Otro tanto se puede decir respecto de la necesidad de oficiar al ministro de fe respectivo en los casos en que se solicita el giro de cheque a través de un mandatario designado en escritura pública (artículos segundo y tercero del Acta N° 87-2014).

Ahora bien, el Acta también dictó instrucciones sobre la entrega de los cheques girados a nombre del expropiado, el que se hará en presencia de este y de su abogado o apoderado (artículo cuarto) y que, a su vez, en caso de giro a nombre del abogado la entrega del cheque se hará en presencia de la parte, con idénticos resguardos a los señalados en el acápite anterior, esto es, firma de ambos y constancia de su individualización en el expediente, suscrita por el secretario (artículo quinto).

Son estos últimos artículos los que algunos tribunales han interpretado y aplicado en el sentido de no permitir que el expropiado designe un mandatario a fin de que concurra conjuntamente con su abogado o apoderado a fin de retirar materialmente el cheque que ha sido girado a su nombre, o a nombre de su abogado, bajo la lógica de que los artículos 4° y 5° del acta indicada prohibirían la representación.

Lo anterior ha traído más de algún problema para aquellos expropiados de avanzada edad en un contexto de pandemia (y no solo bajo este supuesto, sino que en algunos que tienen movilidad reducida), en que se ha exigido que estos comparezcan personalmente sin posibilidad de representación. Similar inconveniente se ha presentado en casos en que el bien expropiado pertenece a una comunidad y se solicita la comparecencia de todos y cada uno de los comuneros.

Sin perjuicio de que existen tribunales que han atenuado el tenor del Acta N° 87-2014, a propósito de la emergencia sanitaria, y han permitido la designación de un mandatario a través de escritura pública a fin de que concurra conjuntamente con el abogado o apoderado a retirar el cheque girado, ello no siempre ha sido así.

Debemos recordar que la representación es una modalidad del acto jurídico procedente en todos aquellos casos en que el legislador no la ha prohibido expresamente (cuyos supuestos son escasos en materia patrimonial).

El mismo razonamiento es predicable respecto de los actos jurídicos procesales (al menos respecto de las partes o solicitantes), no viendo motivos razonables para entender que en este caso particular (sea o no en contexto de pandemia) se ha querido prohibir que él o los expropiados puedan designar un mandatario distinto a su abogado y apoderado a fin de que acompañe a estos a la gestión de retiro de cheque. Es más, la propia Acta reconoce la posibilidad de solicitar el giro el cheque a través de un mandatario (artículo tercero), por lo que con mayor razón se puede designar uno para el solo efecto de concurrir al retiro material del cheque, evitando así un sin número de inconvenientes, tales como la concurrencia de diversos comuneros, costos de traslado, problemas de salud, entre otros, lo que actualmente pone en riesgo innecesario la salud e integridad de muchos expropiados de ya avanzada edad.

* Diego Valdés Quinteros es profesor de Derecho Procesal Civil de las universidades de Talca y Santo Tomás, además de asociado en Ricardo Baltierra y Cía. Abogados.

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