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Políticas públicas e impuestos: una falta de coherencia histórica y la solución en una nueva ley interpretativa

"...Sin esta nueva interpretación legal el país se vuelve poco competitivo comparado con nuestros pares de la OCDE, ya que para incentivar a los actores privados no solo se deben promover franquicias, sino que, primero, es necesario evitar el castigo que la misma administración aplica a contribuyentes que desean ser innovadores. Finalmente, esta interpretación auténtica le da a esta norma la coherencia que siempre debió tener..."

Miércoles, 28 de abril de 2021 a las 11:26
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Macarena Toro
El año 2020 se publicó la Ley 21.210, que moderniza la legislación tributaria. Se trata de una reforma que, entre sus aspectos más relevantes, incorpora una definición más concreta sobre lo que se debe entender como gasto necesario para producir la renta.

Los abogados que hemos trabajado muchos años en temas tributarios vemos en esta norma lo que en derecho civil se conoce como una interpretación auténtica, que es la que hace el legislador cuando una norma ha sido incorrectamente interpretada, y no como una nueva definición incorporada en el artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR). La razón para ello es simple: la interpretación que, primero, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y, después, los tribunales de justicia daban a la anterior norma de “gasto necesario” hacía incompatibles otras políticas públicas fomentadas a nivel central con las políticas fiscales, lo que claramente debía ser enmendado, era una deuda histórica.

A modo de ejemplo, hace unos ocho años atrás el gobierno anunciaba con “bombos y platillos” el año de la “innovación” y, al año inmediatamente siguiente, el del “emprendimiento”, y en Innova Chile se creaba una subdirección de Investigación y Desarrollo (I+D), entidad encargada de otorgar créditos directos por Impuesto de Primera categoría a aquellas empresas que fomentaran el I+D en el marco de un proyecto. No obstante, paradójicamente en ese mismo tiempo la interpretación de la autoridad fiscal y de los tribunales de justicia se basaba en que, en la medida que un gasto no fuese obligatorio o vinculante (cuasi ineludible legalmente), no podía ser utilizado como necesario para producir la renta, es decir, existía una diferencia radical entre los contribuyentes. Mientras unos eran premiados con créditos, otros ni siquiera podían rebajar gastos asociados a innovación o emprendimiento, por no ser ellos obligatorios.

Además, el primitivo artículo 31 de la LIR no señalaba como requisito la obligatoriedad del gasto, sino que este fue un requisito extralegal fijado por la autoridad fiscal y los tribunales al cual, además, el SII le sumó un requisito adicional, que estos produjeran renta efectivamente en el período en que se querían rebajar, lo cual muchas veces quedaba al mero criterio del funcionario fiscalizador que revisaba el caso puntual.

Así, una serie de gastos podían quedar excluidos, por ejemplo, ¿el gasto por instalar paneles solares es obligatorio?, ¿produce renta? O si contrato a una asistente social para mis trabajadores en potencial riesgo social, ¿es vinculante? O en el caso en análisis, ¿qué pasa si quiero explorar nuevas tecnologías y procesos, pero ellos no dan resultados positivos? Pues bien, ningún profesional dedicado a los impuestos podía dar certeza a sus clientes para garantizar la utilización del gasto y, menos, para señalar si el SII consideraría esos desembolsos como necesarios para producir la renta (es decir, este servicio definía la estrategia de los negocios). Sin entrar en polémicas respecto de la capacidad del SII de ser empresario, parece extraño que este organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda, vaya directamente en contra de las políticas públicas fomentadas por otros órganos de la Administración del Estado, como energía limpia, responsabilidad social empresarial con los trabajadores o I+D. A nivel tributario, la política fiscal no era coherente con ellas.

Es por esto que el nuevo texto del artículo 31 de la LIR viene a saldar una deuda histórica, al interpretar la norma de forma tal que permite que en verdad exista una coherencia entre las políticas públicas generales y la política fiscal, al indicar que los gastos son necesarios en la medida que tengan aptitud para generar renta, sea en el mismo ejercicio o en el futuro, y que se encuentren asociados al interés, desarrollo o mantención del giro del negocio, porque esa interpretación permite incurrir en gastos como energías renovables, el bienestar de sus trabajadores, en estandarizar procesos, innovar o, incluso, algo tan básico como hacer valer el derecho a la debida defensa.

La interpretación hoy establecida por ley del artículo 31 de la LIR es como siempre debió ser, permitiendo un sentido y alcance consistentes con las políticas públicas. Sin esta nueva interpretación legal el país se vuelve poco competitivo comparado con nuestros pares de la OCDE, ya que para incentivar a los actores privados no solo se deben promover franquicias, sino que, primero, es necesario evitar el castigo que la misma administración aplica a contribuyentes que desean ser innovadores. Finalmente, esta interpretación auténtica le da a esta norma la coherencia que siempre debió tener.

* Macarena Toro Arroyo es asociada del área Tributaria de Guerrero Olivos.

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