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Ciberseguridad en Chile: imperiosa necesidad de avanzar

"...La actual Ley 19.628, de 1989, sobre protección de la vida privada, se muestra desfasada e insuficiente de cara a los cambios y avances tecnológicos que ha experimentado el mundo en los últimos 15 años. Así, aspectos como una adecuada definición de los supuestos en que es posible efectuar el tratamiento de datos sin el consentimiento de su titular o el flujo transfronterizo de datos son aspectos esenciales de ser regulados..."

Miércoles, 06 de enero de 2021 a las 9:49
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Sebastián Hassi
Debido a la pandemia, la vida de muchos se volcó hacia el interior de sus hogares y, de golpe, la tecnología invadió con inusitada fuerza nuestro día a día. Salas de clases y oficinas fueron reemplazadas por reuniones a distancia vía Zoom, Google Meet o Microsoft Teams. De hecho, el valor de las acciones de la primera compañía aumentó este primer semestre en 250%.

No obstante, esta masividad de nuevas tecnologías se ha visto empañada por numerosos ataques informáticos. Según datos de Threat Intelligence Insider Latin America, propiedad de Fortinet, Chile fue blanco de 525 millones de intentos de ciberataques entre enero y junio de este año. Uno de los más relevantes y recientes incidentes es el que sufrieron, en octubre pasado, los servidores de la División de Gobierno Digital, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia, el que, según versiones de prensa, habría permitido la sustracción de la base de datos de la Clave Única. Aun cuando el acceso a tal información fue desmentido por Gobierno Digital, este precisó que se hicieron denuncias al Ministerio Público y se dio inicio a un proceso de actualización de contraseñas. Este atentado se suma al que sufrió BancoEstado y que consistió en el ingreso de un programa malicioso a los equipos de una sucursal para encriptar sus archivos y exigir el pago de un rescate a cambio de recuperarlos, lo que obligó al cierre de todas sus sucursales por un día (7 de septiembre).

Estos hechos revelan la importancia de que Chile cuente con una estructura normativa y orgánica que brinde un adecuado resguardo en materia de protección de datos y de ciberseguridad. A este respecto, desde marzo pasado se encuentra en primer trámite constitucional — detenido y sin tramitación— el proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Ciertamente, la actual Ley N° 19.628, de 1989, sobre protección de la vida privada, se muestra desfasada e insuficiente de cara a los cambios y avances tecnológicos que ha experimentado el mundo en los últimos 15 años. Así, aspectos como una adecuada definición de los supuestos en que es posible efectuar el tratamiento de datos sin el consentimiento de su titular o el flujo transfronterizo de datos son aspectos absolutamente esenciales de ser regulados.

Paralelamente, Chile necesita actualizar la Ley N° 19.223, de 1993, que tipifica figuras penales relativas a la informática. Sus únicos cuatro artículos resultan insuficientes a la hora de abordar adecuadamente la problemática que en materia de delitos informáticos ofrece la realidad actual. Así, conductas como el phishing (suplantación digital de una persona o entidad para obtener claves e información privada de la víctima) o el pharming (envío al usuario a un sitio web falso para robar información privada) no son identificadas ni sancionadas. Frente a ello, va en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados —ya aprobado por el Senado— el proyecto de ley que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la Ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales para adecuarlos al convenio de Budapest.

El 1 de agosto de 2017 Chile adhirió al Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, conocido como Convenio de Budapest, a partir del cual se deben aumentar los estándares en delitos informáticos para combatir el cibercrimen.

Sin perjuicio de estas iniciativas, está pendiente el proyecto de ley Marco de Ciberseguridad, destinado a cimentar las bases de una real estructura de protección en esta materia, así como la presentación de un proyecto de ley de Infraestructura Crítica, destinada a mejorar la capacidad de respuesta y resiliencia frente a ciberataques que afecten servicios como hospitales, energía, telecomunicaciones, agua y otros. Ciertamente, hay todavía mucho camino por recorrer.

* Sebastián Hassi Troxler es asociado senior de Garrigues Chile.

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