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Necesidad de la empresa versus desempleo

"...Llama la atención que un juez (...) sostenga que los efectos no son permanentes, soslayando la difícil situación que atraviesa, por ejemplo, un restaurante que mantuvo cerrada sus puertas siete meses. El desafío de nuestros tribunales, en este escenario de crisis, es el de hacer converger la realidad económica de las empresas con el principio de protección al empleo..."

Jueves, 05 de noviembre de 2020 a las 17:41
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María Luisa García
El mercado laboral atraviesa importantes desafíos producto de la crisis social y el impacto de la pandemia transversalmente. De hecho, la preocupación de las autoridades está en la reactivación de la economía y en disminuir la tasa de desempleo, que bordea el 12,3%. Ante este escenario, podemos estar todos de acuerdo en que las empresas deben seguir funcionando como fuente generadora de empleos.

Dicho lo anterior, según el último informe de terminaciones de contratos de la Dirección del Trabajo, vemos el aumento exponencial de los despidos fundados en la causal del artículo 161 inciso 1 del Código del Trabajo, esto es, por “necesidades de la empresa”. Se pasó de 277.542 despidos durante el período de agosto a diciembre del año 2019 a un total de 846.044 en el mismo período de 2020. Entonces, si la principal causal de terminación de contrato laboral es actualmente por “necesidades de la empresa”, conviene analizar qué entienden realmente los jueces laborales por dicha causal y cuándo estiman que está justificada su aplicación.

La causal se funda en antecedentes objetivos relacionados con el funcionamiento de la empresa, ya sean de carácter económico, tecnológico, estructural o productivo, y no se relacionan con la persona del trabajador. Por lo tanto, podría estimarse justificada la causal cuando se ha determinado que efectivamente existe una necesidad económica basada en una situación objetiva, grave y no subsanable de la empresa en el corto tiempo, sin embargo, en la práctica no es así.

Por simple que parezca, frente a cada juicio de despido por “necesidades de la empresa” hay que desplegar un importante trabajo técnico y estrategia procesal para conseguir una sentencia favorable, como si se tratara de un desafió casi imposible de alcanzar dada la escasa probabilidad de éxito, considerando que el 90% de los fallos declaran injustificados los despidos basados sobre esta causal.

Pareciera olvidarse que la facultad de un empleador de elegir a uno u otro trabajador es parte de la libertad que, en tanto administrador, tiene de determinar cómo seguirá adelante con la marcha de su negocio, es decir, con quienes considera más aptos y con quienes no. Por tanto, no es esto algo que se debiera explicar para fundamentar el despido, sino justificar los presupuestos propios de la causal. Si el juez, por su parte, estimara que las razones son otras, una suerte de discriminación, aquello debiese ser alegado en la demanda. En muchos casos, no obstante, no ocurre de esta manera, imponiendo el juez exigencias mayores a las contempladas por la ley.

Es evidente la desconfianza de los jueces ante estos casos, para que no se convierta en un mecanismo unilateral encubierto de terminación del contrato. La causal debe responder a hechos objetivos que lleven forzosamente a la empresa a recurrir al despido de un trabajador, sin que su justificación pueda implicar una mera maximización de las utilidades de la empresa en desmedro del personal que trabaja en ella.

Pero, ¿se requiere entonces que las empresas acudan a la causal solo al borde de la insolvencia? Evidentemente no, y vale la pena insistir en este punto, pues ante un país con alto desempleo, la única vía razonable para disminuir este es velar por las fuentes laborales: mayoritariamente las empresas. Obligar a acreditar las “necesidades de la empresa” con un estándar tal que suponga que aquella que esté en crisis o cayéndose a pedazos no parece la interpretación razonable y esperable de esta causal de despido. Precisamente, su fin último es evitar dicho camino, diferenciándose de esa forma de la causal del artículo 163 bis del Código del Trabajo, basada en la existencia de una declaración judicial concursal de liquidación de bienes por insolvencia del empleador.

Las altas exigencias para estimar justificado un despido llevan al extremo de ver a empresas tratando de subsistir en su mínima expresión. Sin embargo, no debe olvidarse un aspecto relevante, cual es el fin último por el cual existe una empresa, la que, más allá de sus objetivos sociales, tiene como objetivo principal la obtención de ganancias, es decir un fin lucrativo. Este propósito es amparado por la Constitución Política en el artículo 19 N° 24 y 21. La empresa puede, entonces, hacer las modificaciones necesarias para optimizar sus ganancias, siempre y cuando no afecte los derechos de los trabajadores. No sería correcto, a mi juicio, entender que la causal de “necesidad de la empresa” deviene de un afán de supervivencia o subsistencia y que solo en esos casos se encuentra justificada la desvinculación.

La “necesidad” a que hace referencia la ley es la de cumplir los fines para los cuales la empresa fue creada, por ejemplo, mantener un rol competitivo en el mercado en que se encuentra, siendo rentable y eficiente en el camino para alcanzar sus fines, por lo que no corresponde al tribunal determinar si la decisión es correcta o adecuada desde un punto de vista económico o financiero. Lo contrario sería dar pie a que el Estado, o los tribunales, gerencien una empresa.

Llama, por ende, la atención que un juez, reconociendo los efectos que los acontecimientos referidos han tenido en la productividad de la empresa, sostenga que los efectos no son permanentes, soslayando la difícil situación que atraviesa, por ejemplo, un restaurante que mantuvo cerrada sus puertas siete meses.

El desafío de nuestros tribunales, en este escenario de crisis, es el de hacer converger la realidad económica de las empresas con el principio de protección al empleo. Parece forzoso recordar que no existe mejor protección al empleo que mantener las fuentes laborales y que, al final del día, es la empresa la que genera los empleos. Un excesivo proteccionismo lleva al contrasentido de impactar negativamente sobre la contratación y mantención del empleo.

* María Luisa García Riffo es asociada de Canales Parga Abogados Laborales.

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