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Remuneración voluntaria: ¿acierto o error conceptual del Servicio de Impuestos Internos?

"...Nos sorprende y preocupa que el SII, a partir de un oficio, es decir, de un acto administrativo, cree nuevos conceptos jurídicos, puesto que esto se contrapone abiertamente a disposiciones legales tanto de índole laboral como de carácter tributario, rompiendo con ello —a nuestro parecer— el carácter armónico e integrado que debe tener el ordenamiento jurídico al ser comprendido como un todo..."

Jueves, 24 de septiembre de 2020 a las 9:45
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Felipe Neira y Valentina Galdames
La entrada en vigencia de la Ley N° 21.210 (“Reforma Tributaria”) acarreó una flexibilización en los requisitos establecidos para deducir ciertos gastos de la base imponible de los contribuyentes de primera categoría. Por otro lado, y en el contexto actual de la pandemia derivada del covid-19, el Servicio de Impuestos Internos (SII) publicó la Circular Nº 32 —de fecha 29 de abril de 2020—, en la cual, haciendo un análisis de los requisitos generales que deben cumplir los gastos para ser aceptados1, señaló que tendrían dicha calidad aquellos gastos incurridos por un contribuyente, ya fuere en el ámbito de la prevención y contención del virus o en la adopción de medidas de resguardo del interés de su negocio.

Precisamente, dentro de la última clasificación señalada, el SII hace referencia —entre otras hipótesis— respecto de aquellos desembolsos relacionados con la mantención o apoyo a los trabajadores cuyos contratos se encuentran temporalmente suspendidos en virtud de las disposiciones reconocidas en la Ley N° 21.227 (“Ley de Protección al Empleo”). Al respecto, se establece que, como efecto de la suspensión temporal del contrato individual de trabajo, cesa la obligación del trabajador de prestar sus servicios y, correlativamente con ello, la obligación del empleador de pagar tanto la remuneración como las demás asignaciones que no constituyan remuneración.

Por su parte, la Dirección del Trabajo, a través del Dictamen N° 1959/15 de 22 de junio de 2020, reconoció que no habría justificación legal alguna para impedir que un empleador pudiera adoptar medidas tendientes a morigerar los efectos no buscados de la pandemia derivada del covid-19 mediante un aporte en dinero o en especies que pudieran reforzar o suplementar los ingresos que le correspondiesen a los trabajadores con contratos de trabajo suspendidos.

Del análisis anterior podemos concluir que no existe impedimento alguno que prohíba la entrega de sumas de dinero o especies por parte del empleador a sus trabajadores cuyos contratos de trabajo se encuentren suspendidos y que tengan como finalidad complementar el monto de los aportes que les entrega el Seguro de Cesantía. Ahora bien, estimamos que dichos aportes malamente podrían ser considerados como remuneración, toda vez que la obligación del pago de esta se encuentra suspendida temporalmente y no existe una contraprestación de servicios, obligación correlativa al pago de la remuneración. Ello se ve reforzado por la propia clasificación de gastos según las reglas generales que efectúa la citada Circular del SII, sin remitirse a ningún supuesto especial de gasto.

Sin embargo, mediante el Oficio N° 1481, del 4 de agosto de 2020, el SII aplicó un criterio contradictorio con el anterior, producto de una consulta hecha por un contribuyente respecto del tratamiento tributario de las sumas de dinero entregadas por el empleador a sus trabajadores cuyos contratos se encontraren suspendidos. Mediante el referido oficio el SII calificó dichos aportes bajo la denominación de “remuneración voluntaria”, cuyo tratamiento tributario —en cuanto a desembolsos voluntarios— se encontraría especialmente regulado en Ley de Impuesto a la Renta.

La calificación de “remuneración voluntaria” realizada por el SII parece —en nuestro criterio— cuestionable, toda vez que desde un punto de vista doctrinario la remuneración solo puede tener su origen en la ley o en un contrato, por lo que mal podría entenderse que pueda tener como fuente la mera voluntad unilateral del empleador. Asimismo, la remuneración —por definición— constituye una contraprestación que tiene por causa el contrato de trabajo, por lo que estando suspendidos los efectos del contrato, los pagos realizados durante esta suspensión no podrían tener carácter remuneracional.

Por otro lado, con este reciente pronunciamiento el SII estaría haciendo una especie de doble clasificación del gasto correspondiente a la “remuneración voluntaria”, calificándolo mediante la Circular N° 32 como un gasto según las reglas generales, mientras que ahora lo califica —en el Oficio N° 148— dentro de una categoría especial de gasto que hace referencia a las obligaciones pecuniarias que se encuentran interrumpidas producto de la suspensión del contrato.

Del análisis precedente surgen ciertas interrogantes. ¿Habrá considerado el SII las implicancias jurídicas transversales que puede acarrar el calificar este desembolso como remuneración? A su vez, si el servicio efectivamente considera que este desembolso constituye remuneración, entonces, ¿por qué lo remite al Párrafo 2° del Nº 6 del artículo 31 de la LIR, que se refiere a las sumas señaladas en el inciso 2° del artículo 41 del Código del Trabajo, es decir, justamente aquellas sumas que no constituyen remuneración? Incluso nos hacemos también la siguiente pregunta, ahora desde un punto de vista más bien propio del Derecho Público: ¿tiene el SII las facultades y atribuciones orgánicas para crear el concepto de “remuneración voluntaria” o ello es más propio del ámbito y competencia laboral?

En definitiva, nos sorprende y preocupa que el SII, a partir de un oficio, es decir, de un acto administrativo, cree nuevos conceptos jurídicos, puesto que esto se contrapone abiertamente a disposiciones legales tanto de índole laboral como de carácter tributario, rompiendo con ello —a nuestro parecer— el carácter armónico e integrado que debe tener el ordenamiento jurídico al ser comprendido como un todo orgánico y coherente entre sí.

* Felipe Neira Lagos y Valentina Galdames Bustamante son asociados de Albagli Zaliasnik. El primero integra el Grupo Laboral, mientras que la segunda es parte del Grupo Tax.


1 Artículo 31, inciso 1° Ley de Impuesto a la Renta. 

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