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Declaración de miembros de la Armada como imputados en Lota: una decisión desafortunada

En respuesta al análisis de Mauricio Duce: "...Nadie defiende una situación de privilegio de unos ciudadanos por sobre otros. Todo lo contrario, lo que se busca es reformar el sistema procesal penal en el sentido de otorgar más poderes a otros intervinientes en el proceso y más control sobre los fiscales. En la práctica, el desproporcionado poder del Ministerio Público se encuentra muy lejos de ejercer el denominado 'principio de objetividad'..."

Lunes, 13 de julio de 2020 a las 17:44
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Gustavo Balmaceda

El profesor Mauricio Duce realiza una defensa acerca de lo resuelto por la Corte Suprema al rechazar un recurso de amparo presentado por tres infantes de marina, quienes al concurrir a una comisaría de Carabineros, en Lota, para denunciar un delito del que habían sido víctimas, fueron interrogados en calidad de imputados. Es evidente que pueden existir diversas posturas sobre esta materia, y siendo el profesor Duce uno de los artífices del Código Procesal Penal, no resulta extraña su posición. Me explico.

Es posible rebatir algunas de las afirmaciones que formula el profesor, quien, probablemente, tampoco habrá tenido acceso a todos los antecedentes del caso, como el parte de denuncia, así como otros relevantes que, permitirían sostener un planteamiento alternativo. El hecho concreto es el siguiente: a las seis de la mañana, tres soldados concurrieron a denunciar, en su calidad de víctimas, un hecho constitutivo de delito, pues, reprodujo una tentativa de atropello por parte de un conductor que, circulando en horario de toque de queda, no respetó las señales de alto que se le dieron y, tras intentar arrollarles, huyó del lugar, sin ser detenido. No cabe ninguna duda de que en tales hechos —que hasta el momento nadie ha desmentido— los tres infantes de marina tenían la calidad de víctimas, concepto que no es antojadizo ni doctrinario, sino que constituye una de las calidades procesales que el propio Código Procesal Penal reconoce en múltiples disposiciones y que se encuentra mencionada entre los sujetos del proceso penal, reconociéndole una serie de derechos y facultades.

Hasta donde se tiene conocimiento, a las seis de la mañana de ese día el fiscal de Lota no contaba con ningún otro antecedente adicional al relato de los hechos, realizados por los propios denunciantes, sin perjuicio de que en su comuna —al igual que en el resto del país — regía el toque de queda bajo un estado de excepción constitucional. Es dentro de ese marco jurídico que a las Fuerzas Armadas se les han encomendado algunas funciones de control del orden público, para lo que han recibido instrucciones precisas, entre las cuales se encuentran las “Reglas de Uso de la Fuerza” implementadas por el Gobierno y que habían sido publicadas en el Diario Oficial hacía menos de tres meses. En ese contexto, el fiscal, sin antecedentes adicionales, dirigió su investigación no hacia el infractor del toque de queda denunciado por las tres víctimas, sino que hacia estas últimas, atribuyéndoles la calidad de imputados. Este solo hecho, a esas horas de la mañana, es revelador de un eventual prejuicio y de una actuación sesgada —además de apresurada —, que se alejó del buen criterio esperable en quien está a cargo del ejercicio de la acción penal.

La Corte de Apelaciones de Concepción, en su fallo de primera instancia, precisamente, puso énfasis en ese punto, esto es, que el fiscal a cargo del caso no contaba a esa hora con ningún antecedente que justificara variar las condiciones de los sujetos procesales, de manera de entender y tratar como imputados a quienes se presentaban como víctimas para denunciar hechos constitutivos de delito.

Por su parte, pretender que ser “imputado” sería una ventaja, desconociendo a su paso los derechos de las víctimas, la verdad es que más bien parece un sofismo, pues las cosas son lo que son y no lo que nos quieren hacer creer. El propio legislador es quien distingue las calidades de imputado y víctima, siendo sus consecuencias, y su posición en el proceso, muy distintas. Lo anterior, sin olvidar, además, que la calidad de imputado supone un efecto mediático donde —probablemente— ninguna víctima desearía estar. Plantea el profesor Duce que mientras no se formalice la investigación penal, tener la calidad de imputado constituye una situación de hecho que mantiene a las personas en la misma situación de cualquier ciudadano. Sin embargo, discrepo, pues es evidente que los ciudadanos que no somos imputados por un hecho constitutivo de delito sabemos muy bien que no se nos ha atribuido por parte de un fiscal del Ministerio Público la eventual responsabilidad en un delito.

El poder que tiene el Ministerio Público en el sistema procesal penal chileno es desmedido. Se hace urgente establecer un sistema de pesos y contrapesos y un mayor control sobre dicha institución. En ese sentido, no parece descabellado efectuar reformas para otorgar más poder a los jueces de garantía. En la práctica, las reclamaciones administrativas contra los fiscales son un mero “saludo a la bandera”. La burocracia del sistema deja mucho que desear: demoras muy frustrantes en la entrega de carpetas de investigación mal escaneadas —muchas veces incompletas, con fotografías en blanco y negro ininteligibles —; días y días de demora en agendar una reunión con el abogado de las víctimas, cuando usted llega a la entrevista con el fiscal, en muchas ocasiones no lo atiende el fiscal titular de la investigación e, inclusive, cuando lo atiende, no se ha leído la carpeta de su investigación o discute con usted acerca de una carpeta diferente; frente a evidentes hechos que constituyen el carácter de delito deciden no perseverar en la investigación —por razones de política criminal impresentables, por ejemplo, porque la pena en abstracto asignada al delito es muy baja—; consiguen prisiones preventivas u otras medidas cautelares gravosas para presionar la negociación de procedimientos abreviados; además, a veces instrumentalizan a la víctima —no a favor del proceso penal, sino estableciéndola en algunos casos como una traba del mismo —, no cumpliendo con su rol de eficiencia e idoneidad exigido por el legislador en el artículo 6 de su Ley Orgánica Constitucional, y podría seguir con un largo etcétera, principalmente, en lo que se refiere a las víctimas.

Nadie defiende una situación de privilegio de unos ciudadanos por sobre otros. Todo lo contrario, lo que se busca es reformar el sistema procesal penal en el sentido de otorgar más poderes a otros intervinientes en el proceso y más control sobre los fiscales. En la práctica, el desproporcionado poder del Ministerio Público se encuentra muy lejos de ejercer el denominado “principio de objetividad”, pues muchas veces no investigan con igual celo los hechos que incriminen o los que puedan eximir de responsabilidad al imputado o no protegen adecuadamente a las víctimas, y la respuesta no parece ser tan compleja: el sistema se preocupa más de cumplimientos de metas por gestión, de estadísticas —siempre manipulables— que de “administrar justicia”.

Finalmente, siempre es positivo que los actores del sistema —académicos o no — manifiesten su disposición para revisar y debatir posibles modificaciones al modelo y, en particular, sobre el sistema de responsabilidades de los fiscales del Ministerio Público, pues nadie puede estar por encima de la ley y buena parte de los ciudadanos, imputados y no imputados así lo esperamos.

* Gustavo Balmaceda Hoyos es abogado, doctor y litigante en Derecho Penal y director académico de Tutores Derecho Capacitaciones.

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