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¿Más derechos o más leyes para regular lo mismo?

"...Es imperioso tener a la vista el proyecto de ley (para tipificar como delito el acoso cibernético) anunciado por el Ejecutivo, que podría ser un avance en la protección de los derechos de las mujeres o un aumento desproporcionado de las ya numerosas conductas delictuales que se refieren a una misma problemática..."

Viernes, 15 de marzo de 2019 a las 9:44
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Gabriel Cisternas
En el marco de las actividades de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Presidente de la República anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para tipificar como delito el acoso cibernético, a fin de sancionar penalmente a quien violente, chantajeé o amenace a una mujer. También propone tipificar la exhibición y difusión sin consentimiento de imágenes con contenido sexual.

Al respecto, será interesante analizar el alcance de la referida iniciativa, pues prácticamente todas las graves conductas señaladas por el Ejecutivo se encuentran sancionadas actualmente, por lo que no se trata de situaciones que, en principio, carezcan de reproche penal.

Por ejemplo, respecto a la violencia, entre los artículos 395 y 403 del Código Penal se tipifican las lesiones. Si la violencia ejercida no produce una lesión, la conducta podría sancionarse a título de maltrato, regulado entre los artículos 403 bis y 403 septies.

Por otra parte, el artículo 296 del Código Penal sanciona a quien amenaza a una persona con causarle a ella, su familia, su honra o propiedad un mal constitutivo de delito (amenaza propiamente tal), sea que se exija o no ilegítimamente una condición (chantaje o extorsión).

Si la amenaza consiste en provocar un mal que no constituye delito, se aplica el artículo 297 del Código Penal. Todo lo anterior, sin perjuicio de las disposiciones de la Ley 20.066, sobre violencia intrafamiliar, aplicable entre personas que mantienen una relación de familia, parentesco o convivencia.

Respecto a la exhibición y difusión sin consentimiento de imágenes con contenido sexual, el artículo 161-A del Código Penal sanciona precisamente a la persona que en lugares que no sean de libre acceso al público, sin autorización del afectado y por cualquier medio, capte, intercepte, grabe o reproduzca conversaciones o comunicaciones de carácter privado; sustraiga, fotografíe, fotocopie o reproduzca documentos o instrumentos de carácter privado, o capte, grabe, filme o fotografíe imágenes o hechos de carácter privado.

El castigo se extiende a quien difunda las referidas conversaciones, comunicaciones, documentos, instrumentos, imágenes y hechos. Adicionalmente, el artículo 161-B del mismo código tipifica como delito pretender la entrega de dinero o bienes o la realización de cualquier conducta que no sea jurídicamente obligatoria mediante cualquiera de los actos señalados en el artículo 161-A.

En aquellos delitos cometidos por motivo de discriminación referente al sexo de la víctima, su orientación sexual, apariencia personal o por razones de género, la pena podrá aumentar por efecto de la circunstancia agravante del artículo 12 número 21 del Código Penal, pues resultan más graves los delitos cometidos por una motivación de discriminación, principalmente porque implican la negación del principio de igualdad y afectan no solo a la víctima, sino también al resto de la sociedad.

En este contexto, es imperioso tener a la vista el proyecto de ley anunciado por el Ejecutivo, que podría ser un avance en la protección de los derechos de las mujeres o un aumento desproporcionado de las ya numerosas conductas delictuales que se refieren a una misma problemática.

* Gabriel Cisternas Zenteno es socio de Olivares, Cisternas Abogados y Compañía.

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