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La responsabilidad extendida del productor o Ley REP

"...Existen ciertos obstáculos en relación a las empresas a las cuales se les aplicará la normativa. Podemos mencionar los posibles casos de prácticas concertadas que podrían presentarse, en caso de no guardar la confidencialidad relativa a la producción de cada una. Lo mismo podría producirse respecto de los productos importados en cuanto al valor de sus costos operacionales y otros..."

Lunes, 13 de noviembre de 2017 a las 9:37
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Paula Honorato

El primero de junio de 2016, teniendo como base el Principio “contaminador-paga”, se publica la Ley N° 20.920, que establece el marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje bajo la competencia del Ministerio del Medio Ambiente. Cabe destacar, entre otras cosas, que es una normativa bastante ambiciosa respecto de su contenido y en objetivos que se establecen. Sin embargo, habría que preguntarse al mismo tiempo si como sociedad estamos preparados para hacernos cargos de estas imposiciones ambientales y de qué manera se debería proceder para que estas no se conviertan en letra muerta.

En principio, debemos tener en consideración que en Latinoamérica somos uno de los países que generamos más desechos sólidos urbanos (casi 17 millones de toneladas por año) y que actualmente en Chile menos del 10% de los hogares recicla. Conforme a esta ley, se pretende aumentar dicha cifra a un 30% en un lapso de cinco años.

¿En que consiste la ley? Los fabricantes de determinados productos (prioritarios, que conforme al art. 10 de la Ley REP son los aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, envases y embalajes, neumáticos y pilas); así como los importadores, tienen la obligación de organizar y financiar la gestión de residuos que se derivan de sus productos. (arts. 8 y 9 Ley REP).

Su objetivo principal es la valorización y prevención en la generación de residuos, esto porque el objetivo es que el destino final no sea el ser parte de un vertedero o de algún relleno sanitario (96% de residuos recolectados entre 2010 y 2011 tuvieron a este último como destino). Así, los importadores o productores (prioritarios) deben responsabilizarse por el residuo resultante de sus productos (momento donde deja de ser útil). De esta manera, dichos residuos deberán ser recepcionados por las empresas responsables de su distribución o fabricación.

¿Por qué se denominan prioritarios? Porque son consumidos de manera masiva y, por esta razón, una vez convertidos en residuos, debido a su peligrosidad, volumen o presencia de recursos aprovechables, deben quedar bajo la responsabilidad del productor.

¿Cuáles son las nuevas responsabilidades que le caben al productor o importador? Primero, un mecanismo de prevención de generación de residuos y un manejo ambiental racional de los mismos, así como la separación en el origen considerando la recolección selectiva, sistema de depósito, reembolso, ecodiseño, además de la certificación , rotulación y etiquetado de los mismos, esto con miras a informar igualmente a los consumidores. Cabe señalar que esta ley afectará de manera distinta, pero inclusiva, a las empresas, municipios y recicladores de base, puesto que son los gestores de residuos.

Dentro de las obligaciones para quienes importan o producen productos prioritarios se encuentran el registro de un catastro público, la organización y financiamientos de la recolección y el tratamiento de los residuos por personas autorizadas, todo lo anterior, cumpliendo las metas de recolección que se establezcan en conjunto con la valorización. Desde el punto de vista de los intervinientes, cada uno tendrá sus obligaciones determinadas, pero nosotros haremos referencia a aquellas relativas a los generadores de residuos, “siendo responsables por estos desde su generación hasta su valorización o eliminación, en conformidad a la ley”.

Ellos deben encontrarse autorizados para manejar residuos y poder declarar la naturaleza, cantidad o volumen, origen, costos, tratamiento y destino de los residuos; de todo lo cual se llevará control por medio de un “Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes”. Debemos expresar que el incumplimiento de esta normativa puede traer como consecuencia aparejada multas y amonestaciones, las cuales serán fiscalizadas y sancionadas por la Superintendencia del Medio Ambiente.

Hasta hora todo “suena bien”, sin embargo, debemos tener en cuenta que existen ciertos obstáculos en relación a las empresas a las cuales se les aplicará esta ley. Dentro de esto podemos mencionar los posibles casos de prácticas concertadas que podrían presentarse, en caso de no guardar la confidencialidad relativa a la producción de cada empresa. Lo mismo podría producirse respecto de los productos importados en cuanto al valor de sus costos operacionales y otros.

¿Como se podría presentar esto en la práctica? A través del antedicho registro, ya que por este plan de gestión las empresas deberán dar a conocer información de carácter sensible (funcionamiento en esta materia), así como también detalles en relación a los productos. Es por esta razón que la Sofofa ha señalado que los estatutos de este sistema de gestión deberían ser revisados y aprobados por el Tribunal de la Libre Competencia.

Por otro lado, también se ha criticado la ley respecto a sus plazos en la aplicación o puesta en marcha, ya que son demasiados cortos y no se da el tiempo suficiente a las empresas para poder adaptar sus mecanismos internos a las nuevas exigencias legales de carácter ambiental. Por ende, no contando con una agenda más flexible, probablemente la implementación de esta normativa no se llevará a cabo de manera óptima; esto, sin perjuicio de la aplicación del principio de gradualismo que deberá existir en su aplicación.

Además de esto, otro problema que se podría presentar es el hecho de que los productores deben recibir y almacenar los residuos que les devuelvan sus comerciantes y distribuidores sin poder, por el momento, trasladar parte de este costo a los usuarios. Razón por la cual se les genera un aumento evidente en los costos, aunque existan planes de capacitación, financiamiento y formalización que contempla la ley en cuestión. Otra de las inquietudes tiene relación con los integrantes de los comités operativos, quienes tendrán como objetivo consultar el contenido de los decretos relativos a las metas que se establezcan.

En suma, debemos tener presente que cuando se trata de empresas hay que considerar el aspecto “competencia”, por lo tanto, es esencial que se establezca un sistema que resguarde la información sensible para que al mismo tiempo se eviten colusiones y esto resulte en un desincentivo en la aplicación de la ley, siendo la única herramienta de cumplimiento la posible multa (gravísimas hasta de 10 mil unidades tributarias anuales, aproximadamente unos US$ 7,4 millones anuales) a recibir en caso de no dar correcta ejecución a la Ley REP.

En conclusión, se requiere de un gran compromiso y transparencia por parte de los destinatarios de esta ley, junto con una aplicación práctica y coherente por parte del Ministerio del Medio Ambiente, con miras a un cumplimiento progresivo, satisfactorio y acorde con un desarrollo sustentable.

* Paula Honorato Marín es secretaria académica de la Escuela de Derecho de la Universidad Andrés Bello.

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