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Algunas reflexiones sobre el abandono del procedimiento

"... Este busca impedir que el juicio se paralice en forma indefinida, con el daño consiguiente a los intereses de las partes y a la seguridad jurídica amenazada con la prolongación del proceso..."

Viernes, 31 de marzo de 2017 a las 17:54
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Arturo Onfray

De conformidad con el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, el procedimiento se entiende abandonado cuando todas las partes que figuran en el juicio han cesado en su prosecución durante seis meses, contados desde la fecha de la última resolución recaída en alguna gestión útil para dar curso progresivo a los autos.

El abandono, agrega el artículo 153, podrá hacerse valer solo por el demandado, durante todo el juicio y hasta que se haya dictado sentencia ejecutoriada en la causa.

El abandono del procedimiento busca impedir que el juicio se paralice en forma indefinida, con el daño consiguiente a los intereses de las partes y a la seguridad jurídica amenazada con la prolongación del proceso.

Un fallo reciente del pleno de la Corte Suprema, pronunciado en un procedimiento sumario de reclamación del acto expropiatorio (rol Nº 28.642-2016), acoge el recurso de casación en el fondo de la parte demandante interpuesto contra una decisión de la Corte de Apelaciones de Talca que, revocando un fallo de primera instancia, declaró abandonado el procedimiento atendido que la causa se encontraba en estado de citar a las partes a oír sentencia por más de seis meses.

El voto de mayoría del máximo tribunal afirma que los jueces de alzada han desatendido “el deber que la normativa procesal había puesto de carga del tribunal que conoce de la causa, atendido el vencimiento del término probatorio. Este desacierto trajo por consecuencia la vulneración de lo preceptuado en el artículo 152 [del Código de Procedimiento Civil], al hacerlo regir en el caso de autos en circunstancias que el estado de tramitación del proceso no permitía sancionar con el abandono del procedimiento la inactividad de las partes”.

Como correlato de dicho razonamiento la Corte Suprema revisa la función social del proceso, haciendo alusión al Mensaje del Código de Procedimiento Civil, el cual exige, en las leyes procesales, conciliar el interés de los litigantes y el de la justicia, razón que justifica “dar a los magistrados mayor latitud en sus atribuciones a fin que puedan hacer sentir en mayor grado (…) su acción en la formación y marcha de los procesos”.

A lo anterior agrega que, no obstante el principio de pasividad establecido en el artículo 10 del Código Orgánico de Tribunales, “las modificaciones que se han venido incorporando mediante las reformas al ordenamiento procesal, han apuntado a estrechar, paulatinamente, los ámbito de pura pasividad del juez civil, inclinándose, más bien, a ensanchar el grado de sus atribuciones oficiosas”, lo cual testimonia una variación en la concepción de la función de la judicatura civil, a cuyo respecto Julio Salas Vivaldi afirma que al juez “debe sacársele del rol pasivo (…) y transformarlo en un diligente y oportuno actor del impulso del curso del respectivo proceso, de su normalidad y contralor del comportamiento de las partes”.

Estimo que en el desarrollo del proceso es posible advertir tres hipótesis en relación al abandono del procedimiento y el impulso procesal.

En primer lugar, la de aquellos casos en los cuales el impulso del proceso radica solamente en las partes, quienes son las encargadas de realizar los actos que permiten el desenvolvimiento del proceso. Acontece así, por ejemplo, en la subsanación por el demandante de los defectos que adolezca la demanda una vez acogidas las excepciones dilatorias; en la notificación por cédula de la sentencia interlocutoria que recibe la causa a prueba; y en la notificación de la sentencia definitiva. En dichos eventos, si las partes que figuran en el juicio han cesado en su prosecución durante seis meses, el procedimiento se entiende abandonado.

En segundo lugar, la de aquellas hipótesis en las cuales el impulso procesal radica en forma exclusiva en el juez, como sucede con la dictación de la sentencia definitiva una vez citadas las partes a oír sentencia. Producida la correspondiente citación, el procedimiento no se entenderá abandonado ni aún transcurridos seis meses sin actividad procesal. A mayor abundamiento el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil indica que citadas las partes para oír sentencia, no se admitirán escritos ni pruebas de ningún género, sin que la solicitud de abandono del procedimiento se encuentre entre las excepciones contempladas en dicha disposición.

En tercer lugar, existen etapas procesales en las cuales el impulso procesal es compartido. Así ocurre con la dictación de la sentencia interlocutoria que recibe la causa a prueba una vez concluidos los trámites que deben preceder a la prueba; y con la dictación de la citación para oír sentencia una vez vencido el plazo que tienen las partes para hacer por escrito las observaciones que el examen de la prueba les sugiera concluido el término de prueba. La falta de actividad del órgano jurisdiccional, en estos casos, no sirve de fundamento a la inactividad de las partes en el proceso ya que en estas etapas del juicio el juez y las partes comparten el impulso procesal, el cual tiene así una naturaleza mixta. Por tal razón frente a la inactividad de las partes por un período superior a seis meses corresponde aplicar la sanción del abandono del procedimiento, ya se trate de un procedimiento ordinario o de un procedimiento sumario, como el que relata el fallo del Tribunal de Casación mencionado.

Así lo ha señalado el voto de minoría de la decisión que comento, la que sienta la buena doctrina, reconociendo con claridad el carácter mixto del impulso procesal en la especie, al afirmar que “la recurrente de casación no puede pretender justificar la desidia que denota la actividad en que se mantuvo desde la notificación de la resolución que recibió la causa a prueba, en el impulso procesal que cabía al tribunal en la citación a las partes para oír sentencia (…) aunque en determinadas etapas el procedimiento podrá tener un carácter mixto en lo concerniente al impulso procesal, es innegable que la falta de actividad del órgano jurisdiccional no puede servir de justificación a la inactividad de las partes, más aún si se considera que la inestabilidad de las relaciones jurídicas que produce la existencia de un juicio no puede extenderse indefinidamente”.

* Arturo Onfray Vivanco es abogado del Departamento de Estudios del Consejo de Defensa del Estado, profesor de la Facultad de Derecho de la U. Finis Terrae, licenciado en Derecho y Educación, Magíster en Sociología del Derecho (MA) y en Teoría del Derecho (LLM) y Doctor en Derecho (PhD) de la UC de Lovaina. Miembro de los Institutos Chileno de Derecho Procesal e Iberoamericano de Derecho Procesal y de la Asociación Internacional de Derecho Procesal.

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