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Contradicción frente al femicidio

"... Abrir esta ventana a la impunidad es permitir que en una sociedad como la nuestra cualquier persona pueda justificar un actuar que resulta claramente inaceptable y desproporcionado escudándose en situaciones que no le permiten controlar sus impulsos, lo que de manera muy simplista y cada vez más frecuente es abordado por nuestros tribunales..."

Viernes, 02 de septiembre de 2016 a las 9:30
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Julia Acevedo
No ha dejado de impactarnos, tanto a las personas relacionadas con el derecho como a la ciudadanía en general, el fallo emanado de la Corte de Apelaciones de La Serena que rechazó el recurso de nulidad interpuesto contra la sentencia definitiva del 5 de abril de 2016, dictada por el tribunal de juicio oral en lo penal de Ovalle, en virtud de la cual se condenó al acusado Marco Antonio Olmos Barraza a la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilidad absoluta para cargos u oficios públicos mientras dure la condena como autor del delito de femicidio.

Sin embargo, se le concedió la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva en virtud de que para configurar la circunstancia atenuante en el art. 11 Nº 7 del Código Penal presentó un comprobante de depósito judicial por la suma de $600 mil en la sede de garantía para costear gastos médicos de la víctima. A su vez, se contempló el atenuante contemplado en el Nº 5 del citado artículo del mismo cuerpo legal donde se señala que el imputado habría obrado por estímulos tan poderosos que naturalmente le hayan causado arrebato u obcecación, toda vez que de la prueba testimonial aportada se desprende que en el momento previo a la agresión se había develado la infidelidad de la cónyuge, con quien estaba casado hace 15 años y mantenía dos hijos en común.

Independiente de que existen versiones encontradas respecto a si su rabia se desató producto de los celos o del hecho de haber llamado a Carabineros, en ambos casos nos encontramos frente a la figura de un femicidio frustrado, donde la víctima resultó con heridas cortopunzantes múltiples en la región facial, cuello, hombro, tórax y mama derecha, esta última clínicamente grave, así como fractura de cráneo, lesiones que de no mediar la intervención policial y la atención médica oportuna evidentemente habrían comprometido de forma seria su vida.

Un fallo de estas características me parece una afrenta contra los valores primordiales y esenciales que pretendemos rijan nuestra sociedad, además de un franco retroceso en cualquier avance que podamos haber logrado durante el último tiempo en la protección de la persona y garantía de los derechos de la mujeres en este país, a quienes el discurso popular en su sentido más amplio propugna por garantizar una vida libre de violencia en todos sus ámbitos, pero que en situaciones específicas como la que nos encontramos analizando se encuentra, ya sea por la aplicación de criterios altamente reprochables o por fallas en nuestra legislación, con fracasos que son francamente alarmantes. En este caso nos encontramos frente a una violencia doméstica contra una mujer que por largo tiempo ha sido la pareja del agresor, a quien ha violentado físicamente, infringiéndole graves lesiones que claramente pudieron significarle la vida, sin perjuicio de todo el daño psíquico y emocional que todo esto también significará tanto para ella como para las víctimas secundarias de este hecho, como son los hijos y entorno familiar del matrimonio, inocentes ajenos al actuar y comisión del delito por parte del padre.

La relevancia que adquiere hoy en Chile un caso de esta naturaleza es enorme, puesto que a los ojos de la opinión pública se dan señales que indican que en lugar de avanzar en la misma dirección que lo han ido haciendo países con un mayor desarrollo en estas materias se produce acá una decisión adoptada por un poder del estado que amparada en un mero tecnicismo, cuya apreciación es sumamente discutible, deja en la “impunidad”, o al menos sin la sanción correcta, un hecho francamente deleznable y repudiable por todos los estamentos de nuestra sociedad, que en directa contraposición a ello clama por perfeccionar una ley que sancione de forma más drástica y severa dichas conductas. Abrir esta ventana a la impunidad es permitir que en una sociedad como la nuestra cualquier persona pueda justificar un actuar que resulta claramente inaceptable y desproporcionado escudándose en situaciones que no le permiten controlar sus impulsos, lo que de manera muy simplista y cada vez más frecuente es abordado por nuestros tribunales, derivando al ofensor a una simple terapia que, por lo general, no siguen hasta su término y, lo que resulta peor aún, no cumple con el objetivo principal para el cual han sido establecidas, es decir, no inhiben a los agresores de volver a ejercer violencia contra sus víctimas.

En este fallo se considera como atenuante el hecho de que Marco Olmos haya depositado una suma de dinero para los gastos médicos de su víctima, pero la conciencia colectiva y el criterio nos indican que, en el fondo, no existe monto suficiente que pueda sanear el daño moral y emocional infringido contra ella y su familia.

Por otra parte, en la legislación comparada, específicamente en la legislación española, durante septiembre de 2015 entró en vigor el estatuto jurídico de la víctima, que corresponde a un catálogo de derechos procesales y extra procesales que incluso habla de una compensación y reparación por el daño sufrido, todo ello dentro de la línea de la normativa europea, dando así muestras de un gran avance. Más aún, en ese mismo país se ha llegado a logros tales como que los mismo tribunales de justicia han condenado al propio estado español por no haber protegido como corresponde a una víctima de violencia intrafamiliar, lo que resulta un hecho sin precedentes y derechamente emblemático para quienes pretendemos terminar con la violencia de género.

Respecto a nuestra situación como país, puedo señalar que lamentablemente a la fecha llevamos nada menos que 15 femicidios consumados y una larga lista de graves hechos de violencia contra las mujeres, producto de los cuales algunas de las víctimas incluso han sufrido la amputación de alguno de sus miembros o la pérdida de un sentido, como la vista, no obstante lo cual, las instituciones competentes continúan atadas de manos por una legislación poco eficaz y donde, al parecer, a nadie le interesa atacar la génesis del problema, iniciando el debate respecto de políticas públicas destinadas a erradicar estos hechos o que al menos, preliminarmente, se intente promover campañas de enseñanza masivas desde la educación preescolar en adelante y se refuerce la propaganda contra la violencia y maltrato en todas sus formas a través de los medios de comunicación.

En casos como este no resulta raro observar que tanto la víctima como su entorno soliciten públicamente que se deje en libertad al victimario y ello, muchas veces, obedece a un problema de educación, falta de redes de apoyo y, en definitiva, miedo a consecuencias aún peores desde el punto de vista físico, mental e incluso económico, ya que la falta de acogida y respaldo por parte del estado y de sus instituciones ponen a una mujer que ha sido vulnerada física, psíquica y emocionalmente en el dilema de no saber cómo asumir en el futuro el cuidado de su familia en solitario y sin el apoyo monetario del agresor.

Todo lo anterior obedece al ejercicio profesional en el área de familia donde, lamentablemente, por años he podido observar que los vacíos legales dejan una ventana abierta al abuso y violencia contra la mujer y su familia, quedando muchas veces sin sancionar realmente el maltrato que estas sufren y perjudicando con ello tanto su integridad como la de todos los miembros del núcleo familiar.

* Julia Acevedo Muñoz es licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica y diplomada en mediación familiar y negociación modelo Harvard. Además, se desempeña como abogada de Fundación Pro Bono y abogada externa de la Embajada de Estados Unidos en Chile.

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