Más de un 40% aumentaron los homicidios en el país en el 2022, según recientes reportes de las policías, lo que responde en gran medida, según han señalado expertos, al avance del crimen organizado en América Latina. Y que se sustenta, por ejemplo, en dos factores: el aumento del poder de fuego de las bandas criminales, y que en un alto porcentaje las causas no tienen un imputado conocido, por lo que se infiere que se trataría de crímenes planificados, relacionados con ajustes de cuentas entre bandas.
Expertos coinciden además en que una de las facciones más relevantes en el crimen organizado es el narcotráfico, considerando que la región concentra a los tres principales productores de cocaína del mundo: Colombia, Perú y Bolivia. Dos de ellos fronterizos con Chile, que por el rol que tienen sus puertos juega un papel clave en el envío de drogas.
Estos temas son parte de los que se discutirán el próximo 11 de enero, en un seminario que desarrollará el Centro de Estudios para la Acción y Prevención en Seguridad Pública y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián. Uno de los expositores será Ignacio de Lucas, teniente fiscal de la Fiscalía Especial Antidroga de España, la máxima autoridad del ente persecutor en el área antinarcóticos, quien abordará el complejo escenario que enfrenta la región. En diálogo con “El Mercurio”, el experto ibérico reflexiona sobre la materia y adelanta algunos puntos de lo que será su exposición en el evento.
—¿Cómo ve hoy el avance del crimen organizado en la región y particularmente en Chile?
—Creo que se observa una evolución importante en las manifestaciones del crimen organizado y del narcotráfico transnacional. Esa evolución constante es consustancial a esta delincuencia de alta complejidad, lo que es lógico para que puedan evitar ser detectados y desarticulados, para mantener sus negocios ilícitos. Pero es cierto que tanto a nivel de estructuras criminales, más fraccionadas, estableciendo alianzas criminales cuando fuere necesario, como en cuanto a metodología, en particular en el empleo de violencia e intimidación, han dado un paso adelante en la región.
“Nuevos mercados” y “mayor producción”
El fiscal De Lucas explica que, desde su experiencia en antinarcóticos, hay ciertos elementos a considerar que sostienen esta evolución, como “la apertura de nuevos mercados ilícitos, la mayor producción que se observa de sustancias estupefacientes, como cocaína, o la evolución de las drogas sintéticas, son también factores determinantes de estos cambios”. Y en esa línea, añade que a todo ello “se suma que en algunos casos tengo la sensación de que no estamos priorizando la respuesta ante estos fenómenos y desafíos criminales, y no advertimos los riesgos que entrañan”.
—Ya identificados estos factores, ¿cómo se enfrenta el fenómeno para no caer en la falta de priorización de los esfuerzos? Considerando que en Chile, por ejemplo, tenemos casos sobre conexiones con carteles como el de Sinaloa o el Tren de Aragua.
—Los factores son al final evidencias, en ese ámbito es donde nos movemos los fiscales antidroga y, por tanto, eso se traduce en aprehensiones extraordinarias, no solo en términos cuantitativos, detenciones de individuos que son delegados de estos entramados criminales. Y por supuesto, las investigaciones transnacionales que nos permiten no solo atajar su acción de manera puntual, sino desmantelar la cadena criminal que opera en distintos países. Tenemos que reconocer la importancia de la economía ilegal generada por estos entramados criminales, que pervierte el sistema financiero y corre el riesgo de corromper nuestras instituciones y democracias.
Aumento de la violencia, otro “factor alarmante”
“No quiero olvidar otro factor, porque resulta alarmante: el recurso a la violencia frente a agentes de la autoridad, fiscales, ciudadanos que son también el resultado en muchos casos de la actuación de estos entramados criminales, por defender su cuota de mercado o incluso desafiar al Estado y su institucionalidad como un factor muy preocupante que evidencia la penetración del crimen organizado y su ‘comodidad’ en este escenario”, agrega el fiscal español.
—¿Y qué rol juega Chile en el tráfico de drogas hoy, especialmente hacia los mercados europeos, respecto de las cargas que pasan por puertos como San Antonio o Valparaíso?
—Chile juega un papel importante, no hay ningún país libre de esta lacra, y por cuanto se refiere a sus puertos, lo es sin ninguna duda, en la medida en que el tráfico de drogas por vía marítima continúa siendo fundamental para el transporte y distribución de la droga, en particular la cocaína. Los esfuerzos que la fiscalía y policía chilena dedican a desmantelar estas organizaciones así lo atestiguan, pero quizás sería también importante llamar la atención sobre la entrada en Chile de drogas sintéticas o estupefacientes procedentes de otros países.
—En el último año, los homicidios en Chile aumentaron más de un 40%, y en la última década este incremento supera el 100%, ¿qué relación observa en el aumento de estos ilícitos y el avance del crimen organizado?
—Existe una relación inequívoca. Hace años trabajé en Centroamérica para UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga el Delito) y me sorprendió la tasa de homicidios en la región, resultado de la acción del crimen organizado en muchos casos, de maras y pandillas. Me parecía un desafío de tal magnitud a los Estados, y me sorprendió, porque resultaba antieconómico, porque obligaba a los gobiernos a destinar más recursos y alertaba a la comunidad internacional. Hoy esta situación se extiende como una marea violenta en muchos países, no solo en la región, también en algunos países de Europa, y creo que responde al poder de estas organizaciones criminales y al enorme beneficio que representa el mercado del narcotráfico.
—¿Cómo evalúa que se encuentra hoy la cooperación internacional para combatir el crimen organizado y qué impresión tiene del trabajo que hace Chile y la PDI en esta materia?
—La cooperación internacional es el recurso más eficaz para perseguir el crimen organizado transnacional, las redes criminales se persiguen a través de redes de fiscales y de investigadores, fortaleciendo la comunicación entre ellos. La fiscalía chilena ha sido y es un ejemplo de liderazgo en la cooperación internacional penal, en particular en la Red de Fiscales Antidroga de Iberoamérica, promoviendo entregas controladas, intercambio de información con una agilidad y eficacia que se traduce en resultados tangibles no solo en Chile o en la región, sino también en España y Europa. En cuanto a la PDI, no puedo disociar el trabajo de los fiscales del que realizan los investigadores, es un trabajo conjunto de forma que uno sin el otro no puede ser eficaz.
—Sabemos que no hay fórmulas perfectas, pero hoy Chile lleva adelante un proceso de reformas a las policías y al sistema de seguridad en su conjunto. ¿Qué recomendaciones haría?
—No hay recetas ni varitas mágicas, solo puedo sugerir que se insista en la especialización, en la coordinación entre las distintas policías y la fiscalía, en la formación de equipos que prioricen la persecución del lavado de activos y la economía ilegal, porque estos entramados criminales no tienen obviamente motivaciones altruistas. Y en última instancia, que se dote a las fiscalías y policías de herramientas legales adecuadas para perseguir el crimen organizado transnacional del siglo XXI, subrayando la importancia de la cooperación internacional y priorizando esta línea de acción en el marco de una política de Estado y seguridad.