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TC iberoamericanos suman como “objetivo primordial” promover la defensa de los DD.HH.

De manera expresa en estatutos. En su declaración también rechazan “el empleo del conflicto armado y de las acciones violentas contrarias al Derecho Internacional”.

Lunes, 23 de mayo de 2022 a las 10:05
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A. Chaparro
“La conferencia ratifica su compromiso con el Derecho como instrumento de solución de conflictos y rechaza el empleo del conflicto armado y de las acciones violentas contrarias al Derecho Internacional que afecten a la soberanía y a integridad territorial de los Estados, con violación de los derechos humanos”. Este es un extracto de la más reciente declaración de los tribunales constitucionales, cortes y salas constitucionales de Andorra, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Portugal, República Dominicana y Uruguay.

Las delegaciones de los distintos países participaron la semana pasada en la XIV reunión de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, realizada en Punta de Cana.

Ahora, si bien fueron críticos del conflicto armado, expresaron que, “en relación con la petición efectuada por la Mesa de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional sobre toma de una postura respecto de la suspensión en su condición de miembros de los Tribunales Constitucionales de la Federación de Rusia y de la República de Belarus, la Conferencia opta institucionalmente por abstenerse, respetando la que cada miembro haya adoptado”.

Asimismo, en el encuentro se actualizaron “los estatutos aprobados en la reunión de Santiago de Chile de 2006, destacando la definición de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional como ‘la asociación de los tribunales, cortes y salas que, en el ámbito de la comunidad iberoamericana de naciones, ejercen la jurisdicción constitucional con independencia, resolviendo en última instancia y con autoridad de cosa juzgada'”, según consigna la declaración conjunta suscrita.

Esta última también menciona que se dejó incorporado “expresamente en los estatutos, como unos de los objetivos primordiales de la conferencia, ‘promover la defensa de los derechos humanos'”. Y que acordaron “promover el uso de la inteligencia artificial para el tratamiento de la jurisprudencia constitucional iberoamericana y el resto de las actividades de la conferencia”.

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