La situación de los jueces y funcionarios de los tribunales donde se concentran la mayor parte de las causas de violencia rural, en la Región del Biobío y La Araucanía, es cada día más compleja, porque —dicen— la sensación de “miedo e inseguridad” es permanente.

Así lo revelan cerca de 60 testimonios grabados en 15 tribunales de la macrozona sur —de manera virtual y presencial— por una comitiva de la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial (Aprajud), entre el 2 y 7 de mayo.

“Los traslados y posibles ataques al tribunal y a sus integrantes nos generan peligro y miedo”, afirma una jueza de la zona, a quien además le preocupa “no contar con vías de escape adecuadas. Estos tribunales son casas que se transformaron en unidades (judiciales), cuentan con vidrios blindados para piedras, no para proyectiles como balas”.

Otra inquietud de los funcionarios es que “Carabineros cierra el perímetro cuando hay audiencias de riesgo, pero el tribunal no tiene estacionamientos y han sufrido daños en sus vehículos”, describen.

También, advierten, hay una sensación de “impunidad con las usurpaciones (toma de terrenos y viviendas), robo de vehículos para ser utilizados en delitos (...), la sensación es que nadie hace nada. Cuando hay audiencias de ‘connotación o causas mapuches', queda paralizado todo el tribunal. No se pueden ver otras causas”.

Aumento de delitos violentos

“Tienen miedo, a pesar de las medidas de seguridad. Se sienten en riesgo laboral y social”, concluye el informe del gremio.

La comitiva que viajó a la zona estuvo integrada por Patricio Aguilar, presidente de Aprajud; Erika Ormazábal, directora nacional; Rodrigo Salinas, director regional del Biobío; Beatriz Aeschlimann, directora regional de Temuco, quienes contaron con la protección de Carabineros y realizaron su visita en total reserva por razones de seguridad.

Estuvieron en Lebu y Victoria, continuaron su recorrido en los tribunales de Collipulli, donde observaron que el edificio tampoco cuenta con vías de escape, y siguieron hacia Angol.

En este último lugar, los funcionarios y jueces describieron que “hay una sensación de crispación, los conflictos van en incremento, pues hay un aumento de la judicialización de estos hechos de violencia. Suben los índices por robo con violencia y los homicidios. Aumentó además la intensidad de los hechos de violencia. Hay una sensación de impunidad”.

Además, comentaron a la comitiva que se ha estado dando otro fenómeno preocupante. Se ha registrado un aumento de causas de violencia intrafamiliar.

Abogados piden audiencias presenciales

Según explica el reporte de la delegación, “las audiencias étnicas”, como también son conocidas estas causas, “no se hacen por Zoom o teletrabajo a solicitud de los abogados de los mismos indígenas involucrados, que entran incluso con ‘palines' (bastón de madera)” a los tribunales.

Y los funcionarios que van a los juzgados tienen problemas en sus desplazamiento por cortes de camino, por paros de camiones y barricadas, que son muy comunes, dicen.

“Cuando nos toca turno presencial, igual es una inseguridad ya que no sabemos qué va a ocurrir. A veces podemos llegar muy normal, y como a las 11:00 de la mañana vienen a manifestarse y eso nos desestabiliza todo el trabajo que tenemos en el día. Obviamente, nos produce una preocupación no solo a nosotros, sino que a nuestros familiares que están fuera”, relata uno de los empleados.

Jueces teletrabajan de otras ciudades

A comienzos de mayo la comitiva tuvo un encuentro con el presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, Héctor Marinello, quien ya había recorrido la zona. “Él concuerda con nosotros respecto de que las audiencias con imputados mapuches sean por videoconferencia”, dice el presidente de Aprajud.

Con todo, debido a las medidas que adoptó la Corte Suprema (ver recuadro), los jueces teletrabajan y no asisten presencialmente a los tribunales. Esto ha significado que algunos de ellos hayan decidido trasladarse, temporalmente, a otras ciudades más tranquilas junto a sus familias.

La información levantada en la macrozona sur indica que esto ha mejorado, en parte, la calidad de vida de los magistrados, pero los funcionarios que asisten presencialmente siguen con mucho temor.

“El Poder Judicial debe hacer más cosas para velar por la seguridad de los funcionarios, como contratar seguros personales y de los bienes a cuenta del empleador, y que exista asignación por zona cuando se trata de estos sectores riesgosos”, plantea Aguilar. Y cree que la situación “va a ir empeorando. No queda claro que haya políticas públicas que estén haciendo efectivo el resguardo ciudadano y de los tribunales por la violencia rural. Las medidas son absolutamente insuficientes, percibimos que los tribunales están bastante expuestos a cualquier ataque. Los casos más dramáticos que vimos son en la zona de Cañete, en Lebu, donde han sido agredidos funcionarios de la fiscalía y defensoría por comunidades mapuches”.

En la Corte de Apelaciones de Temuco la comitiva también participó de un plenario con dirigentes regionales, quienes advirtieron que no solo hay problemas de seguridad, sino también un aumento de “la violencia de la gente, que afecta a los funcionarios de los tribunales con malos tratos y amedrentamientos”.