A. Ch.
“Yo confío en que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) —o quien corresponda— nos va a defender bien. No va a aceptar que se les pague, porque ya el tema ha sido zanjado definitivamente”, dice el abogado Jorge Carey, quien encabezó la defensa del Estado de Chile ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por el caso Clarín.
Ahora, a pesar de que Chile dio por cerrado el caso hace unos años, el juez español Pedro José Puerta determinó que el Estado chileno debe pagar 520 millones de euros a los accionistas del periódico, según publicó el diario español El País la semana pasada.
Si bien hay un fallo del tribunal arbitral, de 2008, que resultó en favor de Víctor Pey —ingeniero de origen español, fallecido en 2018— y la Fundación Presidente Allende, este fue anulado y ocho años después revertido. Así, en 2016, el Ciadi resolvió no indemnizar a Pey y la fundación —recuerda Carey— y, en 2020, se rechazó la solicitud de nulidad de esa sentencia, intentada por los demandantes.
El juicio se inició en 1997, cuando Pey demandó a Chile por la confiscación del diario Clarín durante el régimen militar, sin embargo, el Estado nunca le ha reconocido la calidad de dueño del mismo.
De ahí que la sentencia del juez español es “una aberración jurídica” para el abogado Carey. “Primero, hay cosa juzgada. Está definitivamente resuelto y, segundo, España estaría violando los dos tratados que hemos firmado sobre esta materia, donde España y Chile se comprometen a respetar los fallos del Ciadi, cosa que no está haciendo España”, advierte. Y dice que “Chile no puede pagar”, insistiendo en que “España está violando los tratados”.
“Parto de la base de que el Presidente (Gabriel) Boric o el CDE verá esto y habrá una defensa”, agregó el abogado.
Distinta reacción tuvo Coral Pey, hija de Víctor Pey y propietaria del 10% de Clarín —el otro 90% corresponde a la fundación—, quien dijo a este medio el fin de semana que “parece una cifra exorbitante, salvo que introdujéramos la lógica de que ese fallo y esa indemnización la entendemos como un mandato que se ha tenido desde el inicio de la Fundación Presidente Allende de España de sacar de nuevo el diario. Esto tiene que ver con que se haga justicia”.
También expresó Pey su esperanza respecto del Gobierno: “El Presidente tuvo un gesto hace algunos años de manifestarse públicamente a favor de ello (la indemnización), cuando era diputado”.
La hija del fallecido ingeniero alude a un oficio de 2017, dirigido a los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia, en que el actual Presidente Gabriel Boric, en la época diputado, solicitaba una “respuesta no solo formal sino también política respecto de qué ha llevado a nuestro Estado a defender con tanta perspicacia el hecho de que no se repare a los legítimos dueños de un diario”.
El abogado Carey también recuerda el hecho, pero menciona que probablemente el mandatario había sido mal informado, y puntualiza que la “respuesta que dio entonces Heraldo Muñoz, como ministro de RR.EE., fue que todavía se estaba en juicio y que se seguiría hasta el final, porque nunca Chile le ha reconocido al señor Pey el dominio del diario (...) Y, después de eso, ganamos el juicio”.

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