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Nuevo ministro de la Corte Suprema, Diego Simpértigue y justicia indígena: “Los límites están dados por los principios constitucionales que nos deben regir a todos”

Según el magistrado, la ley penal debiera ser igual para todos, sin ninguna excepción, y considera necesario que estas materias las vea una sala especializada del máximo tribunal, que unifique ambos sistemas.

Lunes, 16 de mayo de 2022 a las 11:53
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Cinthya Carvajal
Desde el 21 de enero pasado el ministro Diego Simpértigue Limare forma parte de la Corte Suprema, convirtiéndose así en el primer integrante de origen aimara del máximo tribunal.

Su padre, del mismo nombre, nació en el poblado de Huara, en la pampa salitrera, Iquique, y hasta su muerte se desempeñó como chofer repartidor de la panadería Europea de Arica. Su madre, Lucía Limare Limare, nació en la localidad de Belén, en una comunidad aimara. He tenido la suerte de recorrer Belén y también de leer el acta de nacimiento de mi madre, que aún se conserva en el Registro Civil de dicha localidad. Es un lugar muy hermoso y sus habitantes muy afectuosos", recuerda el magistrado.

Simpértigue estudió en la escuela N° 29 Lincoyán de Arica y en el liceo medio de hombres de la misma ciudad. Es egresado de Derecho de la Universidad de Valparaíso y titulado en el extranjero. A la enseñanza superior pudo llegar con el apoyo de su madre y de un grupo de profesores que juntaron recursos económicos para que pudiera viajar de Arica hasta la Quinta Región.

Cuando llegué a estudiar Derecho, para mí era todo muy complejo, por la falta de recursos, y lo único que pretendía era terminar la carrera y ponerme a trabajar porque me preocupaban mi mamá y mis dos hermanas. Pasamos tal dificultad del orden económico, que muchas veces estando en la universidad no tenía medios para poder trasladarme de un lugar a otro. Mientras al lado mío había compañeros, hijos de abogados, que tenían mejores condiciones y evidentemente allí había una desigualdad tremenda entre uno y otro, recuerda el ahora supremo.

Sin embargo, dice que esta discriminación social fue superada gracias a mis compañeros y a la universidad.

Tras titularse de abogado, ha realizado varios cursos en Chile y en el extranjero, como en Estados Unidos, España y Alemania, y luego de ingresar al escalafón primario del Poder Judicial fue, entre otras cosas, ministro de las cortes de apelaciones de Concepción y San Miguel. En paralelo, se ha dedicado a la docencia y ha sido profesor titular en seis casas de estudio.

Actualmente Simpértigue integra la Cuarta Sala de la Corte Suprema, especializada en materias laborales, de familia y leyes especiales. Además, fue designado por sus pares para ser parte de la comisión que se encuentra atenta a los cambios propuestos por la Convención Constituyente y está también encargado del tema de la infancia.

En Chile no hay personas privilegiadas, todos somos iguales ante la ley

¿Ha participado en justicia indígena dentro de alguna comunidad?

No.

¿Es importante que un juez conozca, por ejemplo, la cultura aimara a la hora de fallar una causa de pueblos originarios?

Todos los pueblos son distintos, por lo tanto, es un tremendo desafío de llegar a aprobarse los tribunales de los pueblos originarios. En Chile no hay personas privilegiadas, todos somos iguales ante la ley, de tal manera que ese es un desafío tremendo a resolver. No lo veo sencillo, es complejo. En todo caso, debe considerarse su cosmovisión o la manera de relacionarse entre ellos y de acuerdo a eso se podría resolver de distinta manera de acuerdo a su realidad. Sin perjuicio de lo anterior, deben reconocerse sus particularidades y respetarlos de acuerdo con su realidad.

¿Era necesario un reconocimiento constitucional?

Es bueno que se diga y reconocer las inquietudes. Los cambios no son malos, pero requieren de estudios previos.

¿Deben existir límites en las materias de estos tribunales?


Los límites están dados por los principios constitucionales que nos deben regir a todos. Uno debe partir de la base de que todos son aplicables a todos los chilenos, sin ninguna excepción.

¿Y qué principios no debieran ser aplicables a los pueblos originarios según su cosmovisión?

Eso es complejo porque hay que estudiar cada pueblo en particular, son muy distintos unos de otros. Yo pediría a los que tienen que decidir sobre estas materias que haya prudencia, equilibrio y pensar que la decisión que se va a tomar nos va a afectar a todos y que ojalá sea para tener un mejor país.

¿Es necesario que estas materias las vea una sala especializada de la Corte Suprema que unifique los dos sistemas?

Sí, me parece que un solo tribunal, la Corte Suprema, debería unificar los criterios de interpretación de la ley. Ya tenemos salas especializadas en otras materias.

¿Está de acuerdo con que esta sala esté integrada también por personas externas, que no son jueces, de pueblos originarios?


La dificultad que veo en eso es que la formación de un juez requiere de mucho tiempo, porque no se trata solo de conocer la realidad de un lugar determinado, sino que un alto grado de conocimiento y experiencia en la interpretación y aplicación de la ley. Creo que sí pueden estar, pero necesitan preparación y entrenamiento. Sería ideal que sean abogados y hay también jueces de pueblos originarios capacitados para cumplir esta función. Es posible que en la Corte Suprema, en un tiempo más, haya más ministros que provengan de pueblos originarios y si no hay, en algún momento llegarán.

El magistrado explica, además, que nosotros ya estamos resolviendo conflictos de pueblos originarios.

La gente que conoce de los pueblos originarios ¿puede ser un aporte consultivo a la hora de resolver?

Puede ser una gran colaboración al trabajo judicial. En nuestra legislación existen los peritos, que si bien no toman una decisión, son muy importantes para informar a un tribunal acerca de su expertise y conocimientos para que el tribunal tome una decisión.

La ley penal debiera ser igual para todos, sin ninguna excepción

¿Le gustaría integrar esa sala si llegara a existir?

Sí. Si el pueblo de Chile me necesita realizando un trabajo determinado, yo estoy disponible en el orden judicial.

En materia penal, ¿debe haber una justicia igualitaria?

Es un tema complejo y en principio la ley penal debiera ser igual para todos, sin ninguna excepción. Un homicidio, un tráfico de drogas, un robo en un lugar habitado tienen que tener el mismo tratamiento.

En nuestro país, aunque no existen las diferencias que hay en otros, tenemos chilenos del norte, centro y sur del país que no son exactamente iguales, por lo que hay que reconocerlos, y la labor del juez, al interpretar la ley, debe tenerlo presente. Lo mismo ocurre con nuestros pueblos originarios. Sin embargo, existe un principio que está tanto en la ley ordinaria como en la Constitución Política y en los tratados y convenios internacionales, como es la igualdad ante la ley. Este principio, junto a otros, es esencial para una adecuada convivencia.

¿Es factible que puedan convivir estos dos sistemas judiciales en paralelo?

Es muy difícil y complejo porque existen principios constitucionales que son aplicables a todos los integrantes de este país. Debemos respetarnos y tratar en forma justa, especialmente a los más débiles.

Un mal sistema judicial hará que las consecuencias las sufran los chilenos

Usted integra la comisión de la Corte Suprema que está viendo los temas de la Convención, los constituyentes han cuestionado las intervenciones y oficios en los que el máximo tribunal ha dado su opinión...

Creo que algunas personas no entienden bien, a pesar de la buena fe que hemos tenido, la labor que nos han asignado. Solo queremos responder preguntas y aportar con ideas. Puedo afirmar que la Corte Suprema, como sus integrantes, lo único que pretendemos es que la nueva Constitución sea la que realmente este país necesita. En una declaración dada a conocer hace un tiempo, lo único que se dijo a los convencionales y al país es que tengan presente los principios que deben ser reconocidos, los que han sido aceptados en todos los países del mundo. Sin embargo, el excesivo celo ha hecho creer a algunos que pretendemos defender privilegios, nada más ajeno a la realidad. Un mal sistema judicial hará que las consecuencias las sufran los chilenos y chilenas. Muchos de nosotros llevamos aproximadamente 40 años en la labor judicial y hemos conocido todos los sistemas. Lo único que espero es que quienes tengan que decidir levanten la mirada y miren hacia el futuro de nuestro gran país.

Lo que ha dado éxito es la gradualidad en la aplicación de normas

¿Cree que era necesaria la revisión integral cada cinco años a los tribunales?

Al decirle a un juez que voy a revisar cada cinco años, lo que usted está haciendo, en materia jurisdiccional, es que ese juez pierde su independencia, por eso hemos puesto el acento en que no se revise la labor jurisdiccional. Lo único que hemos dicho es que revisen los principios, más que una defensa corporativa. La revisión integral del funcionamiento de los tribunales lesionaría gravemente la libertad e independencia de los jueces, lo que es esencial para que las personas que recurran a los tribunales tengan un juez imparcial. También, no es conveniente que a un juez de inferior grado, a quien se le revisarán su resoluciones, califique a superior a fin de año. Por otro lado, es esencial la creación de normas transitorias que resguarden los derechos y deberes sin sobresaltos tanto de los justiciables como de las magistradas y los magistrados.

Hay quienes dicen que no son partidarios de cambiar...

Eso no es cierto, no corresponde a la realidad. Hemos sido partidarios y hemos participado de muchos cambios en el sistema judicial. Eso sí, en cada uno de estos procesos hemos estado pendientes de que no sean transgredidos y que se acomoden a la realidad de ese momento. Hemos expresado nuestra opinión defendiendo los principios, no estamos defendiendo a un juez en particular ni a la Corte Suprema.

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