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Fallo de la Corte Suprema podría “incentivar” la toma ilegal de terrenos, según expertos

Académicos de derecho civil analizaron la sentencia y calificaron la decisión como “sorprendente”: También coincidieron en una serie de problemas que puede generar a futuro, si se asienta una línea jurisprudencial en la materia.

Viernes, 28 de enero de 2022 a las 10:30
Épocas de “tomas” en Chile
En el período anterior a 1973 las tomas de terrenos se fueron convirtiendo en una práctica repetida. Muchas veces esas acciones eran promovidas por quienes desean tener casa, pues carecían de ellas, y en otras producto de la radicalización política que vivió Chile en aquellos años, como forma de acelerar la revolución. De esta manera, Santiago se fue rodeando de “poblaciones callampa” y miseria, con viviendas sin las condiciones de urbanización necesarias. Algunos datos son ilustrativos: el Censo Nacional de Viviendas, de 1952, demostró la precariedad en que vivía una parte importante de la población; sumado a esto, las familias que habitaban en las poblaciones callampa del Gran Santiago, subieron de 16.502 en 1952, a 32.307 en 1959.

El tema ha sido desarrollado ampliamente por Mario Garcés, en su libro Tomando su sitio, y muestra la pluralidad de factores que definen el problema, tales como el déficit crónico de vivienda —por lo demás, denunciado por sucesivos candidatos y gobernantes—, las soluciones lentas, la creciente organización de los pobladores y la agitación política. Todo ello cobró especial fuerza a partir de octubre de 1957, cuando se produjo uno de los hitos principales de la historia social de Chile: la toma de La Victoria.

En los años siguientes la crisis se multiplicaría, en un contexto de mayor efervescencia social y en un ambiente revolucionario, en el cual incluso se propiciaban las vías de hecho. El tema no solo se dio en la capital: un momento especialmente dramático se vivió en marzo de 1969 en Puerto Montt, cuando una toma concluyó con la matanza de Pampa Irigoin, generando un gran debate político entre el gobierno de Frei Montalva y la izquierda.

Durante la Unidad Popular la tesis del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) era acelerar la reforma agraria con tomas ilegales y permanentes de terrenos, lo que incluso le significó una disputa con los partidos de gobierno en noviembre de 1971. Otros grupos también propiciaban las vías de hecho en la ciudad y en el campo. No obstante, el Partido Comunista estimó necesario aclarar en algún momento que si bien no estaba “contra las tomas” —pues también las habían promovido tiempo atrás—estimaba que durante el “Gobierno popular” era preciso priorizar “la búsqueda de soluciones”.

En medio de la polarización política, amenazas de ruptura institucional y superación de la legalidad, el Acuerdo de la Cámara de Diputados sobre el Grave Quebrantamiento del Orden Constitucional de la República (22 de agosto de 1973) atacó frontalmente al gobierno de Allende, y sostuvo en uno de sus acápites que este había “violado sistemáticamente la garantía constitucional del derecho de propiedad, al permitir y amparar más de 1.500 ‘tomas' ilegales de predios agrícolas, y al promover centenares de ‘tomas' de establecimientos industriales y comerciales para luego requisarlos o intervenirlos ilegalmente y constituir así, por la vía del despojo, el área estatal de la economía”.

Esta trayectoria mostraba una doble dimensión histórica, como se pudo apreciar durante décadas. Por una parte, la persistencia de los problemas sociales y la falta crónica de vivienda (se cifraba en 500 mil el déficit). Por otra parte, la crisis política y del Estado de Derecho muestran el avance de la “acción directa” y la degradación del derecho de propiedad. Ambos problemas terminarían horadando la democracia chilena desde dentro.

Alejandro San Francisco, académico de Universidad San Sebastián y Universidad Católica de Chile, y director de Formación del Instituto Res Publica.
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Alejandra Zúñiga y Daniel Inostroza
En noviembre de 2020, los dueños de un terreno ubicado en Viña del Mar presentaron un recurso de protección, por la toma ilegal de este. En el escrito señalaron que “con motivo de una visita de rutina”, se dieron cuenta de que “terceros ajenos han ingresado al predio, a la fuerza y con rompimiento de puertas, cercos y cierros en general, para proceder a tomarse el inmueble (…), donde han comenzado con movimientos de tierra y construcción de viviendas”.

Y agregan que “no es un asentamiento espontáneo, sino que obedece a una operación de apropiación concertada, que persigue una gestión inmobiliaria informal, dirigida por dos recurridos y caracterizada por el señalamiento y demarcación de micro lotes, que luego son adjudicados, mediante el pago de un precio, a terceros ocupantes”.

Aunque el recurso fue desestimado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en diciembre pasado, al considerar que “resulta evidente que el asunto debatido no es una materia que corresponda ser esclarecida por medio de la presente acción cautelar de urgencia, puesto que la existencia de una eventual usurpación de terrenos es controvertida por la única recurrida que informó, al señalar que contaba con autorización del dueño del predio para su asentamiento”, hace unos días la Corte Suprema revirtió esa decisión.

“Incuestionable resulta que los propietarios de los terrenos han visto vulnerado su derecho de propiedad, puesto que se han visto impedidos de ejercer sobre ellos las facultades que les confiere tal calidad”, señala la sentencia; sin embargo, se acogió el recurso de protección “solo en cuanto se dispone que los propietarios de los terrenos involucrados, Carabineros de Chile, la Municipalidad de Viña del Mar, la Seremi de Salud de la región, el Servicio de Vivienda y Urbanismo y el Ministerio de Desarrollo Social deberán coordinarse a fin de que, de manera conjunta, se otorgue una solución global y efectiva a la situación que actualmente viven los recurridos, de manera tal que sus derechos sean igualmente resguardados”. La decisión generó un debate entre los especialistas.

Un fallo amplio y ambiguo

Para el profesor de Derecho Civil de la U. de los Andes Hernán Corral, “la Tercera Sala nos tiene acostumbrados a estos fallos creativos que se apartan de las normas constitucionales y legales”, y advierte que una sentencia como esta “lo único que hará será incentivar la toma de terrenos invocando el derecho a la vivienda”.

Su par de la Universidad Diego Portales Íñigo de la Maza plantea que, “mirado desde la óptica de los propietarios, esto simplemente es mantener el statu quo indefinidamente, y eso es bien sorprendente, porque los hace responsables de una política pública y en términos espectacularmente amplios”.

Y añade que “uno esperaría que esta o es la opinión de la corte o simplemente se dé cuenta que probablemente no expresó con toda la claridad deseable lo que quería decir y matice un poco las cosas. Si este fallo va a marcar una línea jurisprudencial, por supuesto que abre la puerta para casos similares”.

Mientras que la académica de la Universidad Alberto Hurtado Lilian San Martín precisa que “si la corte entiende que esta condición de derecho, que sería el derecho del propietario versus el derecho a la vivienda, sin hacer un análisis particularizado del caso concreto, sino a nivel general, de principios, eso hace que la sentencia sea extensiva a cualquier otro caso que pueda enmarcarse en este conflicto”.

El profesor de la Universidad Católica Jaime Alcalde indica que “uno se puede preguntar si esto fue una solución aislada, para este caso concreto, o es una interpretación que eventualmente podría terminar consolidándose y abriendo una línea jurisprudencial, porque si finalmente el criterio va a ser reiterado, tenemos un problema respecto a la protección de la propiedad”.

Consecuencias

A juicio de San Martín, el fallo “impone a los propietarios del terreno una colaboración público-privada obligatoria, pero esa colaboración siempre tiene el carácter de voluntario (…), entonces, la corte establece una limitación a la propiedad claramente derivada de la idea de función social de la propiedad, pero por vía jurisprudencial”.

Corral añade que “es muy discutible que la corte para acoger un recurso de protección sobre vulneración del derecho de propiedad considere un derecho de los recurridos a la vivienda (que estos no hicieron valer de ninguna manera), y termine por dar órdenes (…) para coordinarse, a fin de que, de manera conjunta, se otorgue una solución global y efectiva a la situación que viven los recurridos”.

Alcalde, en tanto, puntualiza que “se produce un cruce de los conflictos, entre el dueño del predio y los ocupantes, y otro donde al dueño se le traspasa una carga que finalmente corresponde al Estado”, y precisa que “lo que correspondía era rechazar el recurso y reenviar a la sede procesal correspondiente”.

Mientras que De la Maza plantea que “el fallo captura un conflicto de forma correcta, asumiendo que es una situación trágica, en el sentido de que ni los propietarios merecen pasar por esto ni las personas tienen que verse forzadas a realizar actividades tan extremas como una toma por las necesidades en que se encuentran, y eso está muy bien, como marco conceptual, pero la corte no está llamada a diagnosticar los problemas, sino a resolverlos, y eso no lo hace, o lo hace de una manera solapada, porque lo que produce una sentencia como esta es un notable debilitamiento del derecho a la propiedad, al menos en estos casos, de tomas no frívolas”.

Presentación de pruebas

La defensa de la única persona recurrida que solicitó asistencia estuvo a cargo de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso. El abogado Enrique Jofré plantea que, “como las posturas de cada parte difieren, esa es una cuestión que tiene que ser probada, es un procedimiento establecido en nuestro ordenamiento jurídico, y eso no es en caso alguno el recurso de protección”.

En ese sentido, añade, la Corte de Apelaciones de Valparaíso “resolvió adecuadamente y nos dio la razón”, mientras que el fallo de la Corte Suprema, dice, “es una sentencia adecuada donde también reconoce que es un problema mucho más complejo que lo estrictamente jurídico, y por eso puede resultar sorprendente para algunos, pero en nuestra opinión la solución es muy criteriosa, en el sentido de que, en definitiva, resuelve en justicia”.

En tanto, los dueños del terreno ocupado declinaron hacer comentarios por el momento.

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"...La sentencia de la Corte Suprema razona correctamente. Otra línea jurisprudencial sobre la misma cuestión no lo hace; aquella que siguió la Corte de Apelaciones, según la cual la existencia de un título determinaría que la tenencia no se explicara por la ignorancia o mera tolerancia del dueño, con independencia de si le resulta o no oponible al dueño..."

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