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Presidente de la Corte Suprema defiende la existencia del TC: “Sería un error suprimirlo”

A un día de dejar cargo, Guillermo Silva recuerda a convencionales que sería “volver atrás”, al régimen milita. Además, el magistrado responde a las críticas por los detenidos en el contexto de la crisis social que siguen en prisión preventiva y dice que “nos queda la tranquilidad de que lo hemos hecho bien. Las personas están bien privadas de libertad, para eso están los tribunales de justicia”.

Miércoles, 05 de enero de 2022 a las 10:12
- El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva , deja su cargo mañana y se irá a la Sala Civil del máximo tribunal.
Crédito: Felipe Báez Benites
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Cinthya Carvajal Arriagada
Al presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, se lo ve relajado, se tomó unos días de vacaciones y pasó la Navidad en Nueva York junto a su esposa, hijos y nietos. En su escritorio tiene los últimos papeles que debe firmar en este cargo, un ejemplar de “El Mercurio” y el cuerpo de Deportes, donde acaba de terminar de leer un artículo de cómo la U rearma su equipo.

Mañana jurará el presidente electo, Juan Eduardo Fuentes Belmar. Mientras que Silva tendrá otro desafío: volverá a presidir la Sala Civil del máximo tribunal.

Antes de que ello ocurra, el magistrado hace un balance de estos dos años en la presidencia y recuerda que siempre supo que no iba a ser fácil. Primero fue la crisis social y luego vino la pandemia del covid-19.

“El Poder Judicial supo responder a todos los desafíos. Nunca dejamos de funcionar, ni un solo día. Se trabajó telemáticamente y ahora estamos de manera híbrida”, dice. Y adelanta que esto “llegó para quedarse” y que los futuros abogados podrán jurar desde donde se encuentren, incluso en otros países, por videoconferencia, y que también los abogados podrán solicitar realizar alegatos remotos.

Sobre lo que dejó pendiente, afirma que su objetivo “era lo jurisdiccional, que se vieran más causas y que se fallaran más luego. Eso no se pudo cumplir”.

“Presos del estallido” y querellas por Ley de Seguridad del Estado

—¿Qué fue lo más complejo de su presidencia?

—Por supuesto que la crisis social y la pandemia. Pero para mí fue más complejo las dificultades en los tribunales de Familia (por retenciones del 10% de fondos de las AFP debido a pensiones alimenticias impagas). Los parlamentarios no miden y no se preocupan de las consecuencias que van a traer las decisiones que adoptan. A los tribunales de Familia les costó mucho esto y salimos bien del paso.

—¿Cuáles son los desafíos que deberá enfrentar el nuevo presidente?

—Que los tribunales sigan funcionando como hasta ahora. Una de las dificultades será la “avalancha” de causas cuando se comience a volver a la normalidad. Para eso se requiere más dotación, porque los tribunales no son capaces de absorber esto. Por eso estamos pidiendo los jueces transitorios (…). Pero todavía no se avanza en eso, por el costo que tiene para el presupuesto, y mientras tanto vamos a tener que recurrir a la figura de los jueces destinados.

—¿Qué piensa de las críticas a jueces por mantener en prisión preventiva a imputados en causas derivadas del estallido social?

—La gente a veces critica sin conocer bien los antecedentes. A nosotros nos queda la tranquilidad de que lo hemos hecho bien. Las personas (presas) están bien privadas de libertad, para eso están los tribunales de justicia; estos deciden si está bien o no privada de libertad, no es la gente la que determina esto.

—Usted ha dicho que no es partidario del indulto o amnistía a estos imputados...

—No soy partidario, pero si sale ley habrá que respetarla y cumplirla, nos guste o no.

—¿Y qué le parece lo anunciado por el nuevo Gobierno respecto del retiro de las querellas interpuestas por el Ministerio del Interior por Ley de Seguridad del Estado?

—Son decisiones políticas que deben adoptar ellos. Nosotros tenemos que acatarlas. Los jueces, en su oportunidad, deberán ver qué hacen con esas causas y si serán sobreseídas.

—¿Es partidario de que el Poder Judicial se deje de llamar así, como proponen algunos convencionales?

—El nombre es lo de menos, pero si deja de ser un poder, nos estamos despidiendo de un Estado de Derecho en democracia. Debe seguir manteniendo su rango constitucional y seguir siendo un poder.

—Hay un consenso de los convencionales de tener un consejo de nombramientos. ¿Este debe estar integrado por el presidente de la Corte Suprema?

—No estoy de acuerdo que sea obligatorio. Si es elegido por sus pares, que sea.

—¿Cómo se evita la politización de estos organismos, como ha ocurrido en otros países?

—Dependerá de la composición. La mayoría de sus integrantes debieran ser jueces. Puede haber representantes de la Presidencia y del Congreso, pero el resto debe ser gente que conozca el sistema de justicia.

“Atribuciones exageradas” del consejo de nombramientos

—¿Debe nombrar, además de jueces, a fiscales, defensores e integrantes del Consejo de Defensa del Estado?

—No. Esta propuesta de atribuciones del consejo la encuentro exagerada. Sería omnipotente, con demasiadas atribuciones; estaría por encima de todos. Además, tendrá otras funciones de remover, trasladar e investigaciones sumarias de jueces. Sería muy omnipotente, esto no es bueno, porque afectaría la independencia del Poder Judicial, con un consejo de atribuciones exageradas.

—Existe preocupación de los gremios de magistrados y funcionarios por la posibilidad de incluir responsabilidades personales por errores judiciales. ¿Cree que puede afectar la independencia de jueces?

—Encuentro peligrosa la responsabilidad penal de los jueces; no me parece adecuado e indudablemente afectaría la independencia. Los jueces somos seres humanos y estamos expuestos a equivocaciones. El Derecho no es una ciencia exacta, muchas veces resolvemos creyendo que lo que estamos resolviendo es lo correcto. Si un ente superior nos dice que nos hemos equivocado, no por eso vamos a ser responsables.

Silva explica, además, que en el actual sistema se contempla una responsabilidad penal, “pero que es del Estado, no personal, y en términos muy exigentes. No conozco ningún caso en que se haya acogido indemnizaciones. En la actualidad no existe una responsabilidad directa del juez”.

Inaplicabilidad: “Eso debería permanecer en el TC”

—¿Cómo tomó la propuesta de convencionales de eliminar al Tribunal Constitucional (TC)?

—Sería un error suprimir el Tribunal Constitucional, sería volver atrás en el tiempo, dar marcha atrás. Ya se suprimió en el gobierno militar. No vamos a incurrir de nuevo en el mismo error.

“En lo que sí estoy de acuerdo es que es necesario que se hagan modificaciones en la forma de elegir a ministros y materias que debe conocer. Delimitar competencias entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema para no repetir el problema que sucedió hace años. Eso sí, pero suprimirlo no”.

—El 95% de los ingresos del TC son los requerimientos de inaplicabilidad que hasta el 2005 estaban en la Corte Suprema. ¿Qué piensa de este traspaso de competencias?

—Conocimos mucho tiempo esas causas; a mi juicio, eso debería permanecer en el Tribunal Constitucional.

—En caso de que eso no ocurra, ¿qué harán frente a una posible “avalancha” de estas causas?

—La Corte Suprema está preparada. Si se decide hacer esto, lo vamos a hacer bien.

—¿Es una sobrecarga de trabajo?

—Claro que nos va a significar mucho más trabajo.

—Ustedes revisarán las inaplicabilidades, pero en caso de que se crea que son inconstitucionales las normas y que se deban derogar deberán enviarlas al Congreso. ¿Está de acuerdo con eso?

—Eso debe ser materia del Congreso.

Macrozona sur: “Estamos preocupados de la seguridad de los jueces”

—¿Cuál es la situación de los jueces y tribunales de la macrozona sur que han sido amenazados?

—Estamos preocupados de la seguridad de los jueces y por eso hemos tomado medidas.

—¿La medida del teletrabajo ha servido en la zona?

—Ha servido porque ha habido atentados en tribunales en Cañete, pero los jueces no han estado. En la situación actual la medida debiera mantenerse.

—Usted jubila el próximo año, ¿qué piensa del debate de los certificados de lucidez para trámites en las notarías?

—Yo me siento en la plenitud de mis facultades mentales. En mi opinión, estos certificados de lucidez los encuentro abiertamente discriminatorios. Hay leyes que son absurdas, por ejemplo, voy al supermercado y compro un champagne y me piden mi cédula de identidad. ¿Cómo los políticos no piensan en eso?

—¿En qué casos sí se debería pedir el certificado?

—Cuando se nota que una persona no está bien, no por el solo hecho de que tenga 75 años de edad.


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