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Convencionales quieren crear un Consejo Supremo de Justicia para nombrar a jueces, fiscales y defensores

Serían 21 integrantes, la mitad mujeres y dos de pueblos originarios. El órgano, además, designaría a notarios, a conservadores y a los integrantes del Consejo de Defensa del Estado, que en la actualidad los escogía el Presidente de la República.

Lunes, 03 de enero de 2022 a las 10:10
- La comisión de Sistema de justicia, órganos autónomos de control y reforma constitucional de la Convención Constitucional comenzará a votar en enero las propuestas.
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Cinthya Carvajal
Ocho de 19 convencionales que integran la comisión de Sistema de justicia, órganos autónomos de control y reforma constitucional de la Convención Constitucional realizaron el 24 de diciembre una presentación para rediseñar el Poder Judicial con los principios que lo deben regir en la nueva Carta Fundamental.

En la propuesta se creaba un Consejo Nacional de Justicia, organismo encargado de los nombramientos de supremos, ministros de cortes de apelaciones y jueces, para ejercer la potestad disciplinaria, decidir la remoción y traslados de aquellas personas que ejerzan esa función jurisdiccional. El viernes 31 de diciembre se realizó otra presentación en la que se le cambia el nombre a Consejo Supremo de Justicia, el que tendrá rango constitucional.

La iniciativa —presentada por 16 convencionales, ocho de ellos de la comisión— deja en manos de este organismo el nombramiento de los integrantes de la Corte Suprema, el fiscal nacional y de los fiscales regionales; además de los jueces y magistrados.

La presentación es promovida por Chile Digno, Movimientos Sociales Constituyentes, Pueblos Originarios, Colectivo del Apruebo e Independientes por una Nueva Constitución.

La idea es separar la función jurisdiccional, fallar causas, de todo lo administrativo. Esto va en la misma línea de lo planteado por el máximo tribunal y los gremios del Poder Judicial.

Atribuciones

El Consejo Supremo de Justicia sería un órgano autónomo, independiente, colegiado, técnico, paritario y plurinacional, que se encargará del gobierno y la administración del Sistema Nacional de Justicia —como se le quiere llamar al actual Poder Judicial—, sus órganos y de la selección, nombramiento, destino, traslado, perfeccionamiento, profesionalización y promoción de juezas y jueces de todos los tribunales de justicia.

Además del nombramiento del fiscal nacional y fiscales regionales del Ministerio Público, del defensor penal público nacional y defensores penales públicos regionales.

Le corresponderá al Consejo el ejercicio de la potestad correccional o disciplinaria en los términos establecidos por la Constitución y la ley.

Asimismo, se le otorga la facultad para nombrar, sancionar y remover a notarios y conservadores, debido a que en la actualidad “existen profundas críticas al estatuto que actualmente los rige, que genera incentivos para la endogamia, con bajos estándares de transparencia”.

También escogerá a los integrantes del Consejo de Defensa del Estado (CDE), “por los cuestionamientos a los nombramientos que ha hecho la Presidencia de la República, en los cuales se ha reprochado privilegiar criterios de cercanía política más que el mérito y competencias específicas para el cargo”.

“Evitar politización” en nombramientos

Respecto a su composición se propone un número impar de 21 integrantes, quienes ejercerán su cargo por un período de seis años sin reelección. Hay dos escaños reservados para pueblos originarios (ver recuadro). Pero este Consejo no interviene con el sistema de justicia indígena que se quiere crear, el cual se regulará “a partir del derecho de los respectivos pueblos originarios conforme al principio de pluralismo jurídico”.

En la elección, los órganos que deben designar un número par de integrantes deben respetar la paridad de género en los nombramientos. “De esta forma, a lo menos la mitad de las personas designadas deberán ser mujeres”, dicen los convencionales.

En la elección se deberá respetar el principio de descentralización, “por lo que en caso de que se designen dos o más integrantes, deberán residir en regiones diferentes”.

El Consejo Supremo de Justicia escogerá cada dos años a quien los presidirá.

En el texto de la presentación se señala que quienes integren el Consejo deben representar a los “distintos sectores que tengan injerencia en la administración de justicia y de representantes de la sociedad civil, bajo una proporción que evite su politización, en los términos que se han observado en la experiencia comparada especialmente en el ámbito latinoamericano”.

En los nombramientos, además, se establece que se harán concursos públicos en que se respeten los principios de publicidad, igualdad, mérito, transparencia, imparcialidad y legalidad.

Respecto del ejercicio de sus potestades correccionales y disciplinarias, “se definen las bases de un procedimiento que respete las garantías de quienes están sometidos a tales atribuciones, pero resguardando el interés de contar con investigaciones efectivas que determinen la verdad de los hechos que se imputan y su eventual carácter infraccional”, concluyen.

A esta propuesta se suma otra muy similar del Frente Amplio. Hay otra ligada al PS, en la que se mantiene el actual sistema de designación de supremos con participación de los tres poderes del Estado: Presidente, Corte Suprema y Senado. Y a diferencia de las anteriores, hay un Consejo integrado siempre por el presidente del máximo tribunal.


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