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Orpis dice que cumplirá pena de cárcel luego de que la Corte rechazara su recurso de nulidad

El exsenador fue condenado en la causa por aportes ilegales a campañas durante la tramitación de la Ley de Pesca. Si bien hay una apelación pendiente que debe conocer el mismo tribunal, con ella solo se busca la remisión condicional de la pena por el cohecho, por lo que, incluso si se acoge, quedaría igualmente privado de libertad por el tiempo que le resta por el fraude.

Viernes, 12 de noviembre de 2021 a las 11:10
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Cinthya Carvajal
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa de Jaime Orpis, en septiembre pasado, con el que buscaba revertir la condena a cinco años y un día por seis delitos de fraude al fisco, y la de 600 días por dos delitos de cohecho calificado, en la causa por el financiamiento ilegal de campañas políticas durante la tramitación de la Ley de Pesca, conocida como el caso Corpesca.

El exsenador UDI tiene abonados hasta hoy, debido a las medidas cautelares a las que ha estado sometido, cerca de cuatro años, por lo que tendría que cumplir privado de libertad dos años y 235 días. En la actualidad, además, se encuentra con arresto domiciliario total, lo que también suma días de descuento a su pena.

Sin embargo, el fallo de la Undécima Sala (Tributaria) todavía no se encuentra ejecutoriado, ya que en la misma presentación de septiembre se recurrió de apelación en subsidio, con el fin de que la pena de 600 días por cohecho la cumpla con remisión condicional y no en la cárcel.

Esta solicitud la tendrá que resolver en las próximas semanas la misma sala.

Por lo mismo, Orpis ayer, mediante un comunicado de prensa, afirmó que cumplirá algún tiempo preso, ya que la condena por fraude al fisco está prácticamente ejecutoriada y no es materia de la apelación.

“Con humildad acataré el fallo a pesar de que respecto al cohecho soy inocente, y cumpliré la condena que se me ha impuesto, pese a que sostengo con total convicción que no tuve la oportunidad de acceder a una investigación objetiva, a un juicio igualitario y, sobre todo, a un tribunal imparcial que me juzgara”, aseguró el excongresista.

En el mejor de los escenarios, Orpis tendría que estar, hoy, un año en la cárcel. Esto en caso de que el tribunal de alzada capitalino acceda a la petición de su defensa y los 600 días por cohecho sean remitidos.

El tiempo en la cárcel dependerá del día en que quede todo ejecutoriado.

En la misma comunicación, el excongresista sostuvo sobre el fraude y las platas políticas que, “quedó demostrado, no fueron para enriquecimiento personal. Asumiré la cárcel con la libertad de espíritu y la tranquilidad que me da el haber dicho desde un principio la verdad, haber respondido, asumido la consecuencia de mis acciones y haber reparado”.

Argumentos de la Corte

La sentencia dictada por el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago fue impugnada por la defensa de Orpis, la que pidió, en sus alegatos, que el fraude al fisco se considere como un delito continuado, de los seis por los que fue condenado. Además, cuestionó la determinación de la pena de este ilícito, que es más alta. Sobre los dos cohechos, solicitó anularlos por la valoración de la prueba e infracción al principio de congruencia.

Las ministras Jessica González, María Loreto Gutiérrez y Graciela Gómez descartaron que hubiese errores de derecho en la sentencia que condenó a Orpis.

Respecto de una supuesta infracción por la adopción de una sentencia condenatoria en decisión adoptada por la mayoría de las juezas que dictaron el fallo y no por unanimidad, esta se desestimó, porque “la ley ha determinado la forma en que se adoptan las decisiones en un tribunal colegiado, esto es, por mayoría; regulando expresamente las hipótesis excepcionales en las que se ha recurrido a la unanimidad (como ocurre con la decisión sobre la cautelar de prisión preventiva, en delitos sobre conductas terroristas, de acuerdo a lo prescrito en la Constitución Política de la República), o para solucionar la ocurrencia de inhabilidades o ausencias sobrevinientes de alguno de los integrantes de la sala de dichos tribunales orales durante el desarrollo de un juicio”.

Sobre la errónea aplicación del derecho, las magistradas desecharon la causal, porque, entre otras cosas, “la lectura de la impugnación permite concluir que ella se estructura sobre la base de hechos que las juezas del fondo han descartado, esto es, el relativo a la existencia de unidad temporal entre los hechos, aspecto que el recurso discute, sosteniendo que la conclusión establecida no encuentra respaldo en la prueba rendida”.

La Corte también desechó que hubiese un error al considerar el delito de fraude al fisco como reiterado y no continuado.

Las mismas ministras rechazaron los recursos de nulidad de la exdiputada UDI Marta Isasi, condenada a la pena de 50 días de prisión por un delito de cohecho; y de Raúl Lobos Torres, sentenciado a 541 días de presidio por un delito de fraude al fisco. Lo mismo resolvieron respecto de la presentación de la empresa Corpesca, condenada al pago de una multa de 10.000 unidades tributarias mensuales por los delitos de soborno y cohecho.

Las ministras consideraron que tenían argumentaciones similares a las de la defensa del condenado Orpis.

El recurso presentado por el Servicio de Impuestos Internos (SII) también se rechazó. El organismo recurrió por la absolución por el delito de facilitación de boletas de honorarios falsas.

Críticas a fiscalía y jueza

Junto con abordar los delitos por los que se le condenó, el exsenador en su comunicado cuestionó la investigación de la fiscalía. “Quiero hacer público que fui investigado por cohecho sin una mínima objetividad por parte del Ministerio Público, que me negó reiteradamente diligencias para demostrar mi inocencia y con una gestión mediática por parte de la fiscal en mi contra”.

Agregó “que lo más grave es que no tuve un juicio imparcial. Fui condenado por cohecho en un fallo dividido, con un jurado en que una de sus tres integrantes carecía de independencia e imparcialidad”. Y recordó: “Pocos meses después de iniciarse el juicio, el cónyuge de una de las tres juezas que me juzgó fue contratado por el Ministerio Público en un cargo de confianza del fiscal nacional. La magistrada lo dio a conocer en una audiencia, pero señaló que, en su opinión, no se sentía inhabilitada y siguió formando parte del tribunal. Lo concreto es que esta jueza fue la única que votó todas las acusaciones en mi contra y a favor de las solicitudes del empleador de su marido”.

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