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Inmobiliaria enfrentada con alcalde de Recoleta en caso de construcción de Conjunto Armónico Bellavista podrá forzar acusación

El Tribunal Constitucional declaró inaplicables normas que lo impedían. La empresa se querelló por negociación incompatible, prevaricación administrativa y otros ilícitos en 2017. La fiscalía abrió una causa penal y el año pasado decidió no perseverar por no haber reunido los antecedentes suficientes para fundar una imputación. Ahora, un fallo del TC permite a la firma insistir.

Martes, 19 de octubre de 2021 a las 16:47
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Andrea Chaparro
Ninguna de las acciones estaba dirigida de manera nominativa contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Sin embargo, el relato de los hechos menciona una intervención del jefe comunal que los querellantes —el concejal del municipio, Mauricio Smok (UDI), y Desarrollo Inmobiliario Bellavista (DIB) S.A.— denuncian como indebida.

A tres años de esas presentaciones, el Ministerio Público decidió comunicar al juzgado de garantía, mediante un escrito, que no perseveraría en esta indagatoria desformalizada por no haberse “reunido los antecedentes necesarios para fundar una acusación”. Eso fue apelado en 2020 por los querellantes a la Corte de Santiago y presentaron, además, un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC), solicitando que este declarara inaplicable en este caso una serie de normas —artículo 248 letra c; 259, inciso final; 261, letra a y 370 del Código Procesal Penal— que les impedía forzar la acusación.

El TC, por cinco votos contra tres, acogió la semana pasada el requerimiento de DIB. En la mayoría estuvo su presidente, Juan José Romero, y los ministros Iván Aróstica, María Luisa Brahm, Cristián Letelier y José Ignacio Vásquez.

Nueve sentencias previas del tribunal

Los jueces, primero, recuerdan que “la impugnación ahora planteada no es novedosa para esta magistratura, pues ya ha conocido y acogido requerimientos semejantes”, citándose nueve fallos anteriores.

Porque, por una parte, “la aplicación de los preceptos reprochados viola el derecho establecido en el artículo 83, inciso segundo, de la Constitución”. “No se satisface —advierten— el mandato constitucional referido al derecho a la acción penal por parte del ofendido, cuando el Ministerio Público puede —sin mediar control judicial de fondo— decidir el término de la acción penal, consistiendo el efecto de esta voluntad en impedir que la víctima y el querellante continúen con la acción penal ante la judicatura”.

Y, por otra, dicen en el fallo, como consecuencia de esto, también se afecta “el derecho a un procedimiento racional y justo (contenido en el artículo 19 constitucional, Nº 3º, inciso sexto) que brinde protección al derecho a ‘ejercer igualmente la acción penal'”.

También, entre otras múltiples argumentaciones respecto de los distintos artículos impugnados, puntualizan que “lo que la sentencia estimatoria debe alcanzar, lejos de revertir la opción del Ministerio Público —órgano constitucionalmente autónomo, entre otras cuestiones, para resolver si procede perseverar o no en una investigación—, es que se garantice y lleve a cabo el derecho a la acción del querellante en su faz acusatoria, a pesar de las decisiones que el ente persecutor adoptó en orden a no formalizar y a no perseverar”.

Un cambio en su jurisprudencia

La disidencia fue de los ministros del TC Gonzalo García, Nelson Pozo y María Pía Silva, quienes consignan que esta decisión de la mayoría “viene a ratificar un cambio en la jurisprudencia de este tribunal, que ha rechazado requerimientos de inaplicabilidad análogos” en el pasado. Y sostienen que esa es la posición que, les parece, es la que “se aviene con la Constitución y el modelo institucional que instaura la Reforma Procesal Penal”.

Ello, porque el antiguo criterio menciona —en su opinión— “diversas cuestiones que (...) mantienen plena vigencia en esta causa, centrándose en un argumento que resulta fundamental para la resolución del conflicto constitucional de autos: las potestades que, de forma exclusiva y excluyente, ejerce el Ministerio Público no están ajenas a la exigencia de que sean desarrolladas con apego a la Constitución y a la ley, dado que discrecionalidad no se asocia a arbitrariedad”.

Este medio contactó a la defensa del alcalde Daniel Jadue, pero declinó hacer comentarios sobre el fallo.

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