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Poder Judicial y Servel tienen un sistema en línea para excluir del derecho a sufragio a acusados

Opera desde enero, es automático, y subsana diferencias de criterio de tribunales. ME-O pudo votar el 25 de octubre porque el 7° Juzgado de Garantía no envió oficio el 30 de junio de 2020, en el caso OAS, cuyo juicio concluyó con su absolución.

Lunes, 13 de septiembre de 2021 a las 9:55
- Los tribunales ya no ofician al Servel por sentencias con penas aflictivas, está en línea y a cargo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
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Cinthya Carvajal
El caso de Marco Enríquez-Ominami (ME-O) y su exasesor, Cristián Warner, dejó al descubierto la disparidad de criterios que había en los juzgados de garantía para informar al Servicio Electoral (Servel) sobre las resoluciones judiciales que quitan el derecho a sufragio a los ciudadanos.

El artículo 17 de la ley sobre el Sistema de Inscripciones Electorales sostiene explícitamente que deben comunicar al Servel, dentro de los primeros días de cada mes, las personas que hayan sido acusadas por algún delito que merezca pena aflictiva.

En el caso de ME-O y su asesor, la suspensión del sufragio la informó el 8° Juzgado de Garantía, donde está radicado el caso SQM, que en la actualidad está en preparación de juicio oral.

Sin embargo, en la causa OAS, como se conoce el caso de la constructora brasileña indagada por corrupción en su país, el 7° Juzgado de Garantía nunca informó al Servel, y lo debería haber hecho el 30 de junio de 2020. Esto pese a que el proceso llegó a un juicio oral, que concluyó hace unos días con su absolución por el delito de fraude al fisco de subvenciones por el abultamiento de sus gastos de campaña.

Debido a esto es que ME-O pudo votar en el plebiscito del 25 de octubre pasado.

Ahora, con el nuevo sistema de Poder Judicial que tiene la información en línea, y que hace que los juzgados no informen al Servel de las causas, se enmendó el oficio que nunca envió el 7° Juzgado de Garantía, pero por la causa referente a SQM.

Suprema dejó a cargo a la Corporación

El Pleno de la Corte Suprema informó a las 17 cortes de apelaciones del país que la obligación de que los tribunales debían oficiar al Servel “será asumida centralizadamente por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, a través del sistema de interconexión en línea, en materia penal, y mediante la remisión de causas con sentencia, en materia de interdicción”, dice fallo.

Además, el Servicio Electoral suscribió un convenio de colaboración con la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), en julio de 2019, el que comenzó a regir recién en enero de 2021, porque fue necesario realizar pruebas informáticas y ajustar el sistema. Se trata de un servicio en línea que recopila, concentra y proporciona al Servel la información correspondiente a personas que han sido objeto de acusaciones y sentencias definitivas penales por delitos que merezcan pena aflictiva o calificadas por ley como conductas terroristas, declaraciones de interdicción y cumplimiento de condenas.

Críticas del Servel

Con todo, el Consejo Directivo del Servel, en la resolución que incluyó a Enríquez-Ominami al padrón electoral, tras un fallo del Tribunal Constitucional (TC), criticó la disparidad de criterios. “El Servicio Electoral no puede hacerse responsable de que las comunicaciones que recibe de los juzgados de garantía por las acusaciones en cuestión no cumplan con los requerimientos señalados por el TC o se hagan oportunamente. Su función es llevar y actualizar el registro electoral con lo que resuelvan los tribunales a través de sus notificaciones, y no revisar sus decisiones”.

Esto porque el TC dijo, en una reciente resolución en la que acogió un requerimiento de inaplicabilidad de ME-O y de su exasesor por este tema, que la notificación al Servel se debe realizar cuando haya “una apertura de juicio oral firme y ejecutoriado como exige el propio Tribunal Constitucional”.

En el futuro, el Poder Judicial también se deberá fijar en esto a la hora de excluir del derecho a sufragio a los acusados. La legislación habla de hacerlo en la acusación, pero el TC dice que debe ser en la apertura del juicio ejecutoriado.

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