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Poder Judicial evalúa retorno presencial y hay propuestas de regresar a partir de octubre

El 20 de septiembre el Pleno de la Corte Suprema debería zanjar cuándo y cómo será la vuelta. La vocera Gloria Ana Chevesich dijo que una instancia técnica propondrá una modificación al protocolo del covid-19 que rige para los tribunales.

Lunes, 13 de septiembre de 2021 a las 10:41
- La ministra de la Corte Suprema Gloria Ana Chevesich ha encabezado las conversaciones para modificar el protocolo vigente.
Crédito: Aton.
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C. Carvajal y A. Chaparro
La Corte Suprema, en votación dividida, decidió a fines de abril retrasar el retorno gradual al trabajo presencial de los tribunales, con un 33% de los funcionarios, hasta que termine el estado de excepción. En principio, el retorno era en tres etapas y debía comenzar entre el 1 y el 15 de abril, pero cuando acababa marzo se resolvió esperar hasta mayo. La petición de postergar este cronograma la hizo la Asociación de Empleados, de Profesionales y de Consejeros Técnicos del Poder Judicial, que argumentó la protección de la vida y la salud de los funcionarios.

A más de cuatro meses de ello, el retorno presencial está nuevamente en el debate al interior del Poder Judicial.

“La Corte Suprema dispuso la semana pasada que se reuniera la instancia técnica para que proponga una modificación al protocolo que rige actualmente, para todos los tribunales y unidades judiciales”, explicó la vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, a “El Mercurio”.

La reunión será este martes y se espera que el 20 de septiembre el máximo tribunal zanje cómo y cuándo se abrirán las puertas de los tribunales.

“La idea es modificar el protocolo que rige y permitir retorno presencial, pero en un porcentaje que debe acordarse, con pleno respeto a las normas sanitarias para proteger la salud de todas las personas”, dijo Chevesich.

Cortes quieren volver

La Corte de Apelaciones de Rancagua, una de las 17 del país, volvería de forma presencial el 30 de agosto, pero la decisión se postergó hasta que resuelva la Suprema.

El tribunal de alzada de Santiago, el más grande a nivel nacional, también inició un plan de retorno a las labores presenciales, por votación dividida. Antes de ello, la administración de la Corte deberá elaborar un plan, en cinco días, “para llevar a efecto ese retorno, que defina el personal y las condiciones específicas para retomar las funciones de forma presencial”. Este deberá ser aprobado por el Pleno del tribunal de alzada y luego por el máximo tribunal.

Gremios quieren turnos

“Planteamos establecer turnos rotativos de hasta un 50% de la dotación en contexto de semipresencialidad y retorno gradual para cumplir con el distanciamiento y los aforos mientras se mantenga la alerta sanitaria, especialmente considerando los juzgados y tribunales con dependencias de menor tamaño y la realización de audiencias con más intervinientes. En todo caso, seguimos con atención el proyecto de ley que regulará en detalle las gestiones semipresenciales post estado de catástrofe y la activación de muchos procesos, sobre todo en materia civil, que esperamos pueda ser aprobado a la brevedad para que sea ley al 1 de octubre”, comentó el presidente de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, Mauricio Olave.

En esa misma línea, el presidente de la Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial (Aprajud), Patricio Aguilar, agregó que no han dejado de trabajar, que lo hacen de manera telemática, con audiencias por medios virtuales o semipresencial.

El gremio de los jueces presentó esta semana su propuesta a la mesa de trabajo para modificar el protocolo covid-19. Si no se prorroga el estado de excepción y solo rige la alerta sanitaria, busca mantener “igualmente una parte del trabajo telemático principalmente por resguardo de funcionarios de grupos de riesgo. Pensamos que mantendremos un sistema mixto de trabajo presencial y telemático, donde cada administración regule, a través de sus planes de trabajo, los sistemas de turnos presenciales de funcionarios, procurando siempre el resguardo de su seguridad sanitaria”, indicó Olave.

Además, pidieron a la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) que se cumplan ciertas condiciones previas como la certificación sanitaria de las dependencias judiciales, por parte de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), y que se cumpla también con las disposiciones de aforos y que se adecuen las dependencias con elementos de seguridad sanitaria, entre otros.

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