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“Los jueces tenemos que darles garantía a las partes de que somos independientes e imparciales”

Mauricio Olave, presidente de la Asociación de Magistradas y Magistrados, cree que la garantía de libertad de expresión que otorgó al juez Daniel Urrutia la CIDH “hay que aprender a ocuparla con ponderación, con tino y con mesura”.

Sábado, 04 de septiembre de 2021 a las 14:20
Indulto y jueces transitorios pospandemia
—¿Cómo han tomado el caso de la jueza de Coyhaique y el uso de información del sistema para ver medidas intrusivas en causas de droga?

—Es un caso que nos preocupa. Esperemos que el Ministerio Público termine pronto con la investigación y proceda a determinar responsabilidades. No nos gusta ver a los jueces involucrados en la comisión de delitos, respetemos su presunción de inocencia.

—¿Falta reforzar las medidas de seguridad del sistema de causas?

—Hay que revisar quiénes tienen acceso a las causas para ver si hay que elevar los controles. En principio el sistema marca y permite rastrear el uso indebido.

—¿Cómo analizan la ley de indulto o amnistía que se tramita en el Congreso?

—Es una amnistía, porque la hace el Congreso y está dentro de sus atribuciones, porque sería para condenados y formalizados. Miramos con respeto el uso de las atribuciones de otro órgano del Estado de amnistiar o no delitos.

—¿Son delitos políticos o comunes?

—Hay una mirada en la doctrina que dice que son delitos políticos aquellas personas presas por pensar de determinada manera. Hay otros que creen que se debe evaluar si la detención fue ilegal, si la prisión es usada en exceso. No es tan simple definir si es un preso político. El proyecto, eso sí, no avanza sobre esa definición, solo determinar la época y los delitos amnistiados.

—Los impulsores del proyecto han dicho que el objetivo es buscar la paz social. ¿Se logra eso amnistiando a estas personas?

—No es una receta nueva, Chile tiene varios procesos de agitación social y se han generado estas amnistías. Lo que sí debe quedar claro cuáles son los motivos, y ahí nosotros deberemos aplicar la ley penal más favorable, y deberemos dejar sin responsabilidad a esta gente.

—¿Se debe ampliar esto a funcionario de Carabineros?

—El legislador debe definir quiénes son los beneficiados. En el caso que sean agentes del Estado, la legislación es más exigente y deben ajustar la normativa a esto.

—Respecto a la falta de interés del Ejecutivo en financiar a los 301 jueces transitorios que se requieren para el regreso a la normalidad y afrontar la gran cantidad de causas acumuladas, ¿cuál es su opinión?

—El Ministro de Justicia nos ha dicho que no hay falta de interés y que no están cerrados en crear más plazas de jueces, lo que pidieron a la Corte Suprema es que le den cuenta de los antecedentes que aconsejan la creación.

—¿Están de acuerdo con los jueces transitorios?

—Sí, creemos que es necesario, pero con las reglas claras: concursos abiertos donde puedan participar funcionarios y abogados externos que compitan para seleccionar a los mejores, y que la Academia Judicial haga los cursos, para que estén debidamente preparados para conocer los casos. Creemos que aumentar en un 20% la dotación por tres años es algo muy importante que tiene que ser transparente, no se puede hacer por concurso interno: ley de escalafón transitorio, concurso público, curso de la Academia, además de nombramiento del Ministerio de Justicia y Presidente de la República, como señala la actual Constitución.
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Cinthya Carvajal Arriagada
El presidente de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM), Mauricio Olave, vivió la semana más complicada desde que asumió su cargo hace un año, y lo reconoce.

Las declaraciones del juez Daniel Urrutia ante la comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional, al culpar a la Corte de Apelaciones de Santiago de las “mutilaciones oculares”, por no “frenar el uso de balines en el primer recurso de protección”, han generado debate. Dijo, además, “que detrás de cada violación a los derechos humanos hay un juez que por acción u omisión permitió dicha violación”.

“Ha sido una semana compleja, he visto la incomodidad de nuestros jueces respecto del tipo de opinión”, admite a “El Mercurio”, aunque también Urrutia ha recibido apoyo interno.

El presidente del gremio se enteró por Urrutia, un día antes, que iba a la Convención por la demanda que ganó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), relativa a la libertad de pensamiento y expresión de un juez al hablar de la complicidad del Poder Judicial en causas de violaciones a los derechos humanos. En medio de esta situación, Olave se alista para la convención del gremio en diciembre, donde se debatirá sobre el rol de la Corte Suprema y cómo debiera ser integrada, pensando en una nueva Constitución.

—¿Cómo tomaron las declaraciones del juez Urrutia?

—No podemos desconocer que tuvieron un impacto al interior. De a poco hemos logrado hacer una separación de aguas, entre la legítima libertad de expresión del juez respecto de su pensamiento y cuál es la posición del gremio.

—Luego de sus declaraciones, se ve polarización...

—Dichos como los que expresó, como la supuesta participación del sistema judicial en violación a los derechos fundamentales, no dejan indiferente a nadie.

—¿Al culpar a la Corte de no frenar las mutilaciones oculares?

—Esa frase es la que más me produjo preocupación, y a los asociados también. No distingue y dice que los jueces durante el estallido social nos habíamos comportado como un mecanismo destinado a la violación de derechos fundamentales. Esa frase se la reproché y le dije que no la compartíamos (por chat), porque durante el proceso del estallido tomamos medidas activas para que los jueces se desplegaran en las comisarías, duplicamos los turnos por las personas detenidas, aumentamos nuestras denuncias por tratos crueles, inhumanos y degradantes, dimos cuenta de esto a la CIDH. Esta actividad no se condice con esas expresiones.

—¿Cuál es el límite entre la libertad de expresión de un juez y la garantía de imparcialidad que tiene que dar a la hora de fallar?

—Lo hemos debatido mucho internamente, el propio fallo de la CIDH dice que es bueno que los jueces expresen su opinión. Pero la misma Corte también ha dicho que cuando se da la opinión no se puede debilitar un valor importante para la democracia: la imparcialidad. El llamado a los jueces es a quebrar el legítimo derecho de expresar ideas y opinión, siempre cuidando la independencia, que es un valor esencial que está garantizado en los tratados internacionales.

—¿Excedió esos límites?

—Él tiene que resolver si con sus expresiones ha roto el equilibrio entre imparcialidad y la libertad de expresión.

—¿Cree que incurrió en inhabilidad para ver causas de la crisis social?

—Las partes legítimamente pueden hacer alguna solicitud que el juez tendrá que resolver. Ese es el riesgo que se corre cuando uno es tan activo en dar sus opiniones respecto de las cosas que están pasando en el país.

—La vocera de la Corte Suprema dijo que no compartía los dichos de Urrutia y que, según la doctrina, un juez es juez en la medida que se comporta como tal. ¿Qué le parece su apreciación?

—Los jueces tenemos que darles garantía a las partes de que somos independientes e imparciales y que vamos a mantener el respeto por el derecho. Estas son la características de un juez en un Estado democrático.

—Hay magistrados que piensan que después del fallo de la CIDH se volvió un juez intocable, al que no se le van a abrir sumarios, a diferencia del resto....

—Lo podemos mirar al revés, que las cortes van a ser más cautas para ocupar sus labores de control de los jueces, de manera más prudente. Creo que la Corte hizo bien en no abrirle un sumario, porque sabe que la CIDH ya manifestó que los jueces pueden opinar, por lo tanto, sería un contrasentido hacerlo.

Y precisa Olave: “Esta libertad que la Corte nos ha reconocido (CIDH) la vamos a tener que aprender a ocupar con ponderación, con tino y con mesura. Ahí cada parte tendrá que evaluar si cree que la imparcialidad está en juego, no todo tiene que ser por vía disciplinaria.

—¿Tienen instructivos de comportamiento en redes sociales?

—Es una preocupación desde hace seis años. Los que ejercemos jurisdicción no podemos tener las mismas libertades que personas que no toman decisiones en sus estrados. Tenemos que entrar al debate de qué perfil de juez queremos para estar preparados con la nueva institucionalidad que se nos viene con la nueva Constitución, cómo podemos equilibrar libertad de expresión con independencia e imparcialidad. Los jueces pueden ser opinantes dentro de las normas básicas que les reconoce el sistema interamericano.

Convención e inamovilidad

—¿Qué leyó en el apoyo de 54 convencionales al juez Urrutia?

—Como un respaldo a su libertad de expresión.

—¿Sus dichos podrían afectar las propuestas que tienen para la Convención?

—No creo que esto vaya a tener un impacto en el discurso que la asociación ha construido por más de 30 años. Tenemos certeza de que nuestras opiniones e ideas están dentro del marco de lo que ocurre en la generalidad de las constituciones del mundo. Vamos a ajustar el país a la estructura judicial imperante en Latinoamérica y Europa. Tenemos la confianza de que los constituyentes separarán aquella situación del magistrado Urrutia, con lo que significa asegurar al país una estructura con jueces independientes, imparciales y sujetos a ley.

—¿Concuerda con Urrutia sobre eliminar la verticalidad?

—Coincidimos y es parte de las propuestas, que el Poder Judicial no puede ser jerarquizado y que la diferencia entre los jueces solo tiene que ser en función de las materias que tratan. Eso hay que modificarlo, prácticamente no hay modelos verticales exitosos en el mundo.

—¿En qué no coinciden de la refundación del Poder Judicial?

—No coincidimos en lo que dice de pedir la renuncia a todos los ministros de la Corte Suprema y cortes (de Apelaciones). Esto podría afectar el principio de inamovilidad de los jueces. Todos hemos postulado al Poder Judicial con la expectativa de mantenernos ahí mientras dure nuestro buen comportamiento, como dice la Constitución de muchos países. La inmovilidad debe estar garantizada en la nueva Constitución, para dar estabilidad y que el poder político no influya.

—¿Y respecto del control de los jueces al Ministerio Público?

—No sé a qué se refiere el juez Urrutia respecto de tener una supervigilancia de la fiscalía, porque es un órgano autónomo de rango constitucional y que tiene dentro de sus funciones el control de la corrupción. Ahora, hay cierto control cuando piden medidas intrusivas y la prisión preventiva, que está en la ley.

—¿Es partidario de la renuncia del juez al gremio?

—Como presidente, no le voy a pedir la renuncia a nadie que ha obtenido votos para conseguir esos cargos legítimamente. Lo único que le puedo pedir es que se encuadre dentro de los acuerdos que nuestra asociación ha construido y que diga con claridad que no representan al gremio, que lo hace a título personal.

—¿Concuerda con aquellos que dicen que el magistrado tiene agenda propia?

—El juez Urrutia es una persona opinante y él sabrá hasta dónde puede, en el uso de su libertad de expresión, confundir a la ciudadanía sobre lo que son sus propias opiniones y lo que piensa el gremio .

Olave concluye diciendo sobre el tema: “Al gremio no le sirve seguir antagonizando con el magistrado Urrutia, porque podría debilitar la opinión del gremio y en eso debemos estar concentrados: (queremos) que nuestro trabajo permee la conciencia de los convencionales y le aseguremos al país una mejor organización del sistema de justicia para los próximos 30 años”.

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