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Ministros querellados por revertir fallo de juez Daniel Urrutia deciden estampar recusación en causas penales

24 miembros de la Corte de Apelaciones de Santiago son investigados por prevaricación, incluida la actual magistrada del máximo tribunal Adelita Ravanales.

Viernes, 18 de junio de 2021 a las 10:00
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El 25 de marzo de 2020 sesionó de manera extraordinaria el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, de manera presencial y por videoconferencia, el que fue encabezado por el entonces presidente, el ministro Hernán Crisosto. El resultado: el juez Daniel Urrutia, titular del 7° Juzgado de Garantía, fue suspendido de sus funciones y enviado a trabajar en los juzgados de cobranzas.

En paralelo, suspendieron los efectos de la resolución que había dictado horas antes el juez, revocaron la decisión de otorgarle la libertad a 13 de 28 imputados involucrados en causas de estallido social.

Urrutia resolvió de oficio y sin citar a una audiencia, sustituirles la prisión preventiva por arresto domiciliario. Los imputados por desórdenes públicos —sindicados como pertenecientes a la “primera línea” por Carabineros— habían sido detenidos el 3 de marzo de 2020. La misma Corte antes los había dejado en prisión preventiva por estimar que eran un peligro para la seguridad de la sociedad.

El abogado Fernando Leal presentó una querella por prevaricación contra quienes resulten responsables. El fiscal nacional, Jorge Abbott, designó al fiscal regional de Coquimbo, Adrián Vega, para investigar.

Tras conocerse esta decisión, el Pleno del tribunal de alzada decidió reunirse ayer para debatir sobre la querella. Muchos plantearon la posibilidad de que se les comunicara a la brevedad en qué condición serán investigados, ya que pese a no estar individualizados, se entiende que está dirigida en contra de quienes fallaron esta resolución. Un total de 24 ministros resolvieron el año pasado el caso de Urrutia, entre ellos, la actual ministra de la Corte Suprema, Adelita Ravanales.

También se determinó que quienes firmaron la resolución, estamparán una causal de recusación en todas las causas penales en que participa el Ministerio Público. Así, se deja constancia en el proceso para que si las partes —la fiscalía o defensa— la quieren hacer valer, lo hagan. Pero si no lo solicitan, las causas se pueden ver sin inconvenientes.

De concretarse las recusaciones, se produciría un problema en la integración. “Se pone en conocimiento que por el hecho de existir una querella seguida ante el 7° Juzgado de Garantía de esta ciudad, dirigida contra algunas señoras y señores ministros de este tribunal de alzada, a partir de esta fecha se procederá en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 199 del Código Orgánico de Tribunales y 125 del Código de Procedimiento Civil, respecto de todas las causas de la Reforma Procesal Penal, razón por la cual estamparán su inhabilidad en el conocimiento de las mismas”, dice la resolución de la Corte.

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