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Suprema ordena a AFC pagar a dos trabajadores complementos de remuneración por ley de protección del empleo: “No cabe aplicar criterios excesivamente formalistas que contraríen la intención del legislador”

Los ministros establecen que “aun cuando la ley establece una cierta regularidad formal, no se puede olvidar que se trata de un beneficio de carácter social, motivado por la existencia de una pandemia”.

Lunes, 14 de junio de 2021 a las 18:25
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A. Chaparro
La Corte Suprema ordena a la Administradora de Fondos de Cesantía Chile S.A. (AFC) pagar a dos trabajadores el complemento de remuneración prescrito en la Ley N° 21.227, promulgada el año pasado y que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo en “circunstancias excepcionales”, atendida la pandemia del covid-19. Ello, luego de acoger el recurso de protección revisado.

Para los ministros Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, Mario Carroza, Dobra Lusic y el abogado integrante Ricardo Abuauad la entidad incurrió en un actuar arbitrario y discriminatorio, al recurrir a argumentos meramente formales para denegar el pago a que tienen derecho estos trabajadores, quienes pactaron con su empleador la reducción de la jornada de trabajo a raíz de la crisis sanitaria.

“Que, si bien la Ley N° 21.227 dispone que el pacto de reducción de jornada de trabajo debe regir desde el día siguiente a su suscripción, no resulta razonable que, habiendo asignado efectos las partes a ese acuerdo a contar del día de su firma, la mera diferencia de un día entre ambos eventos permita sustentar el rechazo de un beneficio al que, por lo demás, las actoras tenían derecho”, establecen en el fallo los jueces.

Comportamiento deviene en “arbitrario” y “discriminatorio”

Y, más en detalle, vuelven sobre punto explicando que, “aun cuando la ley establece una cierta regularidad formal, no se puede olvidar que se trata de un beneficio de carácter social, motivado por la existencia de una pandemia, en cuya resolución no cabe aplicar criterios excesivamente formalistas que contraríen la intención del legislador, teniendo en consideración que el espíritu de la Ley N° 21.227 es proteger la estabilidad laboral y garantizar ingresos para los trabajadores, en el marco de la pandemia mundial”.

Por ello, los magistrados consideran —en su sentencia— que “la decisión de la recurrida (AFC), de rechazar el pago del complemento remuneracional, no solo debe adecuarse a la legalidad, sino que además debe estar dotada de la necesaria y debida racionalidad que le es exigible”.

Concluyendo, a su vez, que el comportamiento de la administradora “deviene en arbitrario, por falta de racionalidad” y, además, “importa una discriminación en perjuicio de las recurrentes, en relación con otras personas respecto de quienes, en condiciones jurídicas equivalentes, han sido acogidos sus pactos de reducción parcial de la jornada laboral y pagados los beneficios derivados de tal circunstancia”.

Se vulnera igualdad ante la ley y derecho de propiedad

Los ministros estiman que la actuación de la AFC perturba las garantías contempladas en el artículo 19 Nº 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República, porque, como consecuencia del no pago de estos complementos establecidos por ley, los trabajadores “se vieron privados de percibir el monto de dinero correspondiente a tal beneficio, lo que, sin lugar a dudas, afecta su derecho a ser tratadas con igualdad ante la ley y vulnera, además, su derecho de propiedad”, consigna la resolución judicial.

Así, junto con acoger el recurso, ordenan a la AFC pagar “el complemento remuneracional derivado de los pactos de reducción temporal de jornada de trabajo que suscribieron con su empleadora, por el lapso comprendido entre el 24 de abril de 2020 y el día anterior a aquel en que comenzó a regir la suspensión de la relación laboral, acordada por las mismas partes, que fuera informada a la citada Administradora el 2 de septiembre de 2020”.

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