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Ofician a Corte de Santiago y Ministerio Público por denuncia de falsa notaría

Los hechos representarían “graves irregularidades que deben ser investigadas y severamente sancionadas, por cuanto constituyen un grave atentado contra la fe pública”, dicen los documentos. El ministro de Justicia reiteró la necesidad de avanzar en la modificación del sistema registral.

Jueves, 27 de mayo de 2021 a las 20:25
"Puede afectar el correcto funcionamiento de oficios notariales y registrales que pudieron ser engañados"
“Pongo en su conocimiento los siguientes hechos, sin duda constitutivos de graves irregularidades que deben ser investigadas y severamente sancionadas, por cuanto constituyen un grave atentado contra la fe pública y la actividad de notarios y conservadores”, se lee en los documentos enviados por el Ministerio de Justicia.

La información puesta en conocimiento del tribunal de alzada capitalino, indica el documento, “puede afectar el correcto funcionamiento de oficios notariales y registrales que pudieron ser engañados por esta maniobra, con posible perjuicio patrimonial para personas determinadas y fraude a la fe pública, razón por la cual se hace indispensable que esa Corte adopte las medidas inmediatas para establecer la existencia y magnitud del engaño, y las responsabilidades que pudieran derivar de esas conductas”.

En el caso del oficio dirigido a la Fiscalía, los hechos denunciados “pueden constituir los delitos contemplados en los artículos 193, 194, 197 y 198 del Código Penal, afectando así el correcto funcionamiento de oficios notariales y registrales que pudieron terminar engañando para esta maniobra a la ciudadanía, con posible perjuicio patrimonial para personas determinadas y fraude a la fe pública, razón por la cual se hace indispensable que esa Fiscalía adopte las medidas investigativas apropiadas para establecer la existencia del hecho punible, y perseguir las responsabilidades criminales que de este derivan”.
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A. Zúñiga y A. Chaparro
Un sitio web, timbres y documentales notariales, junto a la denuncia de posibles víctimas, terminaron con el envío de dos oficios por parte del Ministerio de Justicia al presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Madrid, y al fiscal regional metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, para que efectúen las medidas que sean necesarias.

“Tomamos conocimiento de operaciones propias de la actividad de notarios y conservadores ejecutadas por una persona que declara ser la abogada Valeria Barros Vera, quien no figura en nuestros registros como designada en cargos de esa especie, ni tampoco figuraría en registros del Poder Judicial en los nombramientos como suplente e interino que corresponde”, relatan los documentos de la autoridad.

Se añade, además, que estos hechos serían constitutivos de “graves irregularidades que deben ser investigadas y severamente sancionadas, por cuanto constituyen un grave atentado contra la fe pública”.

La información fue enviada a ambos organismos ya que al tribunal de alzada “le corresponde la responsabilidad de fiscalizar el funcionamiento de las notarías en este territorio jurisdiccional, para que adopte las medidas que corresponden de manera de investigar y eventualmente sancionar”, mientras que al Ministerio Público le corresponde participación ya que “existirían eventualmente delitos sancionados por el Código Penal (…), de manera que adopten las medidas investigativas y lleguen hasta las últimas consecuencias, sancionando a quien haya podido estar involucrado en este hecho”.

Necesidad de reformar el sistema

“Esto replantea la urgente necesidad de avanzar en la modificación del régimen notarial en Chile”, aseguró el ministro de Justicia, Hernán Larraín, al informar el envío de los oficios.

Y recordó —al igual que hizo esta mañana durante la última cuenta pública del organismo—, que actualmente existe un proyecto para reformar esta materia, que ya aprobó la Cámara de Diputados y al cual el Gobierno le puso discusión inmediata, “que está hace un año y medio pendiente de solución en el Senado”.

“Junto con ponerlo al día, modernizarlo y facilitarle la vida a la gente, reduciendo el costo y disminuyendo los trámites, también trae un nuevo sistema de fiscalización que permite evitar este tipo de situaciones”, puntualizó.

Querella por falsificación de documento público y delito informático

Junto con las acciones adoptadas por la Secretaría de Estado, la propia notaria afectada —respaldada por la asociación gremial que reúne estos oficios— presentó ante el 4º Juzgado de Garantía de Santiago una querella contra quienes resulten responsables de los delitos de falsificación de documento público, usurpación de funciones y delito informático.

La acción penal, que es patrocinada por el abogado Juan Carlos Manríquez, describe que la cuestionada página web correspondería a una persona (Valeria Barros Vera) cuyo nombre “no sabemos si real o de fantasía” y a quien se le ha atribuido “una supuesta capacidad de ejercer la función notarial que no tiene”.

También, se advierte en la querella, las personas responsables de estos hechos habrían tenido acceso, al menos, a los servidores que alojan la página web original, así como a los códigos de programación del diseño del sitio perteneciente a la notaria Amigo “con infracción a los sistemas de seguridad, y se han apoderado de ellos para construir la página web fraudulenta, repercutiendo gravemente en mi representada, víctima de esta situación, quien ve asociada su imagen corporativa a una página destinada a cometer ilícitos”.

Según la presentación, habría ya víctimas de esta situación, personas a las que se le habrían extendido documentos falsos.

El abogado Manríquez afirmó que “la notaria afectada, la Asociación de Notarios y Conservadores de Chile, y también el sistema de alerta de ciberseguridad del gobierno, dieron cuenta de un hecho gravísimo, cual es que se estén clonando, falsificando o creando notarias virtuales destinadas a falsificar a duplicar documentos públicos y a generar riesgos muy considerables sobre la fe pública y sobre el patrimonio de las personas que pueden ser víctimas de estas verdaderas estafas”.

La querella, cuando sea declarada admisible, sería derivada a la Fiscalía Metropolitana Oriente.

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