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Fiscalía pide 10 años de cárcel para exministro de la Corte de Rancagua por delitos de prevaricación y cohecho

Ingresó acusación contra Emilio Elgueta ante el juzgado de garantía de esa ciudad. También se le atribuye incremento patrimonial injustificado y nombramientos ilegales cuando era juez.

Viernes, 14 de mayo de 2021 a las 10:30
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Andrea Chaparro
La Fiscalía Metropolitana Sur ingresó su acusación contra el exministro de la Corte de Rancagua Emilio Elgueta al Juzgado de Garantía de esa ciudad y, en ella, pide penas que sumadas alcanzan los 10 años de cárcel, la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y multas de cerca de $30 millones.

Casi tres años han pasado desde que una denuncia anónima describiera eventuales actos de corrupción, el Ministerio Público abriera una investigación penal y la Corte Suprema otra administrativa contra tres magistrados que entonces integraban el tribunal de alzada rancagüino, entre ellos, Elgueta.

También apareció el nombre de Marcelo Vásquez, imputado en la causa, y Marcelo Albornoz, quien se quitó la vida en julio de 2019, tras iniciar el Poder Judicial un proceso de remoción respecto de él y los otros dos jueces.

Intervención en razón de su cargo y beneficio

Los delitos que se le atribuyen al exjuez Elgueta son relatados por el fiscal regional Héctor Barros, de la zona Metropolitana Sur, en 216 páginas. Como una primera afirmación, se lee: “Se ha logrado establecer que el imputado Emilio Iván Elgueta Torres, quien se desempeñó como ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, realizó diversas acciones, haciendo valer de manera indebida su cargo y posición funcionaria, con el objetivo de obtener beneficios para sí y para terceros”.

“Intervino directamente —se continúa— en la tramitación, conocimiento y fallo de diversos recursos interpuestos ante esa Corte, por personas y/o intervinientes con quienes mantenía una relación de amistad, dando incluso en algunos casos, consejos a los interesados en el resultado de dichos recursos en perjuicio de la parte contraria, y no obstante este conocimiento, no se inhabilitó en la vista y fallo de dichos recursos, y tampoco lo hizo saber previamente”.

La conducta ocurrió entre 2016 y 2018 en distintas causas, puntualiza la acusación, y agrega: “Del análisis de la totalidad de movimientos y operaciones que registran sus cartolas bancarias, durante el período comprendido entre 2016 y 2018, en el ejercicio de su cargo como ministro de la Corte de Rancagua, este obtuvo un incremento patrimonial relevante e injustificado (…), ascendiente a $28.528.990”.

Así, se le atribuyen 24 delitos de prevaricación, por los que pide siete años de presidio y la inhabilitación perpetua para cargos públicos. También incremento patrimonial relevante injustificado, solicitándose su inhabilitación por siete años para cargos y oficios públicos, así como una multa equivalente al monto comprometido.

Designación de hija de ministro y favores

Más adelante, se describe que el imputado procedió, en su calidad de ministro, a dictar varias resoluciones exentas, “mediante las que nombra ilegalmente” a la hija de uno de los entonces jueces del mismo tribunal, Vásquez, como “consejero técnico suplente en distintos juzgados dentro de la jurisdicción (...), encontrándose ella, al momento de esos nombramientos afecta a la causal de inhabilidad legal”, debido al parentesco. En este punto, se le acusa de 11 delitos de nombramiento ilegal y, en este caso, la pena requerida es una multa de poco más de $1 millón.

Y, hacia el final, menciona el investigador que, entre septiembre y octubre de 2018, “encontrándose abierto un concurso para cargo titular auxiliar grado XIX en el Primer Juzgado Civil de Rancagua”, el acusado, en el ejercicio de sus funciones como ministro de la Corte en esa época, “solicitó a la secretaria titular de dicho tribunal (…) que incluyera en la terna respectiva a Cristina Muñoz Ramírez, con el fin que ella fuera nombrada como titular del cargo, constituyendo ello, un beneficio estimable en dinero”, señalándole a la secretaria que si hacía lo que le pedía, “votaría por ella para el cargo de juez de la ciudad de San Fernando (…), todo ello con infracción a los deberes de su cargo”. Sumándose así una imputación por cohecho agravado, por el que la fiscalía pide una pena de tres años.

El exministro Elgueta, en una entrevista que dio en enero de 2020 a “El Mercurio”, afirmó: “En el tema penal me voy a defender y voy a demostrar mi inocencia”.

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