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TC dice que fue “improcedente” promulgar reforma por tercer retiro sin esperar su fallo

Según la sentencia, al Presidente se le comunicó “que debía abstenerse” de dictar la parte impugnada de la iniciativa. Sobre la decisión de no acoger a trámite el requerimiento, la mayoría estima que no se excusaron de conocer el conflicto, sino que faltan argumentos. La minoría, por su parte, cree que “es delicado” rechazar por forma.

Viernes, 30 de abril de 2021 a las 10:56
- “Esto es un conflicto político que se trae al Tribunal Constitucional para resolverlo con votos y no con la necesaria deliberación democrática entre los poderes Ejecutivo y Legislativo”, se lee en el voto de mayoría del fallo. Además, seis ministros hicieron prevenciones además de los argumentos centrales.
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Cinthya Carvajal
Sorpresa causó en algunos integrantes del Tribunal Constitucional (TC) la “desprolijidad” del Gobierno al promulgar y publicar en el Diario Oficial el proyecto de ley del tercer retiro del 10% de los fondos de AFP y rentas vitalicias, sin esperar el fallo con los fundamentos de por qué no se acogió a tramitación el requerimiento de inconstitucionalidad, por siete votos contra tres.

La inquietud surgió mientras la mayoría revisaba el borrador de su voto y se decidió expresar su preocupación en la resolución; en “un tono suave” y al final de los argumentos.

La crítica apunta a que el artículo 64 de la Ley Orgánica del TC señala que recibido el requerimiento, el tribunal debe comunicar al Presidente de la República la existencia de la reclamación para que se abstenga de promulgar la parte impugnada del respectivo proyecto, salvo excepciones (cuando la Contraloría haya tomado razón de un decreto de fuerza ley).

El Ejecutivo no esperó que el TC dejara sin efecto esta paralización, lo que ocurrió recién ayer en la noche, cuando se dio a conocer la resolución. “Sin perjuicio de hacer notar este Tribunal Constitucional la improcedencia de la promulgación y publicación de la Ley N° 21.330 (Diario Oficial N° 42.941-B, de miércoles 28 de abril de 2021), antes de la expedición y comunicación de la presente resolución”, sostienen los siete ministros que estuvieron por no admitir a trámite el requerimiento.

No se excusan de conocer el conflicto

Los ministros Iván Aróstica, Juan José Romero, Gonzalo García, Nelson Pozo, José Ignacio Vásquez, María Pía Silva y Rodrigo Pica suscribieron la determinación.

En la primera parte del fallo, la mayoría explica lo que debe considerar en la admisión a trámite en donde “se exige una precisa indicación de la infracción constitucional, lo que presupone determinar un estándar de constitucionalidad fundado directamente en normas y su significado, para alegar posteriormente que el mismo se encuentra infringido, y la forma en que ello se ha producido en el proceso legislativo”.

Los magistrados también se hacen cargo de las críticas sobre el no querer entrar al fondo. “Al no acoger a tramitación el requerimiento presidencial, este tribunal no está excusándose de conocer, sino que simplemente está constatando que el conflicto no se encuentra asentado jurídicamente de manera definitiva con los elementos planteados en el requerimiento”, sostienen.

Agregan que en la admisión a trámite se debe identificar el conflicto planteado, en caso contrario, “llevaría a este tribunal decidir políticamente y no jurídicamente en sentido estricto, lo cual excede la órbita de un conflicto de aquellos que este tribunal debe conocer”.

En el fallo se precisa, además, que en este examen “no toma ni puede tomar en cuenta la existencia o la bondad de una política pública determinada, ni menos su mérito, ni tampoco realizar la cuantificación de una crisis económica o social, pues este examen es estrictamente jurisdiccional y jurídico procesal”.

No es el mismo texto del proyecto

También se consideró que el texto del proyecto de reforma constitucional, al momento de examinar los presupuestos de admisión a trámite, “no es el mismo que al requerir de inconstitucionalidad, por lo cual el objeto de control, materia del conflicto, no es actual, presupuesto esencia”, dicen refiriéndose a los cambios que el texto tuvo en el Senado.

Critican que “el propio Poder Ejecutivo, requirente —al igual como sucedió cuando propició la ley que permitió a los afiliados a una AFP efectuar un segundo retiro del 10% de sus fondos previsionales— presentó un proyecto de ley sobre la misma materia e idea (...) que se tacha de inconstitucional en esta sede”. Y que debió agregarse fundamentación sustantiva de esta sentencia.

“Conflicto político”

Los ministros de la mayoría sostienen que el TC debe “garantizar mediante la jurisdicción la supremacía de la Constitución vigente”, la que en su capítulo I, referido a Las Bases de la Institucionalidad, consagra el principio de respeto por la dignidad del ser humano y que “el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común (...) a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional”.

Los ministros sostienen que “se intenta revestir del carácter de conflicto de constitucionalidad sola la falta de entendimiento, coordinación, diálogo y colaboración entre los colegisladores. Esto es un conflicto político que se trae al Tribunal Constitucional para resolverlo con votos y no con la necesaria deliberación democrática entre los poderes Ejecutivo y Legislativo”. Y que esto queda de manifiesto cuando el Ejecutivo interpone un requerimiento, “mientras en paralelo, es aquel mismo poder del Estado el que presenta una iniciativa legal destinada al mismo objetivo”.

“Faltó exposición clara y fundamentos de derecho”

Los integrantes del TC concluyen “que no pueden darse por establecidos los presupuestos de admisión a trámite del artículo 63 de la ley orgánica constitucional de esta magistratura respecto del requerimiento de fojas 1, en tanto establece que el libelo debe contener una exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho, así como señalar en forma precisa la cuestión de constitucionalidad y, en su caso, el vicio o vicios de inconstitucionalidad que se aducen, con indicación de las normas que se estiman transgredidas correspondiendo resolver que el requerimiento no se acoge a tramitación”.

Minoría: “Se cumple con exigencias”

La resolución fue adoptada con los votos en contra de la presidenta María Luisa Brahm y de los ministros Cristián Letelier y Miguel Ángel Fernández, quienes estuvieron por acoger a trámite.

Los magistrados afirman que “se cumple con las exigencias necesarias para admitir a tramitación el requerimiento, sin que pueda sostenerse, en sentido contrario, que los cambios que se han incorporado al proyecto impugnado, en el segundo y tercer trámite parlamentario, serían causa suficiente para requerir su ampliación, adecuación o, incluso, para exigir que sea presentado nuevamente y que, por no haberse hecho así, cabría inadmitirlo”.

A su juicio, ello conduciría a agregar un nuevo requisito a lo dispuesto en el artículo 93 inciso cuarto de la Constitución. Para verificar esto, insertan los párrafos donde el Ejecutivo resume su planteamiento.

Los disidentes señalan que las modificaciones introducidas al proyecto en su segundo trámite, “no resultan significativas en relación al objeto y contenido del requerimiento ni tampoco alteran, en sí mismas, de manera sustancial, lo aprobado en la Cámara”.

Respecto de que no se habría hecho cargo de la integridad de la sentencia anterior, en lo relativo a sus considerandos 26° y 27°, precisan que “no es requisito legal” en esta etapa que se haga cargo íntegramente.

Los tres ministros concluyen que “negarse a efectuar dicho control por razones meramente formales, resulta altamente delicado en esta oportunidad, atendida la materia planteada por el Presidente de la República ante este tribunal”.

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