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“Antes de pensar quién hace el retiro, el Presidente o el Congreso, deben preocuparse de la gente que lo está pasando mal”

El ministro del TC Iván Aróstica responde las críticas por el rechazo del requerimiento presentado por el Gobierno. El magistrado estima que no se entendió la sentencia del año pasado del tribunal por el segundo retiro de fondos de las AFP. Dice que la Constitución establece que estos dineros están destinados a las pensiones y no pueden tener otro uso. También, que es deber del Estado dar protección a la población y esto aplica al impacto económico que tienen las medidas que se han adoptado por la pandemia.

Jueves, 29 de abril de 2021 a las 9:25
- A Iván Aróstica le preocupa la revisión de la PDI en las oficinas de los ministros, sin su autorización, por la información sensible que hay, y espera que pronto la fiscalía aclare lo ocurrido.
Crédito: Christian Zúñiga
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Cinthya Carvajal Arriagada
Redactando su voto particular, por no admitir a tramitación el requerimiento de inaplicabilidad del Gobierno por el tercer retiro del 10% y rentas vitalicias, se encontraba ayer el expresidente del Tribunal Constitucional (TC) Iván Aróstica, tras el revuelo que causaron sus declaraciones cuando fue abordado el martes por la prensa antes de la votación.

“El TC en ese fallo no dirimió una contienda de competencia exactamente. El punto central no es quién hace la ley, el punto central para el TC es qué tiene que hacerse para solucionar el problema de la gente”, afirmó ese día al ser consultado por el segundo retiro y sobre la exclusividad del Presidente de la República para presentar iniciativas de seguridad social.

De inmediato sus dichos causaron cuestionamientos en parte del mundo político, exigiendo que se inhabilitara en la votación, y también en el ámbito jurídico, por el tenor de sus declaraciones. Las críticas de algunos constitucionalistas apuntaron a que es “más grave” declarar que “el tribunal no estaba tan preocupado de asuntos de competencia o de quién tenía la posibilidad de iniciar la ley, sino de las condiciones de los chilenos” que cuando María Luisa Brahm señaló que el tribunal era una tercera cámara.

Con la franqueza que lo caracteriza, Aróstica responde a esas críticas. Cree “que no entendieron la sentencia del segundo retiro” (rol 9797), la que en la página 28 —en los considerandos 26 y 27— habla de todo a lo que se refirió en esas declaraciones, o bien “no se la leyeron”.

A diferencia de la presentación anterior del Ejecutivo, donde estuvo por acoger, esta vez fue su voto, junto con el de su par Juan José Romero, los que permitieron que se rechazara el requerimiento del Gobierno en la revisión formal.

“No anticipé la conclusión del fallo”

—¿Por qué decidió hablar antes de la votación?

—No tengo nada que ocultar. La opinión pública tiene derecho a saber cuáles son los trámites de un asunto de interés público. Cuando me preguntaron de cosas de interés público, contesté, y no hablé nada cuando las preguntas eran de lo que está pasando internamente en el tribunal. Si bien tenemos el privilegio de la reserva, este tiene sus límites. La gente tiene el derecho a estar lo máximo posible informado, sin violar la anticipación de sentencia. Yo no anticipé la conclusión del fallo.

—¿Cuál fue el objetivo de incluir variables políticas y sociales en la sentencia del segundo retiro?

—No es una variable política, sino pública. Puede tener una connotación política y social, es obvio que no se puede separar, pero lo que se dijo en el fallo —y lo suscribieron cinco ministros (entre ellos, la presidenta Brahm)— es una cosa que está en la Constitución: dar protección a la población; o sea, reparar el perjuicio que está sufriendo la gente. Esto no lo inventó el Tribunal Constitucional ni es una novedad del fallo del 30 de diciembre, eso está en la Constitución en el artículo 1°. Hay mucha jurisprudencia, y es un principio general de derecho: Si el Estado causa un perjuicio a personas determinadas, tiene que repararlas. Se reparó a los funcionarios públicos, porque se les mantuvo su remuneración; a los trabajadores del sector privado no se los pueden despedir, y hay subsidio de cesantía. Pero faltan personas. Por ejemplo, a los que le han rebajado el sueldo, las pymes que dan trabajo. Entonces, hay un trato desigual y manifiesto en la población. Unos se pueden quedar en la casa y reciben su remuneración, pero hay un sector de pequeños emprendedores que tienen un bono de $200 mil. Hay una diferencia de trato brutal. Esto no es político, sino que legal, está en la ley, es jurídico. Con el sector privado, las autoridades actuaron muy bien, aplicaron la Constitución, hay una protección a la población.

—¿Esto no fue una opinión?

—No. Está en el fallo en los considerandos 26 y 27. Está en una resolución jurídica en base a lo que dice la Constitución. Los abogados del Gobierno lo tienen que haber estudiado en Derecho Administrativo, ahí se pasa.

—¿Cómo tomó las críticas de algunos abogados?

—No pueden decir que es una cuestión política que inventaron a última hora. Eso es un error garrafal que ellos han querido ignorar. Para el terremoto, cuando estaba en el Gobierno (jefe de la división jurídica del entonces subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla), se ayudó a la gente con casas y otras cosas. Imagine que le hubiésemos dicho: “Ayúdense ustedes y saquen de sus ahorros de la AFP”. Lo que estoy diciendo es que la gente va a pagar el costo de la pandemia y es el Estado el que debe pagar el costo. El Estado tiene recursos y los tiene que distribuir bien nomás. Esto no es político, está en la Constitución. Política no significa partido, sino que polis, ciudadanía. ¡Esto es algo que se les ha olvidado!

Y aclara: “Antes de pensar quién hace el retiro, el Presidente o el Congreso, deben preocuparse de la gente, de la ciudadanía. La gente lo está pasando mal, con o sin retiro del 10%, y siguen sin poner soluciones adecuadas”.

—¿Por qué dijo que el TC no dirimió una contienda de competencia de poderes?

—Lo que dije es que en este caso, en la sentencia del segundo retiro, no se trató de una contienda de poderes, cuando dos disputan quién tiene la competencia. El tribunal nunca dirimió una contienda de competencia para ver quién puede regular los retiros de fondos; no le dijo al Presidente de la República: “Sabe, usted tiene razón y la competencia no la tiene el Congreso”. Jamás dijimos eso, y siguen leyéndolo así porque están muy ofuscados. No pueden regular los retiros, tienen que regular que la gente reciba una remuneración en subsidio, acorde con la renta que dejó de percibir. Ese no fue el planteamiento del tribunal.

—Ustedes dicen que los fondos de las AFP tienen un destino regulado por la Constitución que es único...

—Así es, y las contingencias excepcionales, como una pandemia, se tienen que cubrir con otros recursos, no con los fondos de pensiones, no con la plata de la gente destinada a las pensiones.

—¿Ni el Congreso ni el Presidente de la República pueden enviar proyectos de ley para el retiro de fondos de pensiones?

—Ninguno de los dos lo pueden hacer. El Gobierno no lo quiere entender y citó (en el requerimiento) lo que le convenía. El Congreso no puede hacer esto, usted tampoco, su excelencia; usted tampoco, Presidente. Nosotros tenemos una jurisprudencia, no la inventamos en Chile. Esos fondos de pensiones tienen un destino predeterminado y no se pueden desviar. Por eso, el fallo termina diciendo que este no es el medio adecuado, usted tiene que dar protección a la población, no que esta se proteja a sí misma con su propia plata.

—¿Han recibido presiones por esta causa?

—Se pueden sugerir cosas. En mi caso, yo escucho y leo críticas de fallos, y no me dejo presionar. Hemos dado muestras suficientes, hasta el agotamiento, que los recados no tienen llegada en el Tribunal Constitucional para mantener la independencia.

—Se ha insinuado que en su cambio de votación en la admisión a trámite incidió su conflicto con la presidenta Brahm. ¿Cómo toma esas afirmaciones?

—Si tuviera ese criterio, yo habría votado por rechazar el 30 de diciembre, no habría redactado la sentencia. Que miren los fallos en la página web, en casi todos tengo la misma votación que ella. Esa es una excusa para buscar una explicación, por otras vías, de “la derrota que sufrieron en el Tribunal Constitucional”, como se ha dicho. Busquen en sus propios errores y no anden apuntando equivocadamente. Lo que no quieren entender es que el requerimiento era deficiente en sus fundamentos.

Sobre este tema, recordó que fue el “Presidente Sebastián Piñera, quien cuando decidió nombrar en el tribunal a su asesora María Luisa Brahm —a quien yo no conocía— tuvo la buena iniciativa de pedirme a mí que la orientara y apoyara en la tramitación y fundamentación, dado que ella no tenía experiencia judicial. Yo lo cumplí hasta que ella cerró esa puerta nomás”. Así se terminó la amistad de ambos.

—A raíz de los dichos de la presidenta sobre que los atrasos en causas, especialmente en materia de derechos humanos, estaban al borde de la corrupción, se abrió una investigación judicial. ¿Declaró ante la fiscalía?

—La fiscal no me ha llamado, entiendo que todavía no lo ha estimado necesario. Estoy a la expectativa, tengo estadísticas que explican que los supuestos retrasos nunca existieron. Voy a demostrar que las causas de derechos humanos, durante mi presidencia, avanzaron más rápido que en la anterior, y más rápido que con la actual presidenta.

El magistrado precisa, además, “que la propia presidenta ha acogido requerimientos de inaplicabilidad en estas causas, por secreto de sumario, y ella misma suspendió causas. No tiene que ver con la absolución de los inculpados, de ir a buscar impunidad, sino que con el proceso que se está tramitando. Son cosas procesales”.

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