“La policía no es una policía autónoma. La policía cumple órdenes de entrada y registro con un mandato judicial o con alguna instrucción particular. Toda esa información que usted acaba de señalar es parte de una investigación. Yo no me voy a referir, porque no acostumbro a entregar información a los medios de comunicación cuando están procesos en curso”.

Fue la escueta respuesta del director de la PDI, Héctor Espinosa, al preguntársele en una conferencia de prensa hoy en la mañana por la denuncia presentada ante la fiscalía por la secretaria del Tribunal Constitucional (TC), María Angélica Barriga, en la víspera, por una eventual entrada y registro ilegal de personal de la PDI a las oficinas de los ministros de la magistratura el 15 de febrero de 2020.

Ello, luego que este martes informara de esta situación al Pleno del TC, dado que se  había enterado el 1º de abril, a raíz de la denuncia que, a su vez, hiciera ante ella el administrador del tribunal, Rubén Quezada, en relación con estos hechos.   

Finalizada esa sesión, se decidió abrir un sumario administrativo contra la presidenta del tribunal, María Luisa Brahm, y su jefa de gabinete, Claudia Velez, por sus roles en la realización de esta inspección.  La primera, la habría solicitado y la segunda, coordinado el día en que se práctico por el supuesto personal de la PDI.

Junto con ello, la secretaria realizó una denuncia ante la fiscalía por estimar que los hechos descritos podían tener características de delito y ser ella una funcionaria pública obligada en esos casos. La investigación penal —debido a que el TC queda en el centro de Santiago— queda en manos de la jurisdicción del jefe regional metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz.

Hay dudas sobre si eran efectivamente detectives de la policía civil, porque la diligencia no ha sido reconocida hasta ahora por la máxima autoridad de la PDI y no habría constancia de una entrada y registro en esa fecha, febrero de 2020. 

Segundo Pleno y anuncio de acciones legales

Paralelamente, también por la mañana, se realizó un nuevo Pleno en el tribunal y nuevamente se abordó el tema. En ese contexto, la presidenta habría dicho ante los presentes que desestimaba la denuncia presentada, así como que la desmentía. Que al Pleno le constaría que lo descrito no es efectivo y que veía intenciones de ministros en filtraciones de prensa. Sobre ello, agregó, ejercerá las acciones legales que correspondan.

La presidenta Brahm había sostenido en la víspera que ella informó de la diligencia que se cuestiona el 3 de marzo de 2020, que había registro en el acta de esa sesión de Pleno, en el que se describía la realización de un chequeo por la PDI en materia de seguridad.

Posibles delitos, según ministro Vásquez

Consultado por la denuncia y estos hechos, el ministro José Ignacio Vásquez, explicó que ayer se les había informado del “ingreso al tribunal de la PDI o algún organismo de seguridad, yo no tengo claridad, en momentos en que durante ese mes, la mayoría del personal y los ministros se encuentran fuera por razones de feriado (legal) y además por el día, era un día sábado. Ingresaron y revisaron los despachos privados de los ministros. Ellos no contaron con la autorización previa, los ministros no fueron informados de esta circunstancia previamente, de manera que es un ingreso ilegal o irregular”.

Por eso, dijo, “tendrá que investigarse la comisión de determinados delitos que pudieran haberse cometido, desde luego violación de morada o allanamiento o usurpación de funciones, porque claramente no hay un procedimiento, no hay autorizaciones que ameritaran este ingreso”.

Y, agregó: “Me parece que la situación es bastante grave, por un lado, respecto de quienes ingresaron y, por otro, por parte de quien o quienes permitieron el ingreso, porque es realizado claramente, y es conducido, por la jefa de gabinete, quien además solicita a los guardias del tribunal y al personal de Gendarmería que no dejen constancia de este ingreso, que duró aproximadamente dos horas”.