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Corte Suprema acoge recurso de protección de funcionario de la PDI y advierte que vínculo matrimonial no es única forma de familia

La institución lo sancionó y pasó a retiro porque solicitó —junto con su conviviente— la asignación para policías que se trasladan de ciudad con sus familias.

Jueves, 01 de abril de 2021 a las 17:23
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A. Chaparro
“Asimilar el concepto de familia, exclusivamente, a la existencia de un vínculo matrimonial, descartando otras formas de familia, es ilegal por cuanto restringe la noción de familia”.

Es una de las argumentaciones de la Corte Suprema al acoger el recurso de protección presentado contra la Policía de Investigaciones (PDI) por un funcionario que fue sancionado y luego pasado a retiro, por haber solicitado —junto con su conviviente— la asignación que se paga a los efectivos que se trasladan de ciudad con sus familias.

Los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Ángela Vivanco, Adelita Ravanales y el abogado integrante Pedro Pierry establecieron el actuar arbitrario e ilegal de la PDI al considerar que el funcionario solo podía obtener el beneficio si se trasladaba junto a su antigua cónyuge, de la cual se separó de mutuo acuerdo en 2011.

Para los magistrados “la exigencia de la recurrida, en orden a requerir al funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile, para poder percibir la asignación por traslado, que su familia sea aquella en la que se encuentra su cónyuge” es una “interpretación que no se ajusta a los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y tampoco a la noción vigente de familia existente en el derecho interno”, sostiene el fallo.

No hay definición nacional, pero se avanza hacia concepto amplio


Sobre este punto, los jueces advierten que “la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Opinión Consultiva de 2014, sostuvo que no existe un modelo único de familia, y que su definición no debe restringirse a la pareja y los hijos, sino que también debe considerar otros parientes de la familia extensa, con quienes se tengan lazos cercanos, los que pueden existir entre personas que no sean jurídicamente parientes”.

Así, plantean los supremos si bien, en el ordenamiento jurídico nacional, “la Constitución y la legislación no contemplan una definición o concepto de la familia, si señala que el Estado la debe fortalecer y proteger, siendo las modificaciones legales del derecho de familia de los últimos años y, en especial sus fundamentos, los que dan cuenta de la tendencia del legislador a recoger un concepto amplio de familia o grupo familiar. Así se observa especialmente en la Ley de Acuerdo de Unión Civil, la Ley de Violencia Intrafamiliar y la Ley de Matrimonio Civil”.

Se vulneró la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, según fallo

Concluyen entonces —en su sentencia— que la decisión de la PDI de sancionar al funcionario que recurrió de protección en este caso, así como de “ordenarle la devolución de la asignación percibida por el traslado de su familia, para luego incorporarlo por esa causa en la Lista Anual de Retiro, alejándolo de la institución, es arbitraria y vulnera la garantía constitucional de la igualdad ante la ley del funcionario policial y de su familia, al no permitirle obtener una asignación funcionaria, por el solo hecho de no ajustarse la composición de la familia del actor a la noción de familia que sostiene la recurrida (la PDI)”.

Con estos razonamientos, los ministros resolvieron acoger la acción constitucional y declararon que se deja sin efecto la Resolución N°472-2016/426-2018, de 12 de septiembre de 2018, que puso término al sumario administrativo. También “el Oficio N°331 de 16 de septiembre de 2019, que incide en el Oficio N°85 de igual fecha, de la Secretaría Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes de la Policía de Investigaciones que resolvió sancionar con un día de arresto y clasificar al funcionario Christian de la Jara Medina en Lista 3, regular, respectivamente”.

Asimismo, ordenan los jueces, “se dejan sin efecto todos los actos que de la sanción y de la clasificación se deriven, debiendo la recurrida reincorporar al recurrente a las filas de la institución procediendo al pago de sus remuneraciones por el período en que estuvo apartado de la institución”.

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