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TC: Inaplicable norma que faculta al fiscal a no perseverar

En un caso de fraude procesal y contrato simulado. Siete ministros dicen que se afecta el derecho a la víctima y que el legislador debe “limitar el actuar arbitrario” de la fiscalía.

Miércoles, 04 de noviembre de 2020 a las 9:47
- El Pleno del Tribunal Constitucional ha dictado diez sentencias de este tipo.
Extracto del fallo
“El actuar del órgano persecutor siempre tendrá como límite el reconocimiento de que la víctima es titular del derecho a la acción penal”.
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Cinthya Carvajal A.
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) dictó sentencia de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 248 c) y 259, inciso final, del Código Procesal Penal, los que regulan la facultad del Ministerio Público a no perseverar investigaciones y a que la acusación solo podrá referirse a hechos y personas incluidos en la formalización de la investigación, respectivamente.

El requerimiento presentado por un querellante en la causa del Juzgado de Garantía de Rengo, en la que se persiguen las responsabilidades por fraude procesal y otorgamiento de contrato simulado, fue acogido por siete votos contra tres.

El Ministerio Público no formalizó la investigación y comunicó su decisión de no perseverar en el procedimiento, posibilidad que le es reconocida por el artículo 248, letra c), y fue acogido por siete votos contra tres.

Los ministros de la mayoría son la presidenta del TC, María Luisa Brahm; Iván Aróstica, Juan José Romero, Cristián Letelier, José Ignacio Vásquez, Miguel Ángel Fernández y Rodrigo Pica, quienes estiman que estos artículos “impiden a la víctima el acceso a un procedimiento racional y justo seguido ante un órgano jurisdiccional, vulnerando, fundamentalmente, el derecho a la acción penal consagrado en el artículo 83, inciso segundo, de la Constitución”, que se refiere a que el ofendido del delito y las demás personas que determine la ley podrán ejercer igualmente la acción penal.

Agregan que la Constitución “no le otorga al órgano persecutor la potestad para, sin un control tutelar efectivo por parte de la judicatura, hacer prevalecer, sin más, decisiones de mérito que impliquen perjudicar la pretensión punitiva de la sociedad y de la víctima. En este sentido, el actuar del órgano persecutor e investigador siempre tendrá como límite el reconocimiento de que la víctima es titular del derecho a la acción penal. Lo anterior exige que el legislador contemple las medidas de control judicial, limitando un eventual actuar arbitrario del Ministerio Público”.

Votaron por rechazar el requerimiento los ministros Gonzalo García, Nelson Pozo y María Pía Silva.

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